Hace 22 añosLa implementación de una política de "mano dura" no debe interpretarse como una suspensión de las garantías constitucionales, plenamente especificadas en la propia Constitución. Operar en otra dirección violaría la Carta Magna y echaría por tierra el esfuerzo por disminuir los índices de delincuencia y reformar a los antisociales. En ese sentido, los operativos que se están realizando no pueden ser ni más ni menos los que la ley permite. Es inconcebible que a estas alturas los miembros del Gabinete y demás instancias no se hayan puesto de acuerdo en algo tan importante como lo es la política de seguridad nacional. Cuando comenzaron estos operativos fue evidente la ausencia del jefe de la Policía. Más recientemente, la ministra de la Juventud emitió una opinión diametralmente opuesta a la hecha pública por el titular de Gobierno y Justicia. Al final, lo que en principio era una medida positiva, ha quedado como otra improvisación de este gobierno, que cada día recibe más rechazo nacional e internacional.
