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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosEl diagnóstico está muy claro. No solo por los análisis hechos por organizaciones locales de la sociedad civil, sino por organismos internacionales del nivel del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: nuestra Asamblea Nacional, que por su naturaleza e importancia está llamada a liderar la transparencia, es una de las instituciones con mayor opacidad. Los ciudadanos no solo desconocemos el patrimonio de los diputados, dónde están sus intereses, quién les regala qué y cuáles son los temas a discutir en las comisiones legislativas, sino que a veces ni siquiera nos enteramos de cómo vota cada uno de ellos. Es hora de que el Órgano Legislativo, que tiene en su agenda las reformas a la ley de contrataciones públicas y el nuevo Código Electoral, herramientas clave para luchar contra la corrupción e instaurar en todas las esferas del Estado la necesaria rendición de cuentas, predique con el ejemplo. Hay que aplicar, también en casa, las recomendaciones para fortalecer la democracia y minar esa corrupción que nos empobrece.

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Hace 9 añosLas mejores políticas públicas son el resultado de la alta calidad de la información disponible. Por esto es destacable el diagnóstico de la realidad social de las mujeres privadas de libertad que realizó el Ministerio de Gobierno con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Datos relevantes de este estudio demuestran que el 81% de las privadas de libertad son madres de, al menos, dos hijos; mientras que el 70% de las mujeres encarceladas en nuestro país tienen una causa vinculada con los delitos de droga. Este estudio permite definir el perfil socioeconómico de las ciudadanas en los centros penitenciarios del país, y descubre una víctima invisible: los hijos de las detenidas y condenadas enfrentan profundos traumas psicológicos, así como el fracaso y la deserción escolar, y son propensos a todo tipo de abusos que los puede llevar a convertirse en nuevos delincuentes. Estos no son problemas que se pueden resolver con el cemento y los jamones. Se requiere de una intervención social prolongada que ayude a reconstruir a las familias y a reinsertar exitosamente a las privadas de libertad.

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Hace 9 años

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Hace 10 añosEl Ministerio Público empieza a dar pasos concretos para enfrentar el desafío de la compleja investigación del caso Odebrecht. Las negociaciones con la empresa para que le devuelva a Panamá los primeros 59 millones de dólares reconocidos como coimas pagadas durante el gobierno anterior son la fase inicial de un esfuerzo mayor, ya que falta recuperar los sobrecostos y la divulgación de los nombres de aquellos que recibieron los sobornos, desde la llegada de la empresa a Panamá. Para completar la tarea de los fiscales, se requieren más herramientas que ayuden a resolver las investigaciones. Por esta razón, el proyecto de ley 245, que fue aprobado recientemente en primer debate en la Asamblea Nacional, incluye, entre otras medidas, el uso de los acuerdos de pena en más de 4 mil casos del viejo sistema inquisitivo. Esta es una iniciativa valiosa que le da una oportunidad real a los fiscales de conseguir importantes victorias en la lucha contra el soborno, el peculado y el lavado de dinero, como es el caso de corrupción Odebrecht. Es imperativo que los diputados le den una pronta aprobación a este proyecto. A los ciudadanos nos corresponde ser vigilantes, pues este caso apenas empieza y la justicia es responsabilidad de todos.

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Hace 10 añosLa propuesta de reformas electorales presentada el año pasado por el Tribunal Electoral a la Asamblea Nacional sufre las consecuencias de la evidente falta de voluntad política de los diputados. Es claro que los partidos políticos y algunos de sus representantes en el Palacio Legislativo no están interesados en cambiar las reglas del juego, enfrentar la corrupción o hacer más transparente el financiamiento de los donantes privados a sus campañas. A todas luces prefieren mantener las cosas como están, ignorando el clamor de la ciudadanía de cambiar la forma de hacer gobierno. No se puede seguir dando la espalda a los tiempos en que vivimos. La actualización de la legislación electoral es apenas el principio del saneamiento de nuestra política criolla. Los panameños exigimos que la Asamblea Nacional dé ese primer paso. Las reformas electorales deben ser aprobadas sin más dilación para que puedan ser incorporadas al plan general de elecciones del año 2019. La población panameña tendrá una deuda que cobrar a los diputados y a sus partidos políticos si sus acciones no favorecen un torneo electoral con reglas más transparentes y equitativas. El fortalecimiento de nuestra democracia está en juego.

