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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 6 añosLa propuesta de diálogo del Ejecutivo es una iniciativa con mérito que, incluso, debería ser permanente, a fin de revisar periódicamente los problemas que afronta el país, tal como se hace con la Ley Electoral. Lo importante de este diálogo no será la participación ciudadana o política –pues las propuestas sobrarán de lado y lado–, lo que le dará credibilidad será la voluntad de ejecutar las profundas reformas que allí se propondrán. De lo contrario, será pérdida de tiempo, como ya ocurrió en este y los dos pasados gobiernos con las reformas constitucionales. El Estado panameño carece de institucionalidad, ha sido destruida por todos los gobiernos, y con ello hemos perdido la base operativa que hace posible que funcione adecuadamente.

Hoy por hoy

Hace 6 añosLa irresponsabilidad de los órganos Ejecutivo y Legislativo está total y absolutamente fuera de control. Tal parece que los más altos funcionarios del Gobierno viven en otro planeta, donde no hay pandemias ni deudas ni déficit fiscales, pues es obvio que son incapaces percibir la realidad que sufrimos. Aprobar la solicitud de un crédito de más de $20 millones para pagar salarios en la Asamblea Nacional es un acto irracional, en especial cuando todos sabemos cuál es su destino final en manos de los diputados. El Presidente de la República y sus ministros insultan a los ciudadanos que, en medio de todas sus limitaciones provocadas por la pandemia, aún tienen que ver cómo su dinero es arrojado a las alcantarillas de la Asamblea Nacional para alimentar la codicia de unos gandules que no les importa el país. El Gobierno ha sido incapaz de producir ahorros; abusa con saña de la poca capacidad de crédito que nos queda y ahora nos ofende de manera tan descarada. “La Asamblea Nacional debe ser para debatir los problemas nacionales, defender los intereses del país y no una arena para el clientelismo”. La cita es de Laurentino Cortizo en 2015. Hoy no distinguimos al Presidente de esos diputados.

Hoy por hoy

Hace 6 añosResultados preliminares de un estudio promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan lo que se ha venido advirtiendo desde hace meses: que “los protocolos de [medicamentos como] remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferón tienen poco o ningún efecto sobre los pacientes hospitalizados”. Lo sorprendente es que, pese a los resultados de estas pruebas, practicadas con rigor científico, haya médicos y comunicadores promoviendo irresponsablemente el consumo de algunos de estos, pues, incluso, hay advertencias sobre el peligro de usarlos. Las autoridades locales de salud permiten el uso de algunos de estos medicamentos para tratar la Covid-19, cuando no hay pruebas científicas que corroboren su eficacia, con lo cual pierden autoridad profesional y moral. Del mismo modo que nuestra legislación contempla penas de cárcel para el que propague –a sabiendas– una enfermedad, también debería haberlas para los que promuevan el consumo de medicamentos que pueden ser perjudiciales para la salud o cuyo uso es estéril. La charlatanería, potenciada a través de plataformas de comunicación masivas, puede resultar tan peligrosa como la pandemia misma.

Hoy por hoy

Hace 6 añosUna polémica licitación, promovida por el actual director de la Caja de Seguro Social (CSS), fue suspendida en medio de un escándalo que estalló en el primer mes de la pandemia. Tanto el funcionario como el Presidente de la República anunciaron la suspensión del acto público, que luego fue impugnado por el consorcio perdedor. Ahora, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, surgen nuevamente las dudas, ya que estando vigente el proceso de licitación, cabe aún la posibilidad de que esta finalmente se concrete, justo cuando la institución pasa por uno de sus peores momentos financieros. Esta licitación, adjudicada a empresas que tienen cuestionadas historias tanto en Panamá como en México, supone el desembolso de más de $160 millones para almacenar y distribuir medicinas. El consorcio perdedor, cuyo principal socio también tiene sus historias en México, ofertó más de $35 millones por debajo del precio del ganador, por lo que, a todas luces, algo huele mal. Pero la sorpresa ha sido que la alegada suspensión del acto público, prometida por el director de la CSS y el Presidente, no aparece en Panamá Compra, ni una palabra. Es por cosas como estas que es difícil creerle a un funcionario o político.

Hoy por hoy

Hace 6 añosDurante 29 domingos, gran parte de la población estuvo encerrada por orden gubernamental. Con un simple decreto ejecutivo, el No. 507 del 24 de marzo de 2020, que declaró el toque de queda total, el Ejecutivo delegó a las “autoridades sanitarias” la reglamentación de la movilidad. En esencia, un ministro tiene el poder —desde hace 215 días— de decidir, a su discreción, cuándo y de qué manera la ciudadanía puede salir de sus hogares. Los derechos y contrapesos consagrados en la Constitución son letra muerta. La Asamblea no cuestionó la apropiación de poderes por el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia ni se dignó en examinar los amparos de inconstitucionalidad. En un reciente ejercicio, la falta de una fotocopia superó en importancia la consideración de nuestros derechos. Mientras tanto, las razones para mantenernos enclaustrados cada vez quedaban más caricaturescas. Desde hace meses resulta evidente que coartar el esparcimiento al aire libre y limitar el tiempo para que la gente realice sus diligencias, generó estrés y mayores aglomeraciones, y afectó la salud mental de todos, especialmente de los niños. La situación incongruente finalmente comienza a remediarse, pero no así el desbarajuste institucional. Y si la falta de justicia no acaba con este país, lo hará la demagogia, que avanza ante la ausencia de una estrategia económica. El camino pavimentado con esta forma de haber hecho las cosas es peligroso para nuestra débil democracia.

