Hace 11 añosLa fascinación que la cultura popular tiene con los bandidos antecede al narcocorrido, al reguetón, y a las caponovelas, ya que desde siempre ha existido una curiosidad morbosa por los forajidos y el mundo de lo clandestino. En sus ribetes actuales decenas de miles de latinoamericanos mueren cada año en guerras territoriales en las villamiserias, favelas y zonas rojas del continente para que la droga llegue al norte del hemisferio. Hollywood haría mucho bien en recordar que los “derechos y opciones” de consumo que van de la mano con el hedonismo de California, tienen en el sur del continente un duro precio, que pagamos todos los habitantes de esta región con altas tasas de homicidios, corrupción e inseguridad ciudadana para que las drogas crucen el río Grande. Aquí, los enemigos públicos y los carteles no se acaban cuando aparecen los créditos en la pantalla, ni los capítulos son suministrados en dosis episódicas semanales. De allí la enorme responsabilidad que tiene la cuna del cine y la televisión mundial de dejar de celebrar el culto al narcotráfico y devolverle la dignidad a todas la víctimas de este flagelo.
Hace 11 añosLa construcción de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), integrada a la Ciudad de la Salud, es una de las decisiones más importantes sobre el presente y futuro de la gestión sanitaria del país y ofrece grandes oportunidades para corregir los procesos académicos cónsonos con el siglo XXI. Las actuales instalaciones donde se imparten enseñanzas a los galenos reflejan desidia y abandono, demostrando claramente la capacidad de gestión de la estructura administrativa de la UP. La nueva sede en la que se forjarán los futuros profesionales en las múltiples disciplinas médicas y tecnológicas requiere de un replanteamiento no solo apto para un mayor número de estudiantes, sino con un modelo de gestión que impida que se repita lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Este es el momento de considerar la transición de la estrategia sanitaria, burocrática e impersonal que impera en Panamá, a un nuevo paradigma orientado hacia la prevención y el bienestar de toda la población. No se puede improvisar en materia de salud, ya que las estadísticas actuales son el resultado de decisiones pasadas. Hagamos que las cifras futuras reflejen el país con la mejor salud que se pueda tener.
Hace 11 añosEl entorno generalizado de impunidad, cada vez más acentuado en nuestro país, se alimenta a diario de situaciones como el exceso de burocracia policial y la mora judicial. Esto aunado a una cultura permisiva con la corrupción, en la que se amparan acciones ilícitas y deshonestas perpetradas por funcionarios de todos los niveles. Es harto conocido que con el abuso del poder y la presión económica se logra arrinconar a servidores públicos honestos e incluso se desnaturalizan las tareas de investigación. Muchas veces los victimarios se nos presentan como víctimas y viceversa. Los actos de corrupción, cometidos ya sea por policías de tránsito o por las altas figuras de la Corte Suprema de Justicia, constituyen un ejemplo social que está en las antípodas de lo que debe ser. En estos momentos los diversos sectores del país coinciden en que la única ruta posible para salir del subdesarrollo es poner un alto a la corrupción y a la falta de transparencia, por lo que es esencial que quede claro, que solo lo lograremos si tanto los ciudadanos como los gobernantes trabajamos en el destierro de una vez por todas de la impunidad.
Hace 11 añosCuando en 1957, el Ministerio de Educación estableció el sistema de evaluación para los maestros y profesores del país, Panamá no tenía industria de televisión, y el mundo desconocía el viaje espacial, la genética, la computadora personal o la internet, por solo mencionar algunas innovaciones relevantes. Las autoridades educativas proponen reformar el mecanismo de evaluación que data del siglo pasado para adaptarlo a las necesidades de los tiempos actuales. Sin un proceso eficiente y transparente de la medición de la calidad, pertinencia y rendimiento del trabajo educativo, no es posible mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, simplemente porque aquello que no se mide no se corrige. Los intereses gremiales y las burocracias educativas encontrarán formas de dilatar estos cambios, pero si el Gobierno es serio en sus intenciones de reformar nuestra educación, este es uno de los pilares fundamentales para conseguirlo. El miedo al cambio y el rechazo visceral a la renovación educativa no pueden continuar como el común denominador de las políticas públicas y de la actuación del Estado en materia educativa.
