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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosResulta irónico cómo en Panamá se resuelven las prioridades. Los ciudadanos pagamos puntual y mensualmente tributos al Estado en el entendido de que serán utilizados por sus funcionarios como buen padre de familia. Es entendible que no todos serán acuciosos, pero para eso existen modos de corrección y penalización. Sin embargo, en vez de ello, vemos como nuestros impuestos se derrochan en viajes –turismo sufragado por el Estado– y no pocas cosas más que son absolutamente innecesarias. Ahora, el presidente de la Corte Suprema anuncia que no hay dinero para ejecutar la ley de carrera judicial ni ahora ni en los próximos años. Eligió la salida fácil, porque bien podría empezar con ahorros, por ejemplo, en viajes o vehículos que les compran a los magistrados. Algo de dinero se podrá reunir y dar el primer paso. No son seres supremos, como se creen algunos, aunque digan que sean de la Corte Suprema. Han demostrado –a través de fallos permisivos hasta la impunidad– que son tan humanos como el más humilde trabajador de esa carrera judicial que se niegan a ejecutar. Pongan el ejemplo y quizás alguien empiece a verlos como los supremos jueces del país.

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Hace 10 añosLos casos sin resolver son un subgénero de la impunidad reinante en los Estados fallidos, y en países con una institucionalidad muy débil. Financial Pacific (FP) se puede comparar a una cebolla, que cada vez que se le quita una capa aparece otra que provoca ganas de llorar. Con el escándalo de la casa de valores, se entrecruzan temas controversiales como el de la mina Petaquilla, el centro de convenciones de Amador, el Banco Universal, la Caja de Ahorros, Coacecss, el acuchillamiento de un funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores, la misteriosa empresa brasileña que compró FP y borró todos sus discos duros y la enigmática desaparición de Vernon Ramos. Cuatro años han pasado desde que se le vio por última vez. La sociedad panameña no puede darse el lujo de permitir la indiferencia, el país necesita y demanda respuestas, es hora de saber qué fue lo que realmente sucedió. Desafortunado sería que el Estado fracasara en su obligación de proteger al ser humano ante coacciones o amenazas de los poderosos. La voz de Vernon Ramos hace falta. Todos necesitamos saber dónde está.

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Hace 10 años¿Qué camiseta usa el poder Ejecutivo en materia de transparencia? El contralor general de la República ha demandado la nulidad del contrato de más de 2 millones de dólares, que la Caja de Seguro Social (CSS) suscribió con una afortunada empresa para la organización de un Foro Mundial de Seguridad Social en un lujoso hotel de playa. La junta directiva de la CSS aprobó este contrato para realizar el festín con los fondos de los asegurados y del Estado. Nada les importó con los cuestionamientos del contralor. Al inaugurarse este evento, el ministro de Salud acudió como representante del presidente de la República para dar las palabras de apertura, con las cuales se envía el peor de los mensajes: aquellos que luchan por proteger los bienes públicos y promover la integridad de los asuntos del Estado panameño están solos. El Ejecutivo ha decidido una vez más que cortar cintas es mejor que fortalecer las instituciones. Los políticos no entienden que esa percepción que ellos han creado les quita legitimidad y desanima a la ciudadanía, envenenando a la democracia y asfixiando la esperanza de un Panamá mejor.

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Hace 10 añosLos miembros de la Asamblea Nacional tienen como principales funciones elaborar las leyes y vigilar la buena marcha de los asuntos del Estado. Para cumplir con esos fines, tienen necesariamente que asistir al pleno legislativo y a las comisiones, a fin de deliberar, estudiar, cuestionar y analizar los temas que son de su responsabilidad, sin olvidar que en realidad ellos son los ojos y oídos del pueblo que los eligió. La reciente legislatura concluyó con mucha pena, y sin ninguna gloria, porque no fueron capaces de atender una tarea esencial como la de designar un magistrado del Tribunal Electoral ni aprobar a tiempo las reformas a la ley de contrataciones públicas, ni el marco jurídico bajo el cual se rigen nuestras elecciones. El ausentismo es la contraparte del clientelismo. So pretexto de “atender” las necesidades de sus circuitos abandonan sus curules, olvidándose de su juramento a servir. Vale la pena destacar a los diputados Ana Matilde Gómez y Juan Carlos Arango, quienes tienen un rendimiento y una asistencia perfecta, demostrando que su trabajo es un compromiso que sí es posible cumplir.

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Hace 10 añosEl Ministerio Público con sus limitados recursos está enfrentando importantes delitos de alto perfil, la transición del sistema inquisitivo al penal acusatorio y la intensificación del narcotráfico. Estos retos son complejos y requieren de un arduo trabajo para completar las investigaciones. Sin embargo, grandes ejemplos de ilegalidad, como es el caso de las ventas y titulaciones de tierras en Donoso, en Matusagaratí, en Bocas del Toro y otros tantos sitios del país, quedan impunes porque la acción investigativa del Estado no es capaz de asignar los recursos para unir los puntos que revela la enorme corrupción y la presunta penetración del narcotráfico en algunos de estos territorios. Vale la pena que la Procuraduría General de la Nación se dé una vuelta por los distintos rincones del país y constate en el campo cómo la corrupción y el delito están carcomiendo nuestra sociedad. A la sombra de la ignorancia nace el crimen.

