Mónica PalmHace 3 añosNo es ningún secreto que uno de los mayores problemas de Panamá es la corrupción. Teniendo eso en cuenta, sería razonable concluir que difícilmente hay algo peor para el país que un corrupto con una cuota de poder.
Hace 3 añosLa Ley de Contrataciones Públicas es de esas regulaciones que parece hacer aguas desde su aprobación, en el año 2006. Está llena de parches que el Órgano Legislativo suele aprobar con demasiada frecuencia, muchos de ellos importantes. Una de las modificaciones más recientes se hizo en los primeros meses de la pandemia, en 2020, con el fin de eliminar el requisito de la fianza de propuesta en todos los actos públicos cuyo precio de referencia no supere el medio millón de dólares. Este cambio tiene repercusión en el 92% ó 93% de los actos públicos del Estado, pues no sobrepasan esa cantidad. Si originalmente todos los proponentes –sin importar el monto del contrato– tenían que presentar fianza de propuesta, ¿por qué ahora no? Según el Gobierno, eliminar este requisito no perjudica al Estado, pues está cubierto con otras regulaciones. Pero es difícil creerle a los voceros gubernamentales, porque este era un instrumento de control y de obligatorio cumplimiento para todos, mientras que ahora el marco regulatorio ha sido relajado y no todos deben someterse a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el criterio para que unos sí lo cumplan y otros no? Esto causa preocupación, porque siempre parece que se gobierna y se legisla atendiendo un criterio antojadizo, sin argumentos sólidos que lo justifiquen, o para hacerlo a la medida de un grupito.
Hace 3 añosLa Fundación Espacio Cívico hizo un estudio sobre paridad de género en la Asamblea Nacional (AN) y sus hallazgos fueron reveladores, no solo porque tal paridad es prácticamente inexistente. En el estudio salió a relucir que el 82% de los cargos en la AN son “operativos”, mientras que solo el 18% son especializados: técnicos (14%), estratégicos (3%) y legislativos (1%). Estas cifras revelan la pobreza profesional en un órgano estatal que requiere personal altamente especializado, dado que es allí donde se elaboran y discuten leyes complejas y se modifican los códigos. Es probable que lo que pasa en la Asamblea sea el espejo de lo que ocurre con el resto del Gobierno, en el que la mayoría del personal carece de las habilidades que se necesitan en esos cargos, incluidos los de alta jerarquía. Muchos logran un nombramiento solo porque fueron donantes del presidente de turno o son miembros de un partido, pero no por sus méritos académicos o profesionales. ¿Qué pasaría si se hiciera un estudio semejante en el Ejecutivo? Quedaríamos horrorizados, pero explicaría por qué en esta administración hemos dado tantos pasos hacia atrás: porque el país está en manos de políticos y no de profesionales ni de técnicos.
Hace 3 añosLa denuncia de uno de los candidatos presidenciales contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia podría ser el boleto que pondría en el tablero electoral al PRD, ya que actualmente casi está fuera, pues su delfín está bastante lejos de ser puntero. En cambio, el candidato que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional quiere ayudar –sacando de la Corte a la magistrada presidenta– podría ser la solución a su permanencia en el poder. Desempolvar la denuncia deja al descubierto la maniobra, que aunque parezca jurídica, es decididamente política, dadas las convenientes consecuencias para dos partidos que comparten el ADN de la corrupción. Pero, por otro lado, si la institucionalidad de la Corte se fundamenta en la gestión de una sola persona, ello habla muy mal de nuestro sistema judicial, ya que pareciera que solo ella lleva el peso de administrar justicia. ¿Por qué esos dos partidos están preocupados en solo sacarla a ella y no a los demás magistrados? La maniobra de los oficialistas revela el poco interés que tienen en que se haga justicia y que prevalezca el Estado de derecho. Son una casta que solo busca privilegios, dinero e impunidad.
Redacción de La PrensaHace 3 añosCONGELADO. Al PRD solo le falta traer la tarima de Darién para sentarse a contemplar el dime que te diré de Raúl Pineda con José Blandón. Pineda insiste en que el PRD sostuvo varias reuniones para negociar una alianza con el Panameñista, de las cuales al menos seis se celebraron en el Golden Unicorn. Pero a Pineda lo que más rabia le ha dado no es que Blandón reniegue de estos encuentros, sino que -según él- el panameñista se llevó un cooler y todavía está esperando que se lo devuelvan. Blandón seguramente no querrá quedarse jamás con una hielera de Pineda, ya que luego puede ser de interés en una investigación. Seguro la devuelve antes que venga una fiscalía a preguntar por eso.
Mónica PalmHace 3 años¿En que país, una misma persona puede ser candidato presidencial mientras está designada como corrupta por su mayor potencia aliada, condenada a prisión -en primera instancia- en un caso por blanqueo de capitales e imputada en otro?
Hace 3 añosLa advertencia de la calificadora de riesgo Fitch Ratings no es algo para tomar a la ligera. Rara vez una agencia de calificación entra en detalles tan específicos, como mencionar el riesgo que implica reelegir un partido político o la incertidumbre que representa para el país el triunfo de un determinado candidato presidencial. En cuanto al desorden en las finanzas públicas y el presupuesto del Estado, es algo que todos sabemos y que muchos han advertido, pero los gobernantes miran para otro lado, porque, aunque conocen los riesgos, su prioridad es quedarse en el poder, cueste lo que cueste. La calificadora está advirtiendo con tiempo lo que ocurrirá si seguimos por este camino. La población debe aprender a pensar como un colectivo, no individualmente. Lo que es bueno para unos no necesariamente es bueno para todos. En otras palabras, no porque unos se hagan ricos significa que todos los serán. Por el contrario, es posible que se hagan más pobres y todos sabemos a dónde conduce eso. De poco vale tener riqueza en un país inseguro, donde no se puede vivir por el temor y la ausencia de políticas de Estado. La advertencia está sobre la mesa. La decisión, en nuestros votos.
De Izq. a Der.: Alma Cortés, Zulay Rodríguez y Ricardo Martinelli.
Mónica PalmHace 3 añosA partir de hoy, se cuentan los nueve meses de gestación para la llegada del nuevo gobierno. Ya se han concebido las alianzas partidistas, pero eso no significa que la oferta electoral ya tiene todos sus genes.
Rolando Rodríguez B.Hace 3 añosLa semana pasada, en una entrevista que le hizo la periodista Flor Mizrachi al diputado Leandro Ávila (PRD), leí las respuestas más cínicas que he visto.
Hace 3 años“Procedimiento especial” para la carrera administrativa. Con ese término, el PRD nos pretende dejar en herencia a una tanda de funcionarios que han demostrado ser de todo, menos profesionales o competentes para ejercer un cargo público. Sabemos perfectamente cómo se nombran: basta una carta de recomendación de un diputado, donante o dirigente político igual de mediocre para obtener un puesto. Lo que urge es adoptar un mecanismo para contratar personal, en base a sus méritos. De esa forma se podría hacer un balance entre ineptos elegidos por el voto popular y técnicos y profesionales que saben lo que hacen y pueden trazar planes de desarrollo, ejecutarlos y darle continuidad en cada gobierno. Lograr una carrera administrativa basada en la meritocracia le daría legitimidad. Pero tal como está redactado el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de la Presidencia, no hacen falta dos dedos de frente para deducir lo que buscan. Los diputados siguen menospreciando nuestra inteligencia con proyectos que están hechos a la exacta medida del partido gobernante: pretenden quedarse así en el poder, después de perder las elecciones, y que todo el Gobierno sea su cuartel de invierno. A nadie engañan.
