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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 8 añosDos de nuestras noticias de esta portada tienen relación con promesas incumplidas por parte del actual presidente Juan Carlos Varela. Por una parte, la renuencia de su administración a incorporar a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia en la selección de magistrados, incumpliendo uno de sus compromisos de campaña. Mientras que Transparencia Internacional hace una evaluación sobre la percepción acerca de la corrupción en nuestro país, y se destacan otras tareas pendientes del Gobierno: la reforma de la Ley de Contrataciones Públicas, una ley de conflicto de intereses y otra de protección a los delatores. La lucha contra la corrupción fue también una promesa de campaña. Los políticos deben entender que cuando presentan su plan de gobierno y ofrecen sus promesas de campaña, están haciendo un contrato moral con los ciudadanos del país al que aspiran dirigir. El rompimiento de esas promesas produce cinismo, desasosiego y ofende a la sociedad. El país necesita de hombres y mujeres íntegros que honren y cumplan su palabra.

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Hace 8 añosPanamá cuenta con 121 áreas protegidas, desde islas, costas, humedales, valles, sabanas, bosques y cordilleras, que cubren aproximadamente el 40% del territorio. Solo 23 tienen un plan de manejo que permite orientar el uso de sus recursos y determina la clase e intensidad de las actividades que se pueden realizar dentro de cada área protegida. En un esfuerzo complejo, el Ministerio de Ambiente espera dotar de un plan de manejo a todas y cada una de las áreas protegidas. Este ambicioso plan debe tomar en cuenta la participación ciudadana y la capacidad de carga que tiene cada área protegida. En nombre de la conservación ambiental no se puede cerrar el 40% del país a las actividades económicas, pero tampoco se puede convertir en la última gran frontera para que ganaderos, madereros, cazadores y contrabandistas hagan de nuestra ecología su bazar. El futuro de Panamá depende del presente de sus áreas protegidas.

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Hace 8 añosEl pleno de la Corte Suprema de Justicia está a punto de validar el viejo aforismo que enuncia que la historia se repite dos veces: “primero como tragedia, y luego como farsa”. La magistrada Ángela Russo es la ponente de la apelación del amparo de garantías constitucionales interpuesto por uno de los investigados en el caso Odebrecht, para que se anule la posibilidad de que la investigación sea prorrogada. Esta pesquisa está detenida desde el 25 de octubre del año pasado, y en primera instancia se le dio toda la razón al Ministerio Público. Aun así, se apeló, a pesar de que la Ley 121 de 2013 concede hasta cuatro años para realizar una investigación de un caso complejo, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ordena la mayor potestad investigativa del Estado. El año pasado, con un infame amparo, se descarriló el caso Finmeccanica. Ahora, la autora de esa decisión vuelve a tener en sus manos la posibilidad de darle un impulso a la justicia o un espaldarazo a la impunidad. Esa decisión será juzgada por la historia.

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Hace 8 añosEn 2006, los panameños aprobamos mayoritariamente la ampliación del Canal, con el fin de que este fuera más competitivo y potenciara el desarrollo logístico del país. El puerto de Corozal es una iniciativa derivada de la ampliación, que se ha visto detenida por múltiples acciones legales. Nuestro atraso es bonanza ajena, que otros parecen haber sabido aprovechar. El mensaje que este atraso envía a la industria marítima es contradictorio con el desarrollo logístico que promueve el país. El Gobierno Nacional debe liderar esta iniciativa, terminando con el monopolio portuario del Pacífico y atendiendo las preocupaciones de los vecinos del área. Mantener el puerto de Corozal estancado es producir el naufragio de nuestro destino como hub logístico.

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Hace 8 añosEl patrimonio histórico de Panamá se enfrenta a una pluralidad de desafíos que limitan el acceso y el conocimiento de la población a su historia y su cultura. Aunque en fechas recientes el enfoque de conservación y restauración se ha concentrado en las iglesias del Casco Antiguo, existen valiosos conjuntos monumentales y edificaciones que merecen igual atención. Sitios como el Fuerte San Lorenzo, Barriles y El Caño merecen de una urgente acción por parte del Estado. El Instituto Nacional de Cultura es de las últimas prioridades gubernamentales, por lo que la consiguiente investigación y mantenimiento de nuestra historia han sido postergadas de forma imperdonable. El resto de nuestro acervo cultural e histórico no es ni la sombra del estado en que se encuentra la conservación de las iglesias del Casco Antiguo, ¿Cuál debe ser entonces la prioridad?