Hoy por hoy

Hace 6 añosLa septuagésima sexta asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió ayer una importante resolución, ya que, a solicitud de La Prensa –afectado por un secuestro de sus bienes promovido por el expresidente Pérez Balladares–, hizo un llamado para otorgar a los periódicos, medios digitales y periodistas independientes, las mismas medidas de protección de bienes que ya reciben las empresas de radio y televisión. En Panamá, la ley protege de secuestros los bienes de la televisión y la radio, no así los activos de los medios impresos y digitales, lo cual crea una clara desventaja. Como lo planteó el presidente de Corprensa a la SIP, se necesita una reforma para que todos los medios de comunicación, sin distinción, gocen de la misma protección, a fin de evitar intimidaciones que se traducen en la autocensura. Ojalá este llamado que hace la SIP al Gobierno panameño no caiga en oídos sordos, ya que el abuso que se comete contra medios de comunicación que cumplen una labor a favor de la sociedad, tiene como único propósito silenciar, avasallar y atemorizar. No olvidemos que la salud de una democracia se mide en la libertad que gozan sus ciudadanos. Y la nuestra, empieza a enfermarse.

Hoy por hoy

Hace 6 añosLa discusión de la Ley de Presupuesto para la vigencia de 2021 comenzó en la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que el presidente de la República ha dado el primer paso para convocar a un gran diálogo sobre asuntos urgentes que requieren de la participación de todos los sectores del país, como lo son la Caja de Seguro Social, la educación y la desigualdad. Dirigentes políticos también pidieron al gobernante incluir la discusión de la Ley de Responsabilidad Fiscal, asunto este que cobra prioridad frente al nivel de endeudamiento del país y un creciente déficit fiscal que, mal manejado, podría llevarnos a endeudarnos más para cumplir con el pago de más deuda y/o gastos de operación. La prudencia se impone ante nuestro peor panorama económico de los últimos 30 años, ocasión que puede convertirse en una oportunidad para que el presidente y los líderes políticos aborden las prioridades nacionales en un diálogo que debe ser serio, transparente, en el que concurran los mejores intereses y con un verdadero compromiso de cumplir lo que en la mesas se decida.

Hoy por hoy

Hace 6 añosLa irresponsabilidad de los políticos panameños no tiene paragón alguno. Con la cantidad de empleados administrativos nombrados en la Caja de Seguro Social (CSS), la institución comete suicidio, pues está visto que la entidad de salud no es tal cosa, sino un botín político que provoca la rebatiña en los gobiernos de turno para nombrar personal que nada hace. Que haya un empleado administrativo por cada miembro del personal de salud es un desgreño administrativo imperdonable, que debería ser objeto de sanciones penales, ya que el dinero que administran no les pertenece, sino a los cotizantes, jubilados y pensionados. ¿Cómo es posible que ahora, cuando la CSS atraviesa una de sus peores crisis, nadie –incluyendo a su verborreico director general y a su inoperante junta directiva– considere reducir esa rechoncha planilla de administrativos que consume el dinero de los asegurados? El director de la CSS está lejos de ser un buen administrador, es errático y francamente es difícil creerle, pues un día dice algo y horas después sale a decir que no fue lo que dijo cuando todos lo oímos decir lo que dijo. Y como si todo esto fuera poco, ahora quieren la inoportuna –y populista– unificación de los servicios de salud. La incompetencia es la que gobierna este país.

Hoy por hoy

Hace 6 añosEn Panamá, las donaciones a los partidos y candidatos políticos en campaña electoral son un negocio, al menos en lo referente a los aportes cuantiosos. Los que pretenden sacar provecho de un nuevo gobierno deben ayudarlo a obtener el poder. Así, sus donaciones son el obligado peaje para tener acceso a la autopista del tráfico de influencias. ¿Cómo se logra recuperar su aporte? Dependiendo del nivel de influencia, un “donante” o “inversionista” puede gestar proyectos de ley a su favor o detener los que le son adversos; acceso a la cartera de inversiones del Estado para lograr obras que se arreglan para favorecerlos; acceso a las altas esferas de poder; nombramientos en el Ministerio Público; la Corte Suprema, incluso en el Ejecutivo y en el Legislativo, en entidades de control fiscal, notarías, consulados y embajadas. Este nivel de influencia es el secreto peor guardado del país, pero nadie hace absolutamente nada. El Tribunal Electoral, en este tema, es invitado de piedra, y el Legislativo busca el oscurantismo. Gracias a nuestra indiferencia, el ejemplo más sombrío de este desdén es Odebrecht: lleva años enlodando la democracia panameña con su dinero sucio. Nos estamos convirtiendo en un país realmente patético.

Hoy por hoy

Hace 6 añosLa pandemia ha dejado muertes, pero también ha puesto a tambalear nuestra economía. Este año terminaremos con una tasa de desempleo del 25%, la peor de las últimas décadas. La recuperación económica igualmente se prevé lenta y, si a eso le sumamos la falta de capacidad técnica del Gobierno para enfrentar el mayor reto que ha tenido administración alguna en los últimos 30 años, el panorama es desesperanzador. Nunca antes hemos tenido tanta necesidad de funcionarios capaces y nunca antes hemos tenido a tanto inútil ganando miles de dólares solo para que los incautos le den like a sus insípidas y estériles fruslerías. Los políticos viven en una burbuja paradisíaca, en la que no hay crisis, mientras el resto sufrimos limitaciones y pérdidas. Y, como si fuera poco, debemos darle sustento a esta gente que no sabe otra cosa que empeorar esta crisis. ¡Es el colmo!

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