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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 añosLa Caja de Seguro Social (CSS) es la institución de mayor presupuesto del Estado panameño. Sus fondos provienen de los aportes que los trabajadores, las empresas y los contribuyentes, a través del gobierno central, aportan para el funcionamiento de la entidad. Por eso duele que el marasmo de corrupción y burocracia que domina los procesos internos de la CSS haya permitido la afiliación irregular de personas que no deben pertenecer a la condición de asegurado. Se hacían pasar como empleadas domésticas, lavadores de autos y otros oficios honestos, muy posiblemente con fines oscuros y peligrosos. Las máximas autoridades de la CSS, incluyendo a su junta directiva y a su director general, deben realizar las investigaciones, auditorías y denuncias correspondientes para salvar a la institución del anonimato de aquellas redes de corrupción que han capturado algunas de las funciones clave de la CSS. Aunque el periodismo investigativo contribuye a documentar actos de corrupción, solo la vigilancia permanente y el buen cuidado de los recursos de la CSS por parte de su propio personal puede garantizar que esta valiosa entidad no se hunda en el pantano de la opacidad y los negociados. El silencio siempre es cómplice.

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Hace 8 añosLa coyuntura que vive el país actualmente es muy preocupante. Por un lado, los diputados, los primeros llamados a cumplir la ley -porque son quienes las hacen y aprueban- la desobedecen sin atisbo de remordimiento. Por desagradable que puedan ser algunas decisiones de la Corte Suprema, es incuestionable su cumplimiento. No nos queda más que criticar y objetar su legitimidad, pero convertir sus mandatos en letra muerta es articular en contra del Estado de derecho. Y los diputados lo saben mejor que nadie, pero sus insatisfechos apetitos políticos promueven la inestabilidad. Esa misma que ayer todos vimos horrorizados en Colón. ¿Qué ejemplo recibe nuestra juventud de esos que actúan con desapego a la ley? Cientos de personas se lanzaron a asaltar negocios, a vandalizar bienes del Estado, a irrespetar la autoridad, a rebelarse contra la ley. Ese es el ejemplo que también transmiten nuestros políticos. Si en Panamá hubiese respeto por la institucionalidad, seguramente la violencia común de los últimos dos días no hubiese sido tan grave. Pero no hay modelo a seguir, solo el que nos ofrece nuestra nada edificante clase política.

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Hace 8 añosEl Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial le ha vuelto a conceder un fallo a Nicolás Corcione, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, que impide su detención. La decisión provino del mismo magistrado que un tiempo atrás resolvió, con la connivencia de una colega, que el afortunado directivo canalero había sido objeto de un imaginario doble juzgamiento, lo que dio al traste con el enjuiciamiento de los presuntos cómplices del exmagistrado Alejandro Moncada Luna. El Segundo Tribunal Superior se ha comportado con mucha eficiencia y rapidez para atender estos dos casos, mientras que importantes decisiones, que tienen detenido al Ministerio Público en los expedientes de alto perfil, siguen acumulando polvo en losdespachos de estos magistrados. Como van las cosas, el Segundo Tribunal ha escogido facilitar la impunidad demorando trámites y decisiones, para facilitar que la prescripción y la inminencia del proceso electoral decidan la suerte de algunos de los peores crímenes que ha conocido este país. La deuda pendiente de la justicia panameña no será saldada hasta que los tribunales y jueces dejen de ser la causa de la maldita impunidad.

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Hace 8 añosLas donaciones en especie son el agujero negro de las campañas electorales en Panamá. De esta forma, aquellos que buscaban evadir la supervisión del Tribunal Electoral (TE) y la transparencia frente a los votantes, tuvieron el perfecto aliado para la opacidad y la corrupción. Basta recordar que el dinero de Odebrecht llegó al Partido Panameñista por intermedio de terceros, precisamente como donaciones en especie, evitando así, para su conveniencia y la de sus beneficiarios, declarar esta contribución. El TE está elaborando un proyecto para incluirlos dentro de los topes de campaña. Esta es la mejor manera de prevenir que empresas corruptas, grupos criminales u otros intereses se escondan detrás de este renglón. Es un paso importante para evitar que los procesos electorales vuelvan a ser secuestrados por este tipo de financiamiento.

