TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 9 añosComo balance del trabajo de la Asamblea Nacional, se aprobaron 45 proyectos de ley que están a la espera de la sanción del presidente de la República. De estos, 17 proyectos ya superan los 30 días que establece la Constitución para que el jefe del Poder Ejecutivo los rubrique. Una práctica que se ha vuelto común en esta administración, es remitir los proyectos a las respectivas instituciones para que estas los estudien, y de encontrarlos adecuados, se los remitan de vuelta al mandatario. ¿Acaso estas entidades no participan de las consultas ni están atentas a lo que se aprueba en la Asamblea Nacional? Este procedimiento no está estipulado en la Constitución, y el retraso en firmarlas tiene un alto impacto. Por ejemplo, el sector agropecuario está a la espera de tres de estas leyes para comenzar importantes iniciativas para su modernización. Las democracias pierden muchísimo cuando se usan subterfugios para postergar la entrada en vigencia de las leyes.
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Hace 9 añosEl Latinobarómetro es un estudio científico de la percepción y actitudes de los latinoamericanos frente a la democracia, los Estados y las instituciones. Desde 1995 este instrumento ha servido para la ponderación de los valores y realidades de la política latinoamericana, encuestando en la actualidad a todos los países latinoamericanos, menos Cuba. En su versión más reciente, los resultados confirman la tendencia de la baja credibilidad que tienen los partidos políticos en nuestra región, alcanzando apenas un 10% en Panamá. Por otra parte, la administración de justicia latinoamericana es fuertemente cuestionada y es vista con sumo escepticismo, siendo en nuestro país un 22% de los encuestados los que confían en esta institución. Los resultados están claros: no son las obras de gobierno, ni la cortadera de cintas lo que le va a devolver la legitimidad a los gobiernos. Por el contrario, los ciudadanos aspiran a servicios públicos eficientes y efectivos, impuestos razonables que sean bien administrados y autoridades transparentes que rindan cuentas. Latinoamérica aspira a lo mismo: un Estado de derecho que funcione.
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Hace 9 añosLos manglares de la bahía de Panamá son barreras protectoras contra inundaciones y oleajes, a la vez que sirven de sustento a la rica biodiversidad tropical. La experiencia ha dejado claro que cada vez que se quiere construir un rascacielos o una nueva urbanización donde antes existían manglares, y en consecuencia se destruyen estos ecosistemas, se pierde calidad de vida y se pone en riesgo la funcionalidad del aeropuerto de Tocumen. A nadie se le ocurriría rellenar el lago Gatún y secar el Canal para construir un condominio o una mansión. Eso es lo mismo que ha venido sufriendo la zona costera de la bahía de Panamá. La riqueza que nos dan los manglares es invaluable y única en el mundo. Ya es hora de que las autoridades se pongan del lado de los ciudadanos, del ambiente y del futuro de Panamá, y hagan cumplir la ley para garantizar la vida de estos bosques de agua salada. Nuestro presente y el porvenir de la ciudadcapital dependen de que salvemos los maravillosos manglares que engalanan el horizonte. Los panameños sabemos perfectamente las graves consecuencias que podemos enfrentar si dejamos que se siga con la destrucción de los manglares.
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Hace 9 añosCuando las investigaciones contra la corrupción presidencial peligraban en Guatemala, la sociedad civil lideró a miles de ciudadanos en las calles para derrotar la impunidad en su país. Esta lucha es responsabilidad de los ciudadanos de cada nación. La falta de transparencia, el clientelismo, el tráfico de influencias, las extorsiones y los sobornos existen y prosperan en el Gobierno y en el sector privado, por el silencio cómplice de los ciudadanos. El viernes pasado, decenas de personas dieron el ejemplo desde las escalinatas del Palacio Gil Ponce. Ayer, en calle 50, cientos de ciudadanos se sumaron al llamado. En el mes de la patria, no podemos abandonar esta lucha por limpiar a nuestro país. Todos tenemos que hacer que nuestras voces de repudio a la ignominia se hagan sentir. Salvar a Panamá es nuestra responsabilidad y destino.
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Hace 9 añosEl presidente de una asociación de vecinos es demandado civilmente porque su organización se opone a un negocio que cambió el uso de suelo de su comunidad. Una joven activista, cuya familia ha vivido por generaciones en las riberas de un río, es demandada por una empresa hidroeléctrica que quiere callar su resistencia. Una asociación vecinal de Coco del Mar y Viña del Mar se enfrenta a una demanda de 5 millones de dólares por oponerse infructuosamente a un edificio construido en sus cercanías. Estas son algunas de las realidades que viven los ciudadanos de este país, en total indefensión frente a actores poderosos que aspiran a obtener el mejor provecho para sus intereses. El bien común ya no existe, ya que las playas, las servidumbres, las normas de urbanismo y la consulta ciudadana son meros estorbos para el ejercicio irresponsable del poder. ¿Dónde está el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial o el Ministerio de Ambiente? Firmando papeles, “ponchando” y sellando documentos favorables a sus benefactores. Panamá está llena de impunidad y la más grande es la que destruye la vida en comunidad.
