Hace 10 añosLas andanzas de Odebrecht en el extranjero sirven de parámetro de medición de lo que puede suceder si nuestras autoridades no actúan con determinación. Por ejemplo, en Ecuador esta empresa rehúsa cooperar en las investigaciones, si es sancionada con multas y obligada a compensar los daños ocasionados por su conducta. Mientras en Colombia y en Perú, se desenmaraña la red de corrupción y siguen cayendo personajes de alto perfil, en Panamá no es muy clara la estrategia que el Estado tiene para recuperar el dinero perdido en coimas y sobrecostos. Es imprescindible el esfuerzo para desmantelar la estructura empresarial que sirvió para lavar y esconder la danza de los millones de dólares, que ahora estrangula al país como parte de nuestra deuda pública. Todavía hay demasiados cabos sueltos en los planteamientos de la Contraloría General de la República y el poder ejecutivo. El silencio de las autoridades alimenta la desesperanza. Casi parece como si no quisieran que toda la verdad se sepa, y que los grandes culpables eviten la justicia.
Hace 10 añosLa firma de la ley que amplía la cobertura de la beca universal a 75 mil estudiantes de escuelas privadas, no es una causa de celebración, o una conquista de la clase media. Esta acción es otra versión de la política del subsidio que transforma a todos los panameños en dependientes de la filantropía estatal que promueve una sociedad parásita. El sinsentido de este subsidio se contrapone a la declaración del titular del Ministerio de Economía y Finanzas de que el gasto de la planilla estatal es insostenible. Los aumentos salariales y el incremento de los nombramientos en puestos públicos, hacen que el presupuesto crezca más rápido que la economía. Gran parte de ese crecimiento se financia con deuda. El país, en vez de ahorrar, dilapida como si las vacas flacas jamás fueran a llegar. Todavía le quedan dos ejercicios presupuestarios al actual gobierno. Por nuestra tranquilidad y la solidez de la hacienda pública, ojalá estos presupuestos venideros reflejen un país maduro y libre del clientelismo envenenado de los subsidios. Cada centavo que se malgasta hoy, es dinero robado al porvenir de nuestra nación.
Hace 10 añosEl sistema de distribución de electricidad enfrenta un serio desafío, por el legado de gobiernos que por años gestionaron sin planificación, carentes de toda auditoría y sin el mantenimiento adecuado, a la red de transmisión y a los equipos necesarios para su funcionamiento. Ahora, la tarea a la que se deben abocar las instituciones del sector público que intervienen en el tema energético es organizar el funcionamiento del sector, no solo para que cubra las necesidades del creciente consumo de la población, sino también para hacer más eficiente y confiable la generación y distribución de la energía en nuestro país. Los consumidores tenemos el deber de ahorrar y de ser más cuidadosos con nuestras decisiones de uso y de adquisición de equipos eléctricos. El Gobierno, por su parte, necesita fortalecer la cultura de la prevención y de la gestión de riesgos en estructuras y servicios críticos, para evitar que los apagones interrumpan la producción de agua potable, el funcionamiento del Metro, o que afecten los servicios de salud y educación. Es importante que se comunique con claridad a toda la ciudadanía las medidas a tomar para superar esta coyuntura.
Hace 10 añosUna denuncia penal interpuesta en contra de los tres magistrados que componen la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pone en evidencia las intenciones que han tenido los máximos regentes del poder judicial, al rehusarse a cumplir con la ley que habría implementado la carrera judicial en el Primer Distrito Judicial de la República. Esto ha significado en la práctica que centenares de funcionarios, incluyendo jueces, están a merced del magistrado presidente de la CSJ. La denuncia presentada ante la Asamblea Nacional demuestra que existían los recursos para poner en marcha los mecanismos que garantizarían la independencia y autonomía de los funcionarios encargados de aplicar el sistema penal acusatorio. La acción penal de los ciudadanos desenmascara al poder. Ahora se requiere que los diputados demuestren madurez y se atrevan a legarnos un sistema judicial eficiente y funcional a la altura de los desafíos que enfrenta el país. Es tiempo de que se rompa el nudo gordiano de la impunidad que arrastra nuestra nación. Ha llegado el momento de ser justos con la justicia.
Hace 10 añosHoy, 21 de marzo, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, según designación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El trastorno genético es causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte de este en lugar de 2. Es una condición que afecta a 1 de cada 800 nacimientos, de acuerdo con cifras mundiales; sin embargo, en Panamá no hay estadísticas precisas. Flaco favor le hacen las instituciones encargadas de implementar políticas de inclusión eficientes a la sociedad panameña si no se conoce cuántas personas tienen esta condición. Muchos ya han demostrado que aun cuando se vive con síndrome de Down con esfuerzo y dedicación es posible triunfar. Como país aspiramos a que no solo logren realizar sus sueños con el apoyo de familiares y de instituciones privadas, sino que además cuenten con una sociedad que ha creado conciencia pública sobre la importancia de su aceptación reconociendo que sus voces merecen ser escuchadas. Ese día Panamá habrá ganado.
