Hace 10 añosPanamá, finalmente, reconoció ayer y pidió perdón por la desaparición forzada de la estudiante Rita Irene Wald Jaramillo, hecho ocurrido durante la dictadura militar (1968- 1989). Cuarenta años han transcurrido desde su desaparición y apenas sus familiares comienzan a sentir que se hace justicia. La sociedad panameña necesita una reconciliación plena para sanar las heridas que dejaron las injusticias, abusos y crímenes de la dictadura. Wald es una de las 110 víctimas de esa oscura época, por ello, el Estado debe reconocer estas vejaciones y pedir perdón por todas las víctimas, sin excepción, ya que sus derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad fueron violentados. Tampoco tuvieron derecho a un proceso judicial en el que se llevara a cabo una investigación exhaustiva de los hechos para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de sus terribles desapariciones. Que se haga justicia no solo es una demanda de las familias afectadas, sino un clamor de todos los panameños. Esto es lo que necesitamos para poner punto final, sin que ello implique olvido, a tan horrenda historia.
Hace 10 añosLa Asamblea Nacional ha nombrado una comisión especial para que en 90 días se investiguen los supuestos actos de corrupción, ocurridos durante los tres últimos periodos presidenciales. La gran incógnita es con qué moral los diputados pretenden llevar adelante esa iniciativa, cuando precisamente en estos momentos se encuentran en medio de serios cuestionamientos producto de la dilapidación de recursos públicos. Pretender que este órgano del Estado, al que de paso no le corresponde investigar la posible comisión de delitos -sino legislar- logre descubrir y comprobar actos de corrupción en las contrataciones del Estado de forma objetiva e imparcial, y mucho menos en este periodo de tiempo, es simplemente otra burla a la sociedad. Si los diputados están realmente interesados en acabar con este flagelo, ¿por qué entonces no han iniciado la discusión y aprobación de la Ley de Contrataciones Públicas? ¿O es que no se dan cuenta de la poca credibilidad de la que gozan sus acciones ante el país? Señores diputados, tienen muchísimo trabajo que hacer antes de comprometer tiempo y más recursos públicos en engañar nuevamente a sus electores. ¡Qué desfachatez!
Hace 10 añosDesde 1994, anualmente se celebra la cumbre de Harvard Association Cultivating Inter American Democracy (Hacia Democracy) en la que por tres días estudiantes de escuela secundaria tienen la oportunidad de conversar y debatir sobre las preocupaciones más relevantes de los países americanos y constituye el simulacro más antiguo y prestigioso que se realiza de la OEA. Este año, Panamá fue la sede del encuentro, y una vez más nuestros jóvenes tuvieron la gran oportunidad de formar parte de este prestigioso evento. En momentos en los que la región sufre los embates de la corrupción y se enfrenta a una democracia debilitada, es alentador saber que son precisamente ellos quienes han empezado a crear conciencia de la importancia que tiene luchar por la sostenibilidad de los derechos y libertades fundamentales necesarios para una vida en democracia y que es solo a través del intercambio respetuoso de ideas que las sociedades pueden aspirar a una convivencia pacífica y justa. A Panamá le urge que la calidad de la educación se convierta sin más dilación en un tema de Estado.
Hace 10 añosAnte los hechos expuestos recientemente y que dejan al descubierto la profunda crisis de valores existente en el Órgano Legislativo, cobra especial relevancia el ejercicio del sufragio mediante un voto informado a conciencia. La función de los diputados es generar y aprobar el fundamento jurídico que regulará la vida diaria del país, por lo que recurrir a la inversión de tiempo y recursos estatales en intentar comprar la conciencia de los votantes refleja la poca capacidad que tienen de lograr un escaño en la Asamblea Nacional a través de propuestas concretas y efectivas, encaminadas a mejorar la sociedad panameña mediante el fortalecimiento de nuestra democracia. Lo que presenciamos día a día en el hemiciclo no es otra cosa que el más burdo acto circense, por lo que es nuestra responsabilidad que no continúe tan deplorable espectáculo. Como electores nos corresponde conocer muy bien a los candidatos y escoger solo aquellos que demuestren capacitación, preparación y cuya prioridad comprobada sea cumplir con lo que manda la Constitución y las leyes de la República. No nos debe temblar la mano para castigar conductas reprochables. De lo contrario, solo quedará seguir lamentándonos del resultado de nuestra irresponsabilidad.