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Hace 8 añosEl Gobierno Nacional dio a conocer un listado de 20 países que han aplicado distintas medidas discriminatorias contra los intereses económicos de Panamá. Este es el primer paso en el proceso de retorsión, por medio del cual nuestro país puede, según las normas del derecho internacional y la Ley 48 de 2016, aplicar todo tipo de sanciones económicas y comerciales, que envíen un claro mensaje a la comunidad internacional de que Panamá busca un trato justo y equitativo. Por muchos años el país ha permitido que otras naciones y organismos regionales y multilaterales apliquen presiones sobre nuestro Estado. En hora buena, empezamos a ejercer nuestros derechos en la arena internacional.

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Hace 8 añosEl tema de la contaminación por municiones no detonadas es el legado de la actividad militar de Estados Unidos y sus aliados en nuestro territorio. Esta es la obligación jurídica que no terminó el 31 de diciembre de 1999, y que gradualmente la diplomacia firme de sucesivos gobiernos ha conseguido atender. Mientras que la isla San José recibió una limpieza intensiva de las armas químicas ensayadas en su territorio, en la isla Iguana se siguen encontrando bombas de la Segunda Guerra Mundial. Son distintas áreas dentro y fuera de la antigua Zona del Canal de Panamá las que siguen representando un riesgo a la vida humana y a la ecología. El acuerdo, suscrito con la Organización de los Estados Americanos en el día de ayer, se enfoca en sanear 7 mil hectáreas de Río Hato en la provincia de Coclé. Ese es un buen comienzo que todos los panameños debemos apoyar.

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Hace 8 años

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Hace 8 añosEntre 2018 y 2024 serán necesarios 11 mil 148 millones de dólares para enfrentar la creciente deuda pública del Estado panameño. Y aunque para progresar haga falta contraer algo de deuda, lo cierto es que se trata de una cifra exorbitante para un país pequeño como este. Pero más que el monto, lo que nos debe preocupar es la ineptitud de nuestros políticos a la hora de hacer uso del dinero. Lo derrochan a manos llenas, saquean el erario en nuestras narices con supuestas “obras sociales”, contratos sobrevalorados y coimas. Vemos con cara de espanto las noticias, y creemos que con ventilar nuestras frustraciones en redes sociales es suficiente mientras algunos prefieren mirar para otro lado. Más pronto que tarde pagaremos el precio de nuestra indiferencia.

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Hace 8 añosEl Ministerio Público (MP) presentó su respuesta institucional para asumir la responsabilidad por la investigación penal derivada de las 187 auditorías, que efectuó la Contraloría General de la República, pertinentes al uso de juntas comunales, como mecanismo de distribución de fondos públicos gestionados por los diputados en el gobierno pasado. El MP asignará 22 fiscales a esta tarea que depende, en primera instancia, de que el juez Enrique Paniza acepte declarar esta investigación como compleja. A su vez, en las próximas semanas y meses, la Corte Suprema de Justicia deberá prepararse para asumir la tarea investigativa de aquellos diputados reelectos que pudieran ser sospechosos de malos manejos. Suena muy fácil decir todo lo anterior, pero las instituciones de justicia enfrentan el mayor desafío de su historia. Esto no puede menospreciarse, como tampoco puede ignorarse que, en menos de dos meses, iniciamos el periodo electoral. Hacemos votos de esperanza para que fiscales, jueces y magistrados actúen con diligencia e integridad. El país necesita justicia y que se erradique la impunidad de la clase política.

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Hace 8 añosMucho se ha dicho sobre el fuero penal electoral y cómo se ha abusado de él, hasta convertirlo en una especie de perenne burbuja de inmunidad. A la sazón, varios de los más conspicuos investigados por delitos contra la administración pública participaron en las elecciones que CD celebró en enero y, cuando parecía que su blindaje llegaba a su fin, ese partido vuelve a convocar a unos comicios internos. Sus razones tendrán para pasar tanto tiempo en ello, pero resulta insólito que algunos de estos aforados candidatos ni siquiera participan activamente en la elección, dado que no están en el país o son de paradero desconocido. ¿Cuándo será el día en que con reformas electorales quiten la atadura al Tribunal Electoral y le permitan de inmediato dejar sin efecto todo aquello que impida al Ministerio Público imponer las medidas cautelares que correspondan? Las autoridades electorales deberían proceder de forma expedita. No hacerlo puede marcar con un estigma el buen nombre de nuestra principal institución en materia electoral. Eso, en un país sediento de justicia, no debe suceder.

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