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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 añosPor primera vez en la historia reciente del Canal, una parte del personal esencial para conducir sus operaciones hizo un paro de labores y, con él, se abrió una puerta que la prudencia había mantenido cerrada. Los panameños, como dueños de esa pieza crítica del comercio mundial, debemos preguntarnos si la disponibilidad de la vía debe ceder ante un reclamo laboral, aun en el evento de que este sea legítimo. El precedente establecido es peligroso y no puede ser aceptado buenamente como una táctica válida de presión contra la administración del Canal. El paro no solo afectó las operaciones de nuestro principal activo, sino que podría poner en duda nuestra capacidad de hacerlo funcionar responsablemente, en congruencia con el sacrificio de los mártires y el esfuerzo de las generaciones que lucharon para recuperar nuestra soberanía y, con ella, el control de esta importante empresa. Muy acertadamente, el Canal fue blindado con un título constitucional que ha servido para protegerlo de los vaivenes políticos y de los intentos de apropiación de sus beneficios por parte de distintos grupos de intereses. El Canal no solo debe constituir un ejemplo de ingeniería; debe ejercer el mismo rol ejemplar en su desempeño institucional, demostrando al mundo que sus actores son capaces de resolver sus diferencias por la vía del diálogo, asertivamente, pero procurando el tránsito seguro e ininterrumpido por la vía.

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Hace 8 añosLa Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta un panorama crítico en todos los aspectos de su funcionamiento. La institución confronta serias carencias en sus servicios médicos, y su gigantesca planilla es ineficiente. Como si fuera poco, se ha descubierto que desde el año 2012 una camarilla de patronos corruptos venía manipulando elSistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), columna vertebral del proceso de cobros y pagos de la CSS. Estas trampas y triquiñuelas se realizaron junto a un número desconocido de funcionarios de la institución, lo que da como resultado que, al menos, 300 millones de dólares en cuotas obreropatronales no fueran pagadas. Este es otro robo más que tiene como víctima a la CSS, y que perjudica a su programa más golpeado:el de Invalidez, Vejez y Muerte. La CSS tiene más de medio centenar de gremios profesionales y técnicos, y llama la atención que ninguno se hayan dado cuenta de este descomunal fraude. Esa cultura de complicidad burocrática ha sido bien aprovechada por los sectores más corruptos de la empresa privada, arriesgando el futuro del ya precario patrimonio de los asegurados.

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Hace 8 añosEl descongelamiento de los polos y de otras regiones del planeta aumenta el nivel de los océanos. Panamá ya está siendo afectada por este fenómeno en sus casi 3 mil kilómetros de costas.

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Hace 8 añosEl Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial quitó la última cortapisa que detenía la investigación del caso Odebrecht. Finalmente, el Ministerio Público tiene el camino libre para concluir las pesquisas de este histórico caso de corrupción. Ya no hay excusas ni pretextos procesales, las fiscalías anticorrupción tienen el deber de investigar completamente todos los aspectos vinculados con las operaciones de la constructora brasileña en Panamá, desde el gobierno de Martín Torrijos hasta el de Juan Carlos Varela. El país necesita claridad sobre las donaciones que recibió el Partido Panameñista, al igual que se requiere deslindar lo relativo a las cintas costeras, las líneas del Metro y los múltiples contratos que se beneficiaron de generosas adendas. La Ley 121 de 2013, que decide sobre los casos de delincuencia organizada, es la norma objetiva que rige este proceso. La Procuraduría General de la Nación haría muy bien en concentrar sus esfuerzos para conseguir el enjuiciamiento de todos los acusados, sin importar banderías ni vínculos políticos. Es el momento para que los fiscales demuestren que son aliados de la justicia.

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Hace 8 añosCuando los empresarios asumen cargos públicos, sobre todo si estos son de elección popular, existe el riesgo del conflicto de interés. Este parece ser el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde antes de asumirla máxima magistratura de su país mezcló asuntos de negocios con los temas de Estado. Todo indica que esa práctica continúa, y así la controversia legal entre dos empresas estadounidenses por el control de un hotel ubicado en Panamá puede convertirse en un tema de política de Estado. Panamá y Estados Unidos tienen las mejores relaciones diplomáticas, políticas, económicas y culturales, por lo que lo razonable sería esperar a que los tribunales panameños actúen en conformidad con la ley. El Gobierno de Panamá no tiene arte ni parte en ese caso. Pretender que la influencia o las amenazas veladas hacia nuestro país son la vía para obtener un resultado judicial favorable es un irrespeto al Estado de derecho, y un desconocimiento de los principios y valores representados históricamente por el pueblo y el Gobierno de Estados Unidos. La diplomacia panameña debe ser firme en defender lo justo y lo legal, porque los conflictos de intereses siempre son malos consejeros.

