Hace 12 añosEn sus más recientes declaraciones de ayer viernes, el exmandatario de la República, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y todavía presidente del partido Cambio Democrático insistió en lo que se ha venido constituyendo como su última línea de defensa: en Panamá hay una dictadura y todos los poderes públicos están en manos de una sola persona. Aunque esto era cierto en su gobierno, no lo es en la actualidad. A pesar del proceso al magistrado Moncada Luna, cuatro de sus colegas principales de la Corte Suprema de Justicia, más el suplente del enjuiciado, fueron designados por Martinelli. El empresario cuenta con amplio acceso a los medios de comunicación nacionales e internacionales, siendo algunos de los del patio, propiedad suya. En vez de denunciar “persecución política” a los cuatro vientos, debería renunciar a la “cueva de ladrones”–como le llamó al Parlacen–, al fuero que le da ser presidente de un partido y solicitar que se le juzgue lo más pronto posible para demostrar su inocencia. Lo contrario es demagogia y manipulación, las cuales el país recibió a raudales en los cinco años que nos desgobernó.
Hace 12 añosEl nuevo liderazgo en el Ministerio Público ha comenzado a ejecutar las tareas de saneamiento, reorganización y modernización de la institución. A pesar del riesgo que emerge de las posibles demandas de los afectados por las decisiones tomadas en el día de ayer y las que puedan venir en fechas futuras, la recompensa vale la pena: un Ministerio Público sano, joven y en camino a ser un faro luminoso y ejemplar de la justicia en nuestro país. Esperemos que en los próximos años, los cambios constitucionales y los legales nos permitan contar con el marco institucional de nombramientos por mérito y concurso, buenos salarios para todo el personal, y protección física para quienes asumen enfrentar amenazas en nuestro nombre por perseguir los delitos y proteger a las víctimas de los crímenes. Ese día parece estar más cerca.
Hace 12 añosLas expresiones artísticas panameñas viven su mejor momento, reflejo tanto de la madurez de sus creadores como de la sociedad que es capaz de abrazarlos. La pintora Olga Sinclair tiene una muy merecida retrospectiva en Florencia, donde se examinará la evolución de su obra y se conocerá, de primera mano, su historial. En la música, Danilo Pérez, con su consagrado festival internacional de jazz, convoca artistas de todas partes del mundo y ayuda a crear una nueva generación de músicos panameños. En la literatura, Manuel Orestes Nieto es invitado a participar como jurado en Cuba en el premio literario Casa de las Américas. Estos son tan solo tres ejemplos destacados de lo que nuestro pueblo es capaz de ser y hacer. Las vocaciones y talentos de quienes son artistas son demasiado valiosas para que sean reprimidas. El arte es esencial para la vida, y Panamá tiene muchas historias que contar, colores que compartir, sonidos que codificar, y talentos para ser esculpidos como obras maestras. Al igual que se puede comer de la soberanía y de la dignidad, se puede vivir del arte.
Hace 12 añosEn el año 2010, Cobranzas del Istmo recibió un contrato monopólico, por el cual la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas le otorgó la gestión de cobros de impuestos nacionales de vigencias anteriores, y que por alguna razón el Estado no había podido cobrar. Cuatro años más tarde, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la creación de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, y la externalización de un servicio tan esencial como el de la recolección de impuestos nacionales. Tan solo en los dos últimos años esta entidad se ganó 39 millones de dólares producto de este contrato. A las quejas de miles de contribuyentes por las agresivas prácticas emprendidas por la compañía, se sumaban las denuncias por la tercerización innecesaria de los servicios del Estado. Ahora el Gobierno puede probar que funciona bien, recolectando sus propios ingresos.
Hace 12 añosLa gran mayoría de los panameños carece de conciencia acerca de la existencia del derecho a la intimidad y la privacidad de sus comunicaciones. Este es el obvio resultado de 21 años de dictadura y 25 años de una débil democracia. Autoridades y empresas han violado, en mayor o menor medida, los derechos humanos de los ciudadanos, obteniendo beneficios personales, políticos y económicos de ello. Ahora, con los casos sobre el espionaje telefónico y de otros medios de telecomunicaciones, y la misteriosa desaparición de los equipos israelíes con los cuales se hacían las interceptaciones, la población tiene la oportunidad de exigirle a la clase política que, de una vez por todas, lo más privado e íntimo de parejas, familias, empresas, partidos políticos y organizaciones civiles, sea respetado y reconocido como un bien sagrado. La medida de la grandeza de un gobierno no es el poderío que ejerce, sino los derechos humanos de los ciudadanos que respeta.
