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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosLa tentación de buscar popularidad a costa del gasto público es siempre muy fuerte para todos los políticos, sobre todo aquellos que enfrentan algún proceso electoral. No existe otra explicación plausible para el hecho de que casi al final del periodo de presentaciones presupuestarias de las entidades públicas, aparezca un nuevo y urgente compromiso salarial, justificable y merecido, pero totalmente inesperado para las distintas entidades del Gobierno. Aparentemente no había una mejor forma de estimular la popularidad del partido gobernante. ¿Que tal si asignan más recursos a la recolección de basura, la reparación de escuelas, o para el parcheo de calles y aceras? Si hay tantos recursos disponibles en las entidades estatales, como para que simples medidas de ahorro y eficiencia produzcan más de 60 millones de dólares, ¿por qué no se usan esos mismos mecanismos para reducir el abultado presupuesto y la creciente deuda pública? Gobernar no es el simple acto de seguir a las encuestas. Todo lo contrario, administrar el Estado requiere tener liderazgo y madurez para tomar las decisiones difíciles que el país necesita. Esas cualidades nos hacen mucha falta.

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Hace 10 añosUn grupo de cineastas panameños sigue a la espera de que se desembolsen los fondos establecidos por ley, y que desde 2014 no se pagan. Cuatro brillantes estudiantes de escuelas públicas fueron víctimas de la incapacidad de la burocracia estatal, que no fue capaz de comprar sus boletos de avión para asistir a la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, en Chile. La lista casi infinita de situaciones en las que el Estado y las autoridades le incumplen cotidianamente al talento panameño en las artes, la ciencia y el deporte, es sumamente preocupante. Al parecer se prefiere desalentar lo mejor del talento humano para despilfarrar los recursos públicos en viajes innecesarios, exóticos proyectos como el de una cinta rosada alrededor de la India Dormida, y el gusto por una inversión estatal más vistosa que efectiva. El Gobierno existe para potenciar todo aquello que los ciudadanos necesitan, y que la acción colectiva de los asociados no es capaz de producir. Las prioridades correctas y apropiadas en el gasto público hacen mucho más para combatir la pobreza y la desigualdad, que los subsidios paternalistas que se disfrazan como políticas sociales.

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Hace 10 añosLa Ley 42 de 2016 viene a llenar un importante vacío en la administración del sistema penitenciario. Con esta norma jurídica se establece la carrera y las reglas bajo las cuales se regirán los custodios de los distintos centros carcelarios que tiene el país. En términos relativos, existe una sobrepoblación de privados de libertad y un nivel de hacinamiento intolerable. En Panamá, los reclusorios son depósitos de seres humanos, en los cuales se mezclan inocentes con culpables, novatos con profesionales, en condiciones medievales en las que predomina la ley del más fuerte, y la indignidad es común, tanto para los detenidos como para sus familiares. Justo ahora que existe este instrumento legal, la sociedad no le puede dar la espalda a esta situación. El país gana en cuanto se establezcan mejores condiciones de vida en las cárceles, y todos los que allí conviven, tanto presos como custodios, sean parte de una nueva cultura para la reinserción social y la esperanza. En ese sentido, la Ley 42 inicia el camino que debimos recorrer hace tiempo, la ruta del pleno respeto a los derechos humanos de todos los panameños.

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Hace 10 años¿Quién es el responsable de la devastación de un terreno en el área de operación del Canal de Panamá? Nadie y todos al mismo tiempo. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas vendió las tierras; la entidad antecesora del Ministerio de Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental del promotor; y la Autoridad del Canal de Panamá le dio su visto bueno al proyecto. Al parecer ninguna de las tres instituciones asumió la responsabilidad de inspeccionar que con el desarrollo del proyecto no se afectara al lago Miraflores, o que no se perjudicara irremediablemente el bosque existente. Las multas irrisorias producto de largos procesos administrativos, no tienen como objeto restaurar el ecosistema, sino dar la apariencia de que se hizo algo. Los panameños esperamos mucho más cuidado y diligencia de parte de los funcionarios que siempre deben velar por los mejores intereses del país. Sería sano examinar las mejores medidas para evitar que se repita la comedia de errores que dio al traste con un área que protegía el agua del Canal, y que debe ser un ejemplo de buen gobierno, y no de desidia burocrática.

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Hace 10 añosLa mayor amenaza inminente a la vida en el planeta Tierra es el cambio climático. El calentamiento global, producto de la contaminación atmosférica generada por los seres humanos, está derritiendo los polos, elevando el nivel del mar y alterando la agricultura en todas partes. Panamá ha tomado la sabia decisión de ratificar los acuerdos de París para enfrentar este flagelo mundial. Esta decisión es el mayor gesto de política ambiental de nuestra historia. Esta convención multilateral establece mecanismos que ayudarán a mitigar las peores consecuencias de los desastres ecológicos, y busca prevenir que la sociedad actual supere los dos grados centígrados de incremento de la temperatura promedio de nuestro orbe. Así tendremos una economía más eficiente en la producción y consumo de energía. Este acuerdo abre importantes oportunidades para la creación de negocios verdes que traigan miles de empleos a nuestro país. Aunque nos falta mucho por alcanzar en el tema ambiental, hemos dado un gran paso para superar el mayor reto que enfrenta nuestra generación.

