Redacción de La PrensaHace 3 años¿ERROR? Ayer, la Policía ingresó un vehículo patrulla de la Dirección de Operaciones de Tránsito en los recintos de la Universidad de Panamá. Luego, la entidad emitió un comunicado para pedir disculpas. Después de ver cómo, desde el Ejecutivo, desafían a la propia Constitución, pensarán que violar la autonomía universitaria es lo de menos.
Hace 3 añosNo son pocas las explicaciones que le deben el presidente y el vicepresidente de la República a la población sobre la denominada “Caja 2″ de las campañas primaria y presidencial de 2018 y 2019, respectivamente, en la que hay indicios de situaciones que merecen, al menos, una investigación. Igualmente, es tan preocupante como alarmante el hecho de que un socio del vicepresidente tenga a un allegado al que una indeseada minera le paga o le pagó una estrafalaria cantidad de dinero al mes, a cambio de servicios sin trascendencia. El vicepresidente eludió responder sobre su participación y la de una de sus sociedades en la “Caja 2″ de la campaña del PRD o sobre sus excompañeros de la mina de Petaquilla; sobre las triangulaciones de fondos y las donaciones que habría recibido y depositado en cuentas de sus empresas, y sobre la participación de su socio en un esquema para enmascarar donaciones de una cuestionada empresa que, a la sazón, es de las favoritas del Ministerio de Obras Públicas. Tampoco ha respondido sobre el misterioso contrato de Cerro Quema. ¿Alguna vez se molestará en dar esas explicaciones? ¿Cómo saber si en las campañas de 2023 y 2024 no ha hecho lo mismo? Por mucho menos, la Fiscalía Electoral tendría que haber iniciado una investigación. En cambio, prefiere cruzarse de brazos, como siempre.
Redacción de La PrensaHace 3 años‘REALITY’. Si a usted le gustan las series y novelas de intriga, codicia, sobornos y millonarios contratos estatales, no necesita afiliarse a un servicio de streaming: puede entretenerse con la lectura de la sentencia de la juez Baloisa Marquínez sobre el caso Blue Apple. Estos fallos están alcanzando unos niveles de realismo sin precedentes, al punto de que la juez transcribió las “amenazas y presiones” que recibió un contratista del Estado que, en el año 2011, se negó a pagar el 10% del valor de su contrato a un testaferro del entonces viceministro de Vivienda, Jaime Ford Castro. El contratista declaró que recibió el mensaje de “que podrían sacarle la ch…”, entre otras muestras de desafecto, si no pagaba la coima. Al final, aceptó y contó con lujo de detalle cómo el testaferro le acompañó al banco y le presentó al ejecutivo que recibiría y blanquearía ese dinero. Pocos testimonios pueden ser tan contundentes como ese.
Hace 3 añosComo se esperaba, el caso Blue Apple –en el que varios ministros del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) recibieron coimas, según un fallo conocido el pasado lunes– no es ninguna persecución política. Si hubo persecución es la que entablaron esos acusados contra los medios cuando estos exponían sus casos ante la opinión pública.
Hace 3 añosChiriquí, Bocas del Toro y parte de la provincia de Veraguas siguen aisladas, con bloqueos en la carretera Interamericana, liderados por grupos de las comarcas, gremios docentes, sindicatos y los oportunistas de rigor, que nunca faltan. Y en esto hay factores que despiertan suspicacias: por un lado, estos grupos siguen en las calles sin que nadie les fastidie su protesta y, por el otro, la Policía Nacional contempla estas provocaciones, sin inmutarse.
Redacción de La PrensaHace 3 añosEXCUSA. A Rafael Mezquita, “coordinador de planes y programas” en la Presidencia, le parece correcto que Gaby Carrizo guarde silencio sobre la crisis que vive el país desde que se aprobó el contrato con Minera Panamá, S.A. Según Mezquita, Carrizo “tiene que mantenerse al margen, es un político buscando la Presidencia”. ¿Desde cuándo la candidatura presidencial es un blindaje? Carrizo aspira a dirigir el país por cinco años más, pero no es capaz de dar explicaciones. En su caso es más grave, dado que ha sido una de las personas más señaladas de tener vínculos con la concesión en Donoso.
Rafael Sabonge (izq) y José Alejandro Rojas Pardini.
Rolando Rodríguez B.Hace 3 años“Los partidos políticos mienten… Cuando tenemos un informe [de financiamiento electoral] en frente, sabemos que ese informe es mentira, que la mayoría de la información que está allí puede ser cierta, pero que le falta un montón de otra información”.
Hace 3 añosMientras la Policía Nacional intenta despejar la Interamericana –escenario de cierres que por semanas mantuvieron aisladas a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro– cabe preguntarse sobre las consecuencias de estos bloqueos, los que incluso han ocasionado muertes. Las pérdidas económicas han sido cuantiosas y también hay consecuencias para la juventud, privada de recibir clases tras una prolongada pandemia que la dejó meses confinada en casa, o para los pacientes de enfermedades crónicas que perdieron citas, tratamientos y medicinas. También para los productores –grandes, medianos y pequeños– que perdieron cosechas, dinero y tiempo invertido, y para el comercio, que apenas se recupera de los efectos del cierre por la pandemia. La dirigencia de los grupos de presión en estos últimos días, pese a haber logrado victorias importantes, como la moratoria minera y que se hayan presentado demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406, han sido poco responsables en sus últimas convocatorias. Incluso, han atacado a periodistas y medios, sencillamente porque no quieren que se sepan las consecuencias de su obcecación. No reconocen una victoria ni sintiéndola ni explicándosela.
Hace 3 años¿Quién se hace responsable de las pérdidas de las cosechas, de la leche, de las clases, de las citas médicas, de los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas y/o letales, de medicinas, de empleos y hasta de empresas? ¿Quién es el responsable de que se pierdan vidas en los tranques, cierres de vías u hospitales por falta de insumos? ¿Quién se hace responsable de la anarquía y el caos que aún reina en el occidente del país; de la pérdida de decenas de millones en el comercio local e internacional? Si la Policía Nacional no puede con la tarea de “proteger y servir”, entonces, ¿por qué sigue operando esa institución? ¿Es que acaso solo sirve para prender la sirena y darle paso a funcionarios incompetentes, incapaces de asumir y cumplir con las funciones que les exige la ley? La responsabilidad de las muertes, los actos vandálicos y las violaciones a la libre circulación deberían ser atribuidas a los personeros del Gobierno encargados de la seguridad nacional, sin olvidar al presidente de la República, que parece que todavía vive en una burbuja y no se entera de nada. Su delfín se ha perdido de los actos en los que antes, micrófono en mano, decía que hablaba el próximo presidente de la República, y los ministros están tan ausentes como su jefe. Nunca antes el país había estado en manos de gente tan inepta.
Hace 3 añosLa sociedad panameña ha llevado a cabo una larga y agotadora jornada de manifestaciones en rechazo al contrato con la minera de Donoso. Todo el país se sumó a las protestas, que incluyeron el bloqueo de las principales calles y carreteras del país, huelgas y hasta la suspensión de las clases. El Gobierno (que parece que no aprendió nada de las revueltas de julio de 2022) ha tenido que escuchar, por primera vez en muchos años, el clamor popular y ha dado pasos encaminados a cumplir la voluntad de los manifestantes.
