Hace 2 añosUna exdiputada, acusada de apropiarse ilegalmente del oro de un cliente, ha sido citada en cuatro ocasiones para enfrentar cargos de blanqueo de capitales, prevaricato, estafa y asociación ilícita, pero jamás ha asistido a las audiencias. Envía certificados médicos de clínicas inexistentes, según la fiscalía, o manda a sus abogados, lo que demuestra que conoce perfectamente el proceso. Si realmente quisiera cumplir con la ley, ya se habría presentado, aunque fuera de manera virtual. Su ausencia constante revela no solo su desprecio por la justicia y falta de valor, sino también la incapacidad del sistema para hacer cumplir la ley. ¿Acaso la asistencia a las audiencias es voluntaria? ¿Por qué no hay una acción efectiva por parte de la justicia? ¿Miedo o complicidad? Este tipo de artimañas desgasta la credibilidad del sistema judicial y refuerza la percepción de impunidad en el país.
Hace 2 añosEs imperativo que los ciudadanos mantengamos una vigilancia constante sobre las negociaciones que involucran a las generadoras y distribuidoras de energía. La lamentable realidad es que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), cuya misión debería ser proteger los intereses de los ciudadanos, durante el quinquenio pasado parece haber trabajado en beneficio de ciertos generadores. Esto constituye un ejemplo patente de cuando una gestión irregular y la incompetencia administrativa erosionan la calidad de vida de la población. El reciente anuncio del secretario de Energía, Juan Urriola, sobre una potencial demanda de nulidad en contra del contrato de generación que afectó los intereses de los clientes de Ensa, ilustra la gravedad de la situación. La negligencia en la supervisión ha permitido que más de 500 mil usuarios pudiesen enfrentar un aumento exorbitante en el costo de la electricidad, acumulando más de 33 millones de dólares en sobrecostos hasta el momento. Estas acciones irresponsables no solo afectan las tarifas eléctricas, sino que también socavan la estabilidad del mercado energético. La ciudadanía no puede permanecer pasiva ante estos abusos; es hora de exigir transparencia y responsabilidad de las instituciones que deberían servirnos, no empobrecer nuestras vidas en beneficio de unos pocos.
Redacción de La PrensaHace 2 añosFIESTO. La gente de Cambio Democrático ha estimado que el costo de sus elecciones internas para escoger al nuevo presidente del colectivo asciende a $500 mil. Estos fondos deberán ser proporcionados por el Tribunal Electoral, es decir, que lo debemos pagar todos los panameños, justo en medio de problemas más importantes para el país y del programa de contención de gastos del gobierno. Si hubiera más sensatez, esto no ocurriría en estos momentos.