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Hace 10 añosEn 1961 el presidente Roberto Chiari impulsó la creación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para sistematizar la gestión del agua por parte del Estado. Después de décadas gloriosas de logros en materia de sanidad, el paternalismo y la carencia de buenas políticas públicas sobre los recursos hídricos han llevado a la institución a que 45% de sus clientes esté en mora y un porcentaje similar del agua potable se pierda todos los días. En este tema ha ocurrido lo impensable: los panameños se han acostumbrado al agua embotellada, a recibirla por medio de tanques cisterna y al pésimo servicio del Idaan. Mientras, las sequías, la contaminación de los cauces de los ríos y lagos, y los negociados han terminado de victimizar a toda la población. La oportunidad está servida para que un nuevo proyecto de ley contribuya a liberar al Idaan de la desorganización del Estado, y a formar una nueva cultura de gestión del agua en nuestro país. La solución es responsabilidad de todos y tener la institucionalidad que lo haga realidad es una tarea urgente.

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Hace 10 añosQuince años han transcurrido desde el fatídico 11 de septiembre de 2001, que cambió la vida de millones de seres humanos. El ataque en Estados Unidos evidenció que los grupos terroristas se aprovechan de la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de seres humanos como principales actividades para financiar su capacidad de agresión. Por otra parte, aquellas sociedades que respetan los derechos humanos y fomentan el desarrollo de su población, dejan de ser el caldo de cultivo de los movimientos fanáticos que prosperan en naciones fundamentalistas e intolerantes hacia quienes no piensan igual, y que todavía hoy causan estragos. De hecho, los ataques terroristas siguen cobrando vidas inocentes y daños materiales en todo el mundo. La buena diplomacia que llevó a los acuerdos de paz, como los de Colombia, o la nueva política occidental hacia Irán, así como la apertura con Cuba, es más efectiva que la respuesta militar para desmantelar el entramado que facilita la violencia contra civiles. Las lecciones del 9-11 son múltiples, sin embargo, la más importante es que una sociedad democrática nunca debe perder sus valores e instituciones. Esa fortaleza es irreemplazable.

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Hace 10 añosDesde todo punto de vista y en cualquier campo, la figura de la reelección inmediata es perniciosa para la solidez de las instituciones democráticas. Cala muy bien en regímenes autocráticos al constituirse en barrera natural frente a cualquier cambio posible y con ello priva del servicio público a otras figuras de la sociedad. Bien ha quedado plasmado en nuestra Constitución que el presidente de la República no puede ser reelegido por dos períodos siguientes al término de su mandato. Y así lo ha entendido este país al rechazar a quienes lo han intentado. Eso deberían tenerlo muy claro los que integran nuestras instituciones, particularmente en la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral. No debemos convertir a hombres o mujeres, por muy valiosos que sean, en indispensables. Es un arma de doble filo. Y eso debe valer también para otras instituciones fundamentales del Estado. Por ello, sorprende que un magistrado, que ha conocido en carne propia lo dañino que puede ser la figura de la reelección, coquetee con quedarse por un tercer período en el puesto. Todos debemos aprender a decir: “Muchas gracias, pero no”.

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Hace 10 añosLa persistencia del magistrado presidente de la Corte Suprema en hacer viajes banales y abandonar sus importantes funciones, demuestran su concepto sobre la justicia. Su turismo judicial obligó a que el vicepresidente del máximo tribunal haya tenido que presentar el proyecto de presupuesto del Órgano Judicial a la Asamblea Nacional. Su suplente, una experimentada defensora de oficio, ha tenido que asumir sus funciones, abandonando las propias y atosigando aún más la carga de trabajo de los escasos defensores públicos del país. Recordemos que José Ayú Prado ocupa tres cargos simultáneamente en la Corte, y que cada día que falta es una jornada más de mora para los casos penales, constitucionales, y los trámites internacionales que son de su conocimiento. Si a estas alturas, el afortunado viajero no entiende la importancia de sus funciones, bien puede optar por la renuncia, y permitir que la justicia funcione con normalidad.

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Hace 10 añosEl gobierno corporativo implica el conjunto de prácticas atinentes al diseño y funcionamiento de la gestión de una empresa. Este es un tema de suma importancia para la transparencia de nuestra economía. En un estudio de cinco empresas públicas, propiedad del Estado panameño: Empresa Nacional de Autopistas, Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., Tocumen, S.A., el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y el Metro de Panamá, todas fracasaron en su evaluación. Con faltas y carencias tales como la ausencia de estados financieros auditados, mecanismos de prevención de los conflictos de intereses de sus directivos y altos ejecutivos, y la inadecuada documentación de las quejas recibidas, por solo mencionar algunos ejemplos, se hace evidente la magnitud del desafío que enfrenta la sociedad panameña. Las realidades de un marco regulatorio internacional cambiante exigen que todos los actores públicos y privados estén a la altura de los tiempos. Nos falta mucho para que el Estado y sus empresas sean un buen ejemplo, y no una fuente de vergüenza. Manos a la obra, tenemos mucho que ganar.

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