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Hace 9 añosEl Órgano Judicial se queja de que, por falta de presupuesto, han quedado en rezago importantes leyes que requieren de atención inmediata. Si bien es cierto que el Ejecutivo debe garantizar los presupuestos para el normal desenvolvimiento de las actividades judiciales, no escapa a nuestra atención el hecho de que la impunidad reina en el país, cual poderoso e imbatible imperio. Al mismo tiempo, no nos viene a la memoria una sola queja por falta de dinero para viajar y disfrutar de las mieles del poder cuando se es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Siempre hay dinero para hacer turismo judicial o para pagar capacitaciones de las que no vemos fruto alguno, a no ser que estemos equivocados sobre el fin de esos seminarios en el exterior, que, por cierto, no se justifican para magistrados que, en vez de estar aprendiendo, deberían estar dando cátedra. Si fuera justicia lo que viéramos en sus fallos, todo el país estaría clamando por mayor presupuesto para el Judicial. El problema es que entregarle dinero al Órgano Judicial sin esperanza de que la impunidad deje de brillar en Panamá, equivale a cultivar rosas en el desierto. Y no estamos para malgastar nuestros impuestos.
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Hace 9 añosLas principales causas de muerte en Panamá son los tumores malignos y las enfermedades cardiovasculares. Pero estas cifras disfrazan una realidad terrible de discriminación y marginación, de cómo se vive en las comarcas indígenas. Así, tenemos que en la comarca Ngäbe Buglé, la principal causa de muerte es la diarrea y luego el virus de inmunodeficiencia humana. Este perfil confirma un cuadro dantesco de desnutrición, falta de acceso al agua potable y de una ausencia de cobertura de los servicios de salud. A su vez, en la comarca Guna la tuberculosis, la neumonía y las diarreas son las tres principales causas de muerte. Todas, afecciones prevenibles. Un país que aspira a ser competitivo debe tener su población en el mejor estado de salud posible. El rezago en esta materia nos cuesta vidas y es otra manifestación del costo invisible de la corrupción, mal que no permite ofrecer una mejor salud. Esa es una tarea pendiente para el Estado y que los ciudadanos debemos exigir que se cumpla a cabalidad. Salud igual para todos.
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Hace 9 añosLos promotores del tabaquismo reinventan sus estrategias y generan nuevos productos, como el cigarrillo electrónico, o utilizan cajetillas más llamativas para atraer a los jóvenes. Por estos temas y otros vacíos pendientes en la legislación sanitaria panameña, el Ministerio de Salud y la Coalición Panameña Contra el Tabaquismo han impulsado el proyecto de ley 136, para cerrarle la puerta a los mecanismos de una actividad que causa 18 patologías distintas, contamina el ambiente y envenena la convivencia vecinal. Con la nueva legislación los usuarios de estos productos pagarán por los daños que causa su consumo, y a la vez se prevendrá que en el futuro más panameños se conviertan en fumadores y adictos al tabaco y sus derivados. Panamá ha sido uno de los países más exitosos en la erradicación del tabaquismo (con una prevalencia del 6.4%), pero tras casi una década desde la última legislación sobre esta materia, se hace imperioso actualizarla. Hay que salvar más vidas lo más pronto posible.
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Hace 9 añosCuando en 1919 el presidente Belisario Porras nacionalizó la Lotería, la finalidad de esa iniciativa era financiar la educación, la salud y la asistencia social en nuestro país. De allí que la entidad se denomina Lotería Nacional de Beneficencia. Al menos, dos veces a la semana, de forma gratuita por radio, televisión y redes sociales, se difunden los sorteos y actividades de esta institución, que también cuenta con una prestigiosa revista. Por esto sorprende que la Lotería quiera gastar 5.8 millones de dólares en una campaña publicitaria para celebrar su centenario, justo cuando el torneo electoral de 2019 está en marcha. Esta agencia estatal no necesita de tan costosa publicidad y, además, esos fondos podrían utilizarse para equipar hospitales o arreglar escuelas postergadas. Semejante inversión propagandística, en las vísperas de las elecciones de mayo de 2019, parece más una estratagema electoral que un mensaje institucional. La letra y el espíritu de las normas electorales, y el sentido común, desaconsejan una campaña publicitaria que siempre despertará sospechas de ser más un chance casado que una oportuna celebración.
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