Hace 12 añosEl uso que le dieron los diputados a las llamadas partidas circuitales –otorgadas por el Ejecutivo de la pasada administración– merece, sin ninguna duda, una pronta y prolija investigación, que debe pasar primero por auditorías forenses de la Contraloría General de la República. Son serias y bien fundadas las sospechas de que ese dinero –decenas de millones de dólares– se usó con fines abiertamente políticos y electoreros, y casi sin control alguno. Allí está el caso de la junta comunal de una apartada comunidad de Veraguas –Río de Jesús– cuyo alcalde manejó las partidas circuitales de varios diputados, entre ellos, algunos cuya elección fue impugnada tras las elecciones de mayo pasado. ¿En qué se gastó el dinero? ¿Por qué enviar millones a esa comunidad? ¿Acaso esto está regulado por la ley? Son interrogantes que no tienen respuesta, pues la contralora anterior se negó rotundamente a contestar preguntas sobre este espinoso tema. Ahora corresponde a las nuevas autoridades del Ministerio Público y de la Contraloría dar luces sobre este asunto y, si caben responsabilidades, que sean llamados a juicio a rendir cuentas por estos cuantiosos fondos.
Hace 12 añosLa infanta Cristina de Borbón enfrenta una acusación por los delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero, junto con su marido, Iñaki Urdangarín, por su vinculación a una trama financiera por un monto de unos 421 mil dólares. España es una monarquía y la infanta Cristina tiene la más azul de todas las sangres al ser hija y hermana de reyes. Sin embargo carece de inmunidad, y su caso lo conoce un juez común. En Panamá el resabio medieval de nuestro sistema procesal establece que a los diputados los debe juzgar la Corte Suprema de Justicia y las inmunidades sirven de pretexto y excusa para evadir la justicia. Es obvio que el conjunto de procesos penales por peculado y enriquecimiento ilícito que las autoridades emprenden va a empezar a cambiar la cultura política y empresarial del país. Pero el poder Legislativo nos haría un gran favor modificando las normas procesales para facilitar la investigación y castigo de estos delitos, eliminando requisitos de pruebas sumarias para el inicio de estos casos, por mencionar un ejemplo. En Panamá no debe haber sangre azul ni coronas.
Hace 12 añosHoy podemos disfrutar de los beneficios de un Canal panameño y de su ampliación, de unas áreas revertidas integradas al territorio nacional y al desarrollo del país gracias al sacrificio de Ascanio Arosemena, Alberto Nichols Constance, Alberto Oriol Tejada, Carlos Renato Lara, Celestino Villarreta, Ezequiel González Meneses, Estanislao Orobio Williams, Gonzalo Crance Robles, Jacinto Palacios Cobos, José Del Cid Cobos, Luis Vicente Bonilla, Maritza Alabarca Ávila, Jorge Enrique Gil, Ovidio Lizardo Saldaña, Ricardo Murgas Villamonte, Rogelio Lara, Rosa Elena Landecho, Rodolfo Benítez Sánchez, Teófilo Belisario de la Torre, Víctor M. Garibaldo Figueroa, Víctor Manuel Iglesias, y a los más de 500 connacionales heridos los días 9, 10 y 11 de enero de 1964. Tenemos una eterna deuda de gratitud con ellos por el país que somos. Recordando sus nombres hacemos un pequeño homenaje a sus vidas, y nos damos la oportunidad de reflexionar sobre el sacrificio que ha representado llegar a ser la gran nación heredera de los sueños, aspiraciones y esperanzas de nuestros antepasados, de las generaciones actuales y futuras.
Hace 12 añosEl rechazo popular contra la designación de un flamante exlegislador y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, como magistrado del Tribunal de Cuentas, debe servir de escarmiento para el Presidente de la República y la clase política, cuando incluso, quienes le acompañaron y respaldaron en su campaña electoral, se sienten burlados por la manifiesta injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial. Cada vez que, desde el Palacio de las Garzas se toman abiertamente decisiones como reelegir al magistrado del Tribunal Electoral o se efectúan gestiones para obtener espacios políticos en favor de allegados, se pierde legitimidad frente al pueblo. Mucho cuidado debe tener el mandatario y su equipo de trabajo, de ahora en adelante, porque muy rápidamente, a los gritos de “más de lo mismo”, se pueden crear las condiciones en las que se pierda la fe en la institucionalidad y el respaldo a su gobierno. El mensaje entonces, que el pueblo le hace llegar con claridad y con la paciencia casi agotada, es que no haya más triquiñuelas politiqueras ni incumplimientos de las promesas de campaña.