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Hace 8 añosNuevamente el cambio tecnológico y los modelos innovadores de negocios enfrentan a los reguladores estatales con la realidad de una economía dinámica. La Autoridad de Turismo de Panamá tiene el desafío de establecer el marco normativo para que funcionen las plataformas digitales de hospedaje para turistas en nuestro país. Al igual que con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la entidad de turismo está vinculada al sector que tradicionalmente dominó el mercado. Lo que está en juego no es solo determinar las reglas para que nuevos actores hagan más competitivo nuestro turismo, sino que también se puede eliminar otra barrera al emprendimiento y a la creatividad. No seamos esclavos del pasado.

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Hace 8 añosLa dictadura de Nicolás Maduro ha llevado a que Venezuela sea un Estado fallido. Sus oprimidos ciudadanos no tienen medicinas ni alimentos, falta el empleo y abunda la inseguridad. Este panorama dantesco ha causado una crisis migratoria en la frontera de Venezuela con sus vecinos, que se intensifica cada día más, y no podemos descartar que sus ramificaciones crucen a nuestras fronteras. Panamá debe prepararse para enfrentar esta amenaza, pero a la vez tiene la responsabilidad de colaborar con los esfuerzos internacionales de exigirle al Gobierno venezolano que restaure la democracia y libere a su pueblo del yugo, del hambre y la escasez. Más temprano que tarde los pecaditos de la diplomacia de la conveniencia con Caracas nos pasarán una factura humana, económica y social cuyos costos superarán con creces los exiguos beneficios que conllevan las buenas relaciones con Maduro. Los intereses nacionales se fortalecen cuando se promueve la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestra región.

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Hace 8 añosDesde 1994, el Pacto Ético Electoral ha sido un acuerdo voluntario suscrito entre los actores políticos y los medios de comunicación, para procurar campañas electorales limpias y con argumentos. Esta plataforma es promovida por el Tribunal Electoral para fortalecer nuestra democracia y, salvo en el año 2009, ha sido parte de nuestras elecciones recientes con buenos resultados. Ahora, este esfuerzo será acompañado por el Pacto Ético Digital, que busca que los influenciadores eviten la desinformación, la crítica malsana, y guíen digitalmente a la población para mantener debates de altura y con tolerancia. Son muy evidentes los ejemplos de lo que ha pasado en nuestro vecindario latinoamericano, cuando las campañas electorales están cargadas de odio y manipulaciones. Panamá no se puede dar el lujo de perder nuestro grado de convivencia social. La mejor elección es siempre la ética.

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Hace 8 añosMás de un siglo atrás, el médico estadounidense William C. Gorgas aplicó los descubrimientos del científico cubano Carlos Finlay en el área del Canal y en las ciudades de Panamá y Colón, erradicando la fiebre amarilla y controlando otras plagas transmitidas por los mosquitos. En la actualidad, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) continúa con la investigación científica y el esfuerzo para derrotar al mosquito Aedes aegypti, portador del zika, dengue, chikungunya y de la fiebre amarilla. El trabajo del Icges es pionero a nivel internacional, y por mucho menos de lo que cuesta un Carnaval se puede perfeccionar un método que, utilizando bacterias especializadas, neutralizaría al Aedes aegypti. Los gobiernos deben entender que dotar esta institución de los fondos necesarios es la mejor forma de cuidar la salud de los panameños.

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Hace 8 añosLos sobrevivientes de la intoxicación masiva con el dietilenglicol y los familiares de los fallecidos por este envenenamiento siguen enfrentando barreras burocráticas que parecen infranqueables. Tras este cúmulo de injusticia, el procurador de la Administración les hizo saber formalmente al ministro de Salud, al director general de la Caja de Seguro Social, y al ministro de Economía y Finanzas, que el incumplimiento del Estado a estos panameños debía ser corregido. En semanas recientes la justicia penal ha mostrado su flaqueza y debilidad frente a los acusados por el envenenamiento masivo. Es, sin embargo, en materia de los servicios de salud, las terapias, exámenes periódicos e indemnizaciones, que las agencias gubernamentales se han pasado la responsabilidad de cumplir con sus tareas. He aquí la más importante lección de la irresponsabilidad en el manejo de los servicios públicos: las consecuencias las pagan personas inocentes. No hay derecho para tanta indiferencia. ¡Basta ya!

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