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Hace 8 añosLos investigados por delitos de corrupción de alto perfil han demostrado una siniestra verdad: existe un tratamiento diferenciado por parte del sistema judicial que les favorece. Decenas de sospechosos se han escapado de la acción del Ministerio Público, simplemente tomando un avión, muchas veces particular, sustrayéndose así de las investigaciones, hasta que sus hábiles abogados consiguen entrampar el proceso gracias a jueces complacientes. Las normas, y lo que es peor, la interpretación de que hacen los jueces y magistrados de estas, son en extremo flexibles para beneficiar a estos saqueadores de cientos de millones de dólares de todos los panameños. Estas actuaciones no son consideradas en ningún país del mundo como un ejercicio legítimo del debido proceso o del derecho de defensa. En el cuarto año de procesos judiciales contra los presuntos responsables de actos de corrupción de alto perfil, las audiencias se suspenden, los jueces paralizan las investigaciones y los magistrados de la Corte Suprema se sientan sobre los expedientes. Está claro que el Órgano Judicial y el gremio de abogados tienen mucho por lo que deben responder a la sociedad por la impunidad reinante en el país.

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Hace 8 añosMás de medio millón de jóvenes entre 18 y 25 años de edad tendrá derecho a votar el 5 de mayo de 2019. Esta masa de votantes constituye la quinta parte del electorado, lo que debería convertir al voto joven en decisivo y determinante para la elección de las nuevas autoridades. Para la mayoría de estos electores será su primera vez en las urnas. Podrán ejercer como ciudadanos, libremente y sin presiones. Pero no se sabe qué porción llegarán a representar del total de votantes reales, ya que en los dos últimos comicios el abstencionismo de los electores jóvenes fue de 30% a 35%. Consciente de esta realidad, el Tribunal Electoral firmó en marzo pasado un convenio con la Asociación Panameña de Debate (Aspade), un grupo de jóvenes cuyo objetivo principal es formar ciudadanos críticos, capaces de escuchar, razonar, compartir sus ideas y transformar su entorno a través del diálogo. Algunos jóvenes empiezan a entender el enredo en el que se han metido; en la responsabilidad que conlleva el voto; a que no se puede acudir a la urna y desentenderse del asunto hasta el próximo quinquenio. Ojalá que iniciativas como la de Aspade logren calar en el electorado joven y que ello los lleve a ser actores, no espectadores, dispuestos a elegir a quien se cree que es el mejor para el cargo, y no al candidato que es percibido como el menos malo. De esos ya hemos tenido suficiente.

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Hace 8 añosLa tensa situación de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela no ha sido el resultado de un capricho o de una medida improvisada. Es el producto de un proceso de acumulación de irregularidades y abusos de parte de los altos jerarcas del Gobierno venezolano, frente a los cuales la comunidad internacional ha tenido que reaccionar. Suiza fue el primer país que estableció restricciones financieras a la camarilla chavista y al círculo cero del régimen de Nicolás Maduro. Esas acciones regulatorias sobre el sistema financiero fueron debidamente sustentadas y compartidas con otros centros financieros, como el panameño. El Gobierno Nacional actuó dentro de sus potestades constitucionales y de la normativa legal vigente.

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Hace 8 añosEl proyecto de ley 514, cuya intención original era la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, devino en un ejercicio de confrontaciones legislativas que no han concluido con su aprobación. Por un lado, organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Alianza Ciudadana Pro Justicia se oponen a que las empresas que suscriban acuerdos de colaboración eficaz sean excluidas de nuevas contrataciones públicas. Por el otro, entidades como el Colegio Nacional de Abogados lo avalan. Además, la forma súbita, sorpresiva e inconsulta en que se introdujo esta prohibición sugiere una agenda particular de los diputados. Aquí existe una clara divergencia de opiniones sobre la moralidad de permitirle contratar a empresas corruptas, frente a la necesidad práctica de combatir la corrupción con la información que dichas empresas manejan, y que la colaboración eficaz facilita. Este dilema no tiene respuestas fáciles, porque el naciente esfuerzo de desmantelar las redes de corrupción puede terminar sin esta herramienta. Esa es la decisión que se le presenta al presidente de la República, y que definirá su legado.

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