Hace 5 añosPanama Port Company pretende renovar de forma automática la concesión de puertos estatales en los extremos norte y sur del Canal de Panamá. Este –al igual que lo fue la concesión minera de Petaquilla, hoy compartida con la mina de cobre de Donoso– ha sido de los peores contratos firmados por el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Han sido verdaderos atracos al Estado y nuevamente el partido del gobierno firmante, el PRD, tiene el poder de mejorar las condiciones de este contrato, pero hay intereses que parecen buscar mantener el escandaloso atraco. Panamá ha obtenido miserias de esta concesión y ahora, con un canal ampliado, el concesionario pretende mantener las ridículas condiciones pactadas por aquel gobierno y luego inexplicablemente mejoradas por Mireya Moscoso. Hay razones suficientes para que el Gobierno le exija a la empresa pagar lo justo por el uso de puertos con claras ventajas sobre otras inversiones privadas o públicas, que hasta ha impedido concretar empleando recursos legales, o que no existían cuando se firmó su contrato. Sería negligente prorrogar el contrato con los términos existentes. Es necesario revisarlos y, sobre todo, obtener el beneficio que se merece el país.
Hace 5 añosLas comunicaciones del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social con pacientes y ciudadanos son ineficientes y confusas en lo referente al manejo que debe haber respecto a las nuevas condiciones que genera la creciente masa de vacunados. Está claro que las condiciones de la pandemia han variado, pero no hay nada que indique, a su vez, un cambio en las políticas del Gobierno para el retorno progresivo a la nueva normalidad, salvo el errático levantamiento de las restricciones de movilidad. Mientras otros países -que están en este mismo proceso- retornan a sus actividades cotidianas, en Panamá sigue habiendo avances y retrocesos, como, por ejemplo, el caso de la inmunización de docentes, algunos de los cuales no planean regresar a clases presenciales por órdenes del propio Minsa, pese a que alteró el orden de vacunación, desfavoreciendo a pacientes con enfermedades crónicas. Ahora, el país cuenta con cientos de miles de vacunas que esperan ser aplicadas, pero el excesivo control que ejercen las autoridades impide acelerar el programa de vacunación. ¿Por qué no involucrar al sector privado, cuando ha habido ofrecimientos en ese sentido? ¿Qué sentido tiene almacenar vacunas cuando hay gente muriendo?
Hace 5 añosUna crisis de bipolaridad parece estar afectando al Mici. Por un lado, convoca a diferentes sectores y gremios a un diálogo para definir el futuro de la minería en el país; por el otro, sorpresivamente incorpora 25 mil hectáreas al régimen de concesiones mineras, en detrimento del Corredor Biológico Mesoamericano. Para remate, anuncia que ha recibido la propuesta de una compañía canadiense para presuntamente invertir $200 millones en la reactivación de la mina de Molejón. De esto nos enteramos después de meses de conversaciones secretas entre el Mici y la empresa elegida, de la que se ignora mucho y se conoce poco, casi nada halagador. ¿Esto es lo más conveniente para el país? ¿Por qué seguimos comprometiendo nuestros recursos naturales, si se supone que hay una mesa para definir, precisamente, la estrategia país? El Mici todavía no ha podido regularizar la situación de la operadora de una concesión declarada ilegal por la Corte Suprema, pero ya está dispuesto a abrir un nuevo frente, sin convocar a un acto público ni definir las reglas. Pareciera que la única apuesta de reactivación económica del país, es la explotación minera, cualquiera que sea.
Hace 5 añosDesde los encarnizados debates de la Ley 51 de 2005, no habíamos aprendido tanto sobre la CSS como durante esta pandemia. Por un lado, fuimos testigos de desprendidos gestos de solidaridad y dedicación del personal sanitario, verdaderos héroes de esta lucha. Sin embargo, no faltaron la irresponsabilidad y hambre de poder de quienes, con todo y la amenaza del virus, ven en la calamidad la oportunidad de hacer nuevos negociados y acaparar más espacios en una institución que, pese a su precariedad y supuesta autonomía, en muchas formas no es otra cosa que otro botín político. Ni la pandemia, ni las cifras preocupantes que comienzan a surgir de la mesa del diálogo, han podido cambiar la tendencia alcista de la planilla de la CSS en los últimos años. Claro, nos referimos al nombramiento de personal administrativo, no a la apremiante necesidad de contratar más médicos y enfermeros. Las manos en el símbolo de la Caja ya sostienen a una tanda de gente que poco o nada tendría que hacer allí. La voracidad de este apetito es digna de un cardumen de pirañas. Atacan sin contemplación y muerden lo que sea. Si esto sigue así, lo único seguro en el Seguro, es que no habrá nada que digerir.
Hace 5 añosEl artículo 114 de la Constitución señala que “es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”. En cualquier otro lugar, esto demandaría la consecución de políticas públicas y proyectos provechosos y amigables con el medio ambiente. Pero lo que vemos es una ausencia total de objetivos, de comunicación y de agendas entre las entidades a las que concierne preservar aquel principio consagrado en la Constitución. Mientras por un lado presuntamente se fiscaliza y sanciona a una mina, por el otro se potencia la práctica de esta actividad a cielo abierto y se reservan más hectáreas para su desarrollo, a costa de las zonas protegidas; si un órgano declara inconstitucional un contrato de explotación, el otro alcanza un entendimiento para que el concesionario, de todos modos, mantenga su operación, con el argumento de proteger los empleos y de la reactivación económica post pandemia. Va siendo hora que nuestros gobernantes honren sus deberes constitucionales y procuren estrategias de desarrollo sostenibles. No debe ser tan difícil.