Hace 10 añosLos panameños no estamos exentos de sufrir los embates de enfermedades endémicas del trópico como lo son el chikungunya, el zika o el dengue, que ya han cobrado miles de víctimas en otros países de la región. Ante tan preocupante escenario global, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) ha demostrado, una vez más, su capacidad para controlar e intentar erradicar estas enfermedades. En esta ocasión, gracias a su rápida intervención y trabajo coordinado con las entidades epidemiológicas del Ministerio de Salud, se pudo evitar que el virus del chikungunya se convirtiera en una epidemia. No es poca cosa lo que los científicos del Icges y los funcionarios de Salud han ahorrado a la sociedad panameña. Un merecido reconocimiento al valor incalculable que tienen las investigaciones científicas frente a los dilemas de la salud pública. Corresponde a las autoridades no vacilar en proveer los recursos necesarios para garantizar su subsistencia, y no permitir jamás que ni la política ni la corrupción secuestren estas instituciones. En temas de salud, todos somos responsables.
Hace 10 añosDurante las dos últimas semanas, la sociedad panameña se ha estremecido al corroborar en notas periodísticas las graves irregularidades que acontecen en la Asamblea Nacional. Mucho se ha especulado sobre el origen de esta investigación, olvidándose que este medio estuvo más de seis meses escudriñando contratos de trabajo y donaciones (que son públicas) y realizando entrevistas cara a cara con testigos. En tanto, políticos y teóricos de elaboradas conspiraciones tratan de explicar el objetivo y las fuentes de información de esta investigación, intentando con ello distraer la atención del problema que dio origen a estos reportajes: la Asamblea maneja fondos con muy escasos controles, que son decenas de millones, cuyos destinos aún ignoramos –aunque no hace falta tanta imaginación para adivinar a dónde van a dar–; que muy pocos diputados escapan de este sistematizado esquema y que ninguno de los que están en esto quiere rendir cuentas sobre un dinero que no es de ellos, sino de todos los que pagamos impuestos. Este caso merece ser investigado, y no solo en la Corte Suprema. También hay funcionarios que no pueden ser indagados por los magistrados.
Hace 10 añosEn Panamá, los políticos están acostumbrados a improvisar. La planificación, en la mayoría de los casos, no va más allá de los cinco años del gobierno de turno. Si el Canal se manejara de la misma forma en que los gobernantes administran la cosa pública, hace mucho tiempo estaríamos frente a una obra fracasada.
Hace 10 añosLa Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto que emitió la Contraloría General de la República para fijar controles a las donaciones hechas por los diputados de la Asamblea Nacional, toda vez que viola la Constitución, “porque regula una materia inconstitucional”. En buen momento ha venido la Corte a emitir esta decisión, sobre todo después de que una investigación periodística dejara al descubierto el modus operandi que utilizaron algunos diputados para manipular millones de dólares de recursos públicos en beneficio propio. Esto nos recuerda la historia de las nefastas partidas circuitales, que luego de ser eliminadas, parecen haber continuado bajo el disfraz de donaciones. Con esta decisión, el mensaje enviado es muy claro: la función constitucional de los diputados no es otra que legislar en beneficio del país. Este es el momento propicio para que los fondos que manejan otras instituciones estatales en este concepto sean revisados. Es hora de acabar con los mercaderes del dolor ajeno que, sin el menor de los reparos, disfrazan de donaciones sus fechorías y prácticas clientelistas.
Hace 10 añosEn medio de la mayor crisis de credibilidad de los últimos tiempos, los diputados debaten uno de los temas más importantes para el país: las reformas electorales, que han de determinar las reglas del próximo torneo electoral. El proyecto, que fue consensuado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales durante 41 sesiones entre enero y diciembre de 2015, reposa en la Asamblea desde enero de 2016 y ahora, más de un año después, cada noche presenciamos el espectáculo que protagonizan los diputados, quienes a golpe de curul aprueban los artículos “no conflictivos”, mientras dejan para último momento aquellos más sensitivos. La poca seriedad demostrada en estas discusiones no es otra cosa que un gran irrespeto al año de trabajo que la sociedad civil organizada dedicó a esta labor. Los panameños no podemos olvidar la amarga experiencia de las elecciones de 2014, en las que quedó al descubierto el uso de recursos públicos en proselitismo, así como un desaforado financiamiento privado a las campañas electorales. La responsabilidad histórica recae en los diputados, que una vez más tienen en sus manos la posibilidad de fortalecer o debilitar nuestra democracia.