Hace 10 añosMedicina preventiva. Esa es la vacuna más eficaz contra las enfermedades más comunes que afectan a miles de panameños que pierden la vida cada año, por llevar una vida sedentaria y una alimentación deficiente en muchos aspectos. Las escuelas, el Ministerio de Salud y otras instituciones que tienen que ver con la educación y la salud pueden ayudar en este proceso, vital para conservar la vida de jóvenes, mujeres y hombres que sufren de enfermedades fácilmente evitables con ejercicios y dietas más saludables. Pero la clave, insistimos, es la prevención: empezar en el hogar y las aulas de clases, donde los niños deben adquirir conciencia de lo que comen. Con ello, el Estado no solo velaría por una sociedad con menos sufrimientos, sino que ahorraría a los contribuyentes millones de dólares en costosos medicamentos y tratamientos, que en muchos casos llegan demasiado tarde. La iniciativa ayudaría a que los padres de estos estudiantes, además, tomen conciencia de sus deficiencias y probablemente logren vidas más prolongadas y de calidad. Basta una buena estrategia, voluntad política y unos cuantos dólares para lograr el objetivo.
Hace 10 añosCualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir información veraz y oportuna de una entidad gubernamental, toda vez que esta es de carácter público. Estos son principios que consagra la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de transparencia y acceso a la información. En virtud de lo anterior, es inaceptable que gobierno tras gobierno nos encontremos con funcionarios que insisten en incumplirla. Ya se ha vuelto práctica común que las autoridades guarden un silencio cómplice ante las solicitudes de información hechas por particulares o, lo que es peor, eviten hacer comentarios a los cuestionamientos de la ciudadanía. Ante este panorama, la sociedad tiene la gran responsabilidad de demandar a los gobernantes, incluyendo a los diputados, que enfrenten el escrutinio público y que rindan cuentas de sus actos. No podemos permitir, ni un día más, el silencio de funcionarios. Solo así la lucha en contra de la corrupción tendrá éxito y nuestra democracia se fortalecerá.
Hace 10 añosSi el mandato constitucional del Órgano Legislativo es hacer leyes, ¿por qué los diputados siguen empecinados en inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia? ¿Por qué tienen que tener fondos estatales para regalar a su discreción? Y ahora nuevamente nos llenamos de estupor ante el hecho de que millones de dólares pueden haberse sustraído mediante contrataciones falsas o donativos que no llegaban a sus destinatarios. Trucos ideados por “juega vivos” para robarnos a todos. Aunque sean ellos los que hagan las leyes, no están por encima de ellas y todas estas irregularidades merecen una prolija investigación. No es la primera vez que vemos cómo se esfuman los millones en manos de diputados. En la administración pasada fueron más de 400 millones de dólares.
Hace 10 añosEl proyecto para construir un puerto en Corozal –del lado del Pacífico– enfrenta escollos legales propiciados, principalmente, por una empresa que paga migajas al Estado por utilizar un área estratégica en la entrada sur del Canal de Panamá. Ha unido esfuerzos en lo que parece una conspiración para evitar a toda costa la construcción de este puerto, solo para mantener su hegemonía en la zona y evitar a toda costa la competencia. ¡Qué vergüenza! Leguleyadas de una compañía que dice ser de clase mundial, pero que se comporta como provinciana, solo para evitar una competencia sana. ¿Cómo es posible que el desarrollo portuario en el Canal lo controle esta empresa o que el Estado esté de manos atadas, secuestrado por acciones legales que le impiden buscar nuevos ingresos para el país. ¿No es, acaso, una ironía haber salido de un enclave del Gobierno norteamericano para quedar en manos de una empresa privada extranjera?
Hace 10 añosLa iniciativa legislativa del diputado Noriel Salerno para obligar a los medios de comunicación social impresos, radiales y televisivos a insertar mensajes educativos, culturales o sobre docencia electoral quizás tenga buenas intenciones, pero más bien está muy cerca de ser autoritaria y de atentar contra las libertades más elementales, como la de expresión y la libre empresa. Y más que palabrería legal, la sociedad necesita de ejemplos, necesita de valores. Es así como se educa. Si los panameños viéramos a políticos comprometidos con la moral y la ética, estas campañas serían totalmente innecesarias. Pero como suelen decir una cosa y hacer otra, entonces tienen que acudir a los medios para tratar de salvar lo que ellos se empeñan en destruir con sus acciones y omisiones: la institucionalidad. La democracia no es un sistema perfecto, tiene cosas que mejorar. Sin embargo, es la que nos permite vivir y expresarnos de forma libre. Si el señor Salerno desea que esta mejore, debería empezar por su propia actitud y la de muchos de sus colegas. No es una ley la que nos hará mejores ciudadanos, son las virtudes las que lo lograrán, y eso no se plasma en un papel, se logra con el ejemplo, ese que hoy brilla por su ausencia.