Hace 5 añosLa Lotería Nacional de Beneficencia ha sido históricamente esquilmada por grupos políticos que sin ningún tipo de pudor abusan descaradamente de una institución creada para apoyar a aquellos panameños con grandes necesidades. Engordan sus bolsillos y los de sus allegados sin rastros de arrepentimiento. Inflan la planilla para pagar favores de todo tipo y, lo que es peor, han convertido la nobleza que en sus inicios caracterizaba a la institución en un foco más de corrupción. Otro hoyo negro en el que se sienten seguros de poder hacer lo que les venga en gana con la tranquilidad de que no les pasará nada. Lo peor de esta tragedia es que el país entero conoce lo que sucede, los perpetradores no lo esconden y sus copartidarios hasta lo denuncian. Es hora de que alguien le ponga un alto y sin cortapisas a la garulilla del Molirena, que con la excusa de ser parte de la alianza del gobierno se sabe intocable. Ese alguien es el jefe del gobierno, el presidente Laurentino Cortizo, quien parece utilizar el principio de la presunción de inocencia a conveniencia. ¡Qué decepción! Muchos le creyeron cuando dijo que no habría intocables.
Hace 5 añosEn 1970, hace tan solo cincuenta años, en Estados Unidos el 80% de los encuestados decía estar en contra del matrimonio interracial. Tan solo el 20% denunciaba aquellas leyes que sancionaban con cárcel la unión civil entre una mujer blanca y un hombre de color. Semejante aberración no era más que el resultado de siglos acumulados de prejuicios, esos que alimenta la ignorancia, el odio, los mitos y la muy conveniente distorsión de algunos principios religiosos. La educación, el activismo y los medios de comunicación vencieron la ignorancia, al tanto que los jueces supieron poner la justicia en su lugar, borrando, poco a poco, las barreras erigidas por los grupos dominantes que en cada época se han empeñado en contra de los derechos de las mujeres, de las minorías raciales, de los minusválidos, de quienes tienen otra orientación sexual, o de quienes simplemente son distintos. La batalla por el reconocimiento de los derechos de las minorías nunca ha sido fácil. El racismo, la misoginia, la homofobia y la xenofobia son manchas de las sociedades porque nos lastran, nos abochornan y nos retrasan, pues impiden el objetivo vital, ese de construir una sociedad más justa, aquella en la que todos saldremos ganando.
Hace 5 añosEl costo de la corrupción es un tema poco abordado, pero que, indudablemente, tiene consecuencias para todos los habitantes de un país. Algunos estudiosos sugieren que los países cuyos gobiernos son menos corruptos, pueden recaudar hasta 4% más del producto interno bruto. Podemos concluir entonces que, en términos generales, la corrupción nos cuesta a los ciudadanos cientos de millones de dólares al año. Y aunque en Panamá todo el mundo ve, percibe y sufre la corrupción, en el Órgano Judicial nadie se entera, pues allí no hay condenas por este delito desde que se inventó la palabra impunidad.
Hace 5 añosLa destitución del director de la Policía Nacional se produce tras la divulgación de un video en el que agentes panameños expresan apoyo a sus colegas de Colombia, en momentos en que una ola de protestas aqueja al vecino país. Ni el uso desproporcionado de la fuerza por los estamentos colombianos, ni las denuncias al respecto por parte de la ONU, la Unión Europea y diversas organizaciones de derechos humanos fueron suficientes para impedir que, en un acto de dudosa iluminación, a una mente privilegiada en la Policía le pareciera oportuno expresar pública y elaboradamente su irrestricto respaldo a los autores de aquellas vejaciones. Tales manifestaciones de simpatía y solidaridad son una bofetada a la Constitución, que expresamente prohíbe a la Policía emitir cualquier tipo de apoyo a causas políticas y mucho menos a situaciones de otro país. Hoy corresponde reconocer que, si la remoción del director se dio a causa de ese video, la actuación presidencial ha sido rápida y oportuna y eso indica que en la misma forma debió haber sido en lo que se refiere a otras instituciones de la administración pública, como el Senniaf, donde, en contraste, se siguen protegiendo cabezas, o la Lotería, donde la única destituida, hasta ahora, es una funcionaria allegada de la parte denunciante.
Hace 5 añosUna vez más, la Asamblea Nacional hace gala de su abierta confrontación con los intereses de las mayorías. Si el resto del país debe esperar con paciencia a que llegue su turno para vacunarse, eso, definitivamente, no es problema de los diputados, porque ellos ni siquiera se sonrojan al pasar por delante de sus electores para inmunizarse. Y, en verdad, esto no es más que el corolario de lo que, hace tres meses, el presidente de la Asamblea le arrojó en la cara a los ciudadanos, cuando justificó que tres familiares suyas fueran inoculadas, porque -según él- cumplían con el “estricto protocolo” establecido, aunque las tres favorecidas no parecían reunir las condiciones impuestas por el Minsa. Toda una burla. Si hasta el presidente de la República y buena parte del Gabinete esperaron pacientemente su turno o reservaron cupo para recibir la vacuna de AstraZeneca, ¿por qué los diputados no? La Constitución señala que las autoridades están, entre otras cosas, instituidas para proteger la vida de todos los nacionales y extranjeros en nuestro territorio. ¿Acaso eso implica también la existencia de un rango excepcional de protección parlamentaria?
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