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Hace 10 añosDonald J. Trump es el presidente electo de los Estados Unidos de América. Después de una campaña sumamente controversial que tuvo como resultado su victoria electoral, pero no en el voto popular, su país está seriamente dividido. El mundo mantiene mucha cautela después de la retórica racista, belicista y antiinmigrantes del entonces candidato Trump. Ahora, el nuevo y flamante presidente No. 45 de la nación más poderosa del mundo, debe mostrar serenidad, humildad y sobre todo, escuchar a asesores, adversarios y a personas de todas las clases y nacionalidades para poder ejercer un buen gobierno. Estados Unidos ha vivido una durísima transición económica desde los finales de la Guerra Fría y los cambios sociales, entre los cuales está la amplia legalización de la marihuana, aprobada el mismo día de su elección, han generado profundas tensiones que él supo exacerbar para su ganancia propia. La incógnita del momento es si el magnate inmobiliario y rey de la autopromoción es capaz de superarse a sí mismo, o si viviremos cuatro años más de sobresaltos y estrés. A Trump le corresponderá cosechar mucho de lo que él mismo ha sembrado.

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Hace 10 añosLa tierra es la principal riqueza de los panameños. Una finca, un terreno o un lote ha sido el comienzo de muchas empresas y de importantes sueños de miles de familias. Ahora, esto es cada vez más difícil, porque la política de tierras y la institucionalidad que las administra presentan un rezago y un terrible desfase con la realidad social y ambiental del país. El marco legal de un Código Agrario arcaico, aplicado por distintas agencias estatales, rehenes del clientelismo y de la corrupción, permite que en Panamá se vendan hectáreas de bosques a 6 dólares cada una, facilitando el acaparamiento y la concentración de la tenencia de la tierra. Se le ha negado la posibilidad a distintas poblaciones de crecer y prosperar, porque no hay disponibilidad de espacio, producto de la generosa titulación a favor de los amigos del poder. Todo esto ha causado que hayamos perdido superficies de siembra, manglares y ojos de agua, y se han destruido los ecosistemas y hogares de decenas de especies. Necesitamos una legislación moderna y una institucionalidad transparente que garanticen la gestión responsable de las tierras por el bien de todos los panameños.

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Hace 10 añosEl puerto de Corozal es un puntal para el nuevo desarrollo logístico que Panamá debe consumar, con el fin de aprovechar los beneficios que la ampliación del Canal ha generado. La vía interoceánica es nuestra, y es absurdo que se limite el provecho que como país podemos sacarle a este recurso. Existen claros intereses de distintos actores que no desean competencia, o que rechazan la idea de que la Autoridad del Canal de Panamá emprenda nuevos negocios, que tal vez ellos quieren para sí mismos. El debate está servido: como país debemos decidir políticas de Estado para crecer con equidad, fortaleciendo nuestros sectores más competitivos y maximizando la oferta de valor que tenemos para presentarle al mundo. El Canal de Panamá, al igual que nuestra magnífica biodiversidad y la privilegiada posición geográfica, sumado a la modernísima infraestructura logística, son el fundamento de nuestras ventajas competitivas. No las podemos menospreciar ni mucho menos debemos permitir que otros países las aprovechen mejor que nosotros. Corozal es una oportunidad que no debemos perder.

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Hace 10 añosEl feminicidio y la discriminación contra la mujer son conductas deplorables que merecen el repudio de todos los sectores de la sociedad. La propuesta borrador avanzada por el Ministerio de Gobierno para reglamentar el artículo 70 de la Ley 82 de 2013, tiene fines muy loables, pero sus mecanismos son inadecuados y muy poco efectivos para alcanzar estas metas. Crear una regulación que sancione a los medios por presunta discriminación contra la mujer y dejar la aplicación de esta normativa en manos políticas, significa que los que hoy son buenos funcionarios, con valores democráticos, mañana pueden ser sustituidos por cancerberos de la libertad de expresión, con mucho poder para hacerle daño al país. Los instrumentos escogidos no son tolerados por nuestra Constitución Política ni por el derecho internacional. Los grandes males sociales no están en los medios de comunicación, como tampoco las enfermedades están en las sábanas. Los graves problemas del país existen, independientemente de que los medios los presenten en cualquier forma o modo. La solución real de estos padecimientos sociales es responsabilidad de todos, incluyendo los medios de comunicación. La libertad de expresión es el camino para buscar las grandes soluciones que el país necesita.

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Hace 10 añosLa Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa lanzada por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton en el año 2012 para que los gobiernos de los países democráticos del mundo se comprometieran de forma voluntaria a una serie de reformas políticas e institucionales que aumentaran la transparencia, la rendición de cuentas y la efectividad de las actuaciones gubernamentales. Dentro de esta iniciativa, Panamá acordó que los diputados no administrarían partidas de fondos públicos para donaciones o apoyos sociales. Así fue suscrito por la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, y el Ministerio de Economía y Finanzas con la sociedad civil panameña. El incumplimiento de este pacto demuestra la auténtica voluntad que tiene la clase política para combatir la corrupción, erradicar el clientelismo y fomentar la integridad en la relación entre los gobernantes y gobernados. La hacienda pública no se puede manejar como la caja menuda de los políticos de turno. Cuando la eficiencia y la transparencia del gasto público aumenta gana toda la sociedad, y los ciudadanos fortalecen la legitimidad del Estado y de los partidos políticos.

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