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Hace 10 añosInspirados en la figura creada desde 1948, luego de un intenso periodo de conflicto político en Costa Rica, Panamá convocó, en 1991, a un grupo de hombres y mujeres para constituir un cuerpo neutral y voluntario de garantes de la democracia denominados delegados electorales. Desde ese entonces y de manera ininterrumpida el Cuerpo de Delegados Electorales de Panamá ha dado legitimidad a todos los procesos electorales de la era posdictadura. Con el único propósito de fortalecer la democracia nacional, estos amigables componedores utilizan el diálogo para dirimir los conflictos que surgen al calor de la contienda electoral, por lo que su participación constante y su presencia son una salvaguarda ciudadana de que nunca jamás existirán las taras electorales del pasado. Es un compromiso voluntario, para hacer valer nuestro derecho a un proceso electoral honesto. Gracias a estos dedicados ciudadanos, nuestras elecciones tienen legitimidad, los perdedores les reconocen la victoria a los ganadores, y todas las facciones honran el pacto social de la democracia. Muchas gracias, señores delegados electorales.

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Hace 10 añosLos países más desarrollados del mundo están ampliando sus redes de bibliotecas públicas para complementar la oferta educativa que ofrecen las plataformas tecnológicas actuales. Usando esa escala y tomando en cuenta que en Panamá tenemos una decena de bibliotecas públicas en riesgo de cierre por falta de personal o por carecer de un espacio físico para su funcionamiento, no debe sorprendernos el alto grado de fracasos y el bajo nivel de lectura prevalente en el país. La Red de Bibliotecas de la República tiene un presupuesto de apenas 460 mil dólares al año, muchos menos recursos que los que se le asignan al carnaval oficial o al desfile del municipio de Panamá en Navidad. Un pueblo que no lee es más susceptible a caer víctima del clientelismo electoral del jamón y el saco de cemento. Es muy simplista y triste confundir el acceso a la Internet con el aprendizaje que se puede obtener en una biblioteca. En Estados Unidos cada presidente se enorgullece por el legado de una gran biblioteca que lleva su nombre. Los nuestros pueden vanagloriarse de la ignorancia de nuestros pueblos.

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Hace 10 añosLa justicia electoral es esencial para el funcionamiento de la democracia. La responsabilidad de procesar a los sospechosos de cometer delitos electorales recae sobre la Fiscalía General Electoral. La situación actual de esta Fiscalía es la principal razón por la que 138 casos emanados de las elecciones de 2014 han prescrito, y por lo tanto han quedado impunes. Este es el germen del cáncer que se empieza a carcomer las estructuras de los partidos políticos. La proliferación de las conductas antidemocráticas y que nos perjudican a todos, solo es posible gracias a la complicidad de una fiscalía electoral. Esta crisis de la justicia recalca la importancia de la reciente designación de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral, que a todas luces no fue una selección institucional, sino partidista. Panamá había superado muchas de las malas prácticas electorales que ahora sabemos se han legitimado con esa masiva prescripción judicial. El escenario está servido para que en 2019 las más importantes decisiones no ocurran en las urnas, sino en los despachos de funcionarios cómplices de los enemigos de la democracia y del Estado de derecho.

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Hace 10 añosLas cientos de víctimas del dietilenglicol –vivas y fallecidas– aún esperan justicia. Parece mentira, pero este ha sido el mayor envenenamiento masivo del que se conozca en Panamá y aún no hay condena alguna contra los responsables. Y la injusticia es doble porque ni hay responsables ni los pacientes reciben la atención que se merecen en la Caja de Seguro Social, a pesar de que fueron funcionarios de esta institución los que actuaron con imperdonable negligencia. Pero lo que verdaderamente es aborrecible es la indolencia de algunos jueces y magistrados del Órgano Judicial que permiten esta abusiva dilatación de los procesos, promovida en muchos casos por abogados que buscan la prescripción de los procesos sin sentencia para sus clientes o funcionarios judiciales que engavetan expedientes para lograr el mismo fin. Si el Órgano Judicial no resuelve las apelaciones, el caso será otro en el que primará la impunidad, por su inexcusable falta de diligencia para llevar a término estos casos, que tanto luto y dolor han causado desde que se produjo la primera muerte.

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Hace 10 añosLa Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha publicado la lista de nueve bancos de la plaza local, con sanciones ejecutoriadas por distintas infracciones a las normas operativas de estas entidades financieras. Este gesto de transparencia es sumamente valioso e importante para sanear la imagen del país. Con cada multa los bancos sancionados debían presentar un plan de acción destinado a mejorar su gestión y a fortalecer la integridad de sus operaciones. El mensaje que debemos recibir los panameños es claro y contundente: finalmente los reguladores bancarios están poniendo la casa en orden. Aquí no hay razones de alarma ni de preocupación sistémica. Como en todo centro financiero del mundo hay momentos en que los reguladores deben sancionar para aplicar correctivos que mejoren el funcionamiento del sistema bancario. El liderazgo demostrado por la SBP es muy relevante y establece un ejemplo a seguir para todas las otras entidades supervisoras y reguladoras. Demostrar con hechos que en Panamá sí se está fiscalizando es la noticia que más le conviene a nuestro sistema financiero.

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