Hace 2 añosDesde que se hizo pública la existencia de la operación Jericó, han surgido crecientes evidencias que vinculan a un diputado con actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero, a través de una empresa vinculada a su hijo. Esta empresa no solo realizó numerosos contratos con el Estado, durante el pasado gobierno sino que además en su lista de clientes alega tener a la mayoría de los casinos del país mientras el diputado de marras era miembro de la Junta de Control de Juegos. Este evidente conflicto de interés es alarmante, ya que los fiscales sostienen que dicha empresa fue utilizada para el blanqueo de capitales. A pesar de la gravedad de las acusaciones y las pruebas que siguen emergiendo, la Corte Suprema aún no ha iniciado una investigación formal contra el diputado. Esta omisión no solo debilita la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también perpetúa un clima de impunidad entre los poderosos. La falta de acción por parte de las autoridades judiciales debería generar una profunda indignación en la ciudadanía, pues cada día surgen más evidencias que requieren ser investigadas con urgencia. La inacción frente a hechos tan graves es inaceptable y estremece los cimientos del Estado de derecho en Panamá, poniendo en entredicho el compromiso del sistema de justicia con la transparencia, la persecución del delito y la certeza del castigo.
Redacción de La PrensaHace 2 años¿CURIOSIDADES? En la política y en los negocios, legales o ilegales, pocas cosas son coincidencia. Por ejemplo, Servicios Múltiples Rama contrató con varias instituciones, entre ellas el MIDA, el MIVI y el Municipio de San Miguelito. En la primera trabajaba el propio Rico Pineda; en el MIVI, su primo Huevín Ruiloba Pineda, que quiso ser diputado pero no lo logró; y el alcalde de San Miguelito era Héctor Valdés Carrasquilla, el tío de ambos. Todo queda en familia.
Enrique Noel MaytaHace 2 añosLos derechos culturales son una categoría fundamental de los derechos humanos que reconocen la importancia que tienen la identidad cultural, la diversidad, las memorias y las expresiones creativas en la protección de la dignidad y en el desarrollo integral de las personas y las comunidades.