Hace 11 añosEl 5 de mayo de 1999, el pleno de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que: “El elemento fundamental del amparo es la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual... Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano”. ¿Qué motivó al pleno de la Corte a ignorar su propia jurisprudencia? Ninguno de los criterios mencionados por el Tribunal Supremo en 1999 concurría en el caso de la investigación de Buko Millonario, y que involucra al hijo homónimo del expresidente de la República. En sentencia del 30 de noviembre de 2015, que deja más preguntas e incertidumbres, queda claro que se beneficia a un solo imputado. Se desarma a los fiscales y se debilita la lucha contra el blanqueo de capitales, el enriquecimiento ilícito y todo tipo de delito financiero. Como si fuera poco, el magistrado José Ayú Prado, el Día de los “Inocentes”, le comunicó al Ministerio Público que el amparo debía cumplirse. Una semana más tarde fue reelecto como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Hace 11 añosDespués de 17 años, Venezuela reaprende a convivir con un gobierno dividido. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) tomó posesión del poder legislativo con una ambiciosa agenda de amnistía política, desmantelamiento de las políticas económicas del chavismo y la devolución de las libertades públicas a los ciudadanos venezolanos. No será una tarea fácil. Por un lado, el poder judicial, saturado de magistrados recién nombrados por el gobierno de Nicolás Maduro, será un obstáculo para cualquier reforma de importancia. Por otro, el propio Maduro seguirá gobernando con amplios poderes y, seguramente, provocando confrontaciones con los legisladores opositores. Vale la pena recordar que la MUD ganó su supermayoría con el respaldo de más de 2 millones de votantes del chavismo, que junto a otros millones de conciudadanos buscaban el cambio y el final de la confrontación. A los líderes de la MUD les compete llevar adelante este delicado juego de ajedrez con paciencia, pluralismo y mucha tolerancia. La libertad total del pueblo venezolano está cerca, pero hay que saberla incubar.
Hace 11 añosTodo cambia para seguir igual. ¿Dónde quedaron las promesas de renovación de la justicia y de recuperación de la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)? Un magistrado presidente, altamente cuestionado y controversial, acaba de ser reelecto con el voto de sus compañeros, y sin disimulo alguno, en la primera votación. Esta es la misma personalidad que pactó el superblindaje con la Asamblea Nacional, que dilató las acciones en materia de investigación del caso Financial Pacific, y cuyas numerosas otras actuaciones como fiscal, último director de la Policía Técnica Judicial, procurador general de la Nación, y magistrado del máximo tribunal de justicia, han causado alarma y perturbación entre los ciudadanos. El presidente de la CSJ establece la agenda del Órgano Judicial, y lleva la representación política del mismo, controla el presupuesto, y en el caso de José Ayú Prado, además, preside dos salas. Eso es demasiado poder para dos años más. Bastaron cinco horas para que los hermosos discursos de la mañana se transformaran en los pactos faustianos de la tarde. La nación tenía más esperanzas en sus nuevos magistrados.
Hace 11 añosPanamá empieza el año con los lagos Gatún y Alajuela a un metro menos del nivel promedio, lo que amenaza el suministro de agua potable de más de un millón de personas en la ciudad capital. En las provincias, las lluvias recibidas en los últimos meses no han sido suficientes ni para recuperar la capa vegetal ni para recargar los acuíferos y napas subterráneas que sirven de reservas para ríos y pozos. Ante esta situación crítica, las autoridades correspondientes del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales han ideado planes y proyectos con el fin de mitigar la eventual crisis producto de la escasez de lluvias causada específicamente por el fenómeno de El Niño. Lo anterior es reflejo de la carencia de una política general de Estado sobre la gestión del agua y los conflictos de intereses sobre sus usos. La realidad es que aunque ya en años anteriores hemos sufrido las duras consecuencias de las sequías, los gobiernos siguen improvisando. El agua es un recurso indispensable para la economía y la subsistencia del ser humano. Su buen uso y administración es responsabilidad de todos. Lo contrario tendría consecuencias devastadoras para el país.
Hace 11 añosEn su informe a la nación, el Presidente de la República caracterizó sus logros en 2015 y las prioridades para 2016, destacando la metodología de conciliación a través de mesas de diálogo con gremios, grupos de interés y la sociedad civil. Sin embargo, el primer mandatario omitió detallar cómo va a enfrentar temáticas fundamentales para los ciudadanos tales como el alto costo de la vida, el futuro del régimen de pensiones, la situación de la inseguridad ciudadana que tiene poca vinculación con el narcotráfico internacional, o las múltiples incongruencias de los servicios de salud del Estado. El país ha tenido importantes avances en materia de lucha contra la corrupción, que requieren del fortalecimiento de las políticas públicas y las instituciones preventivas que puedan devolverle la credibilidad a los ciudadanos acerca de la eficiencia y legitimidad de su gobierno. Sin embargo, los panameños continuamos a la expectativa de que el mandatario defina con claridad cómo abordará su gobierno todos estos temas. Después de 18 meses de gobierno, el momento de las promesas ha pasado y concretar acciones se hace impostergable.
Hace 11 añosLa Junta de Resolución de Conflictos es un ente arbitral creado dentro de los acuerdos para la construcción del tercer juego de esclusas para atender conflictos entre las partes. Este tribunal decidió el 31 de diciembre que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debía pagarle a Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio constructor de la ampliación, la suma de 17.5 millones de dólares por los impactos causados por las paralizaciones laborales de 2014. La ACP ya indicó que cumplirá con esta obligación, mientras que su contraparte lo divulga como una gran victoria en sus reclamos contra el Canal de Panamá. Sin embargo, no se menciona los perjuicios causados a Panamá por las tardanzas no atribuibles a la ACP, las filtraciones de las compuertas y las nuevas esclusas, o una pluralidad de temas en los que el consorcio guarda silencio. La ACP debe finalizar con el negocio de los reclamos de GUPC y la propaganda contra Panamá. Mientras que los líderes del Canal le deben al país devolvernos la tranquilidad sobre la buena marcha de la vía interoceánica.
