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Hoy por Hoy

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Hace 3 añosEn la víspera de la celebración de las fiestas patrias, las autoridades de educación no han confirmado si los desfiles se realizarán o no. Su silencio pareciera indicar que sí, pues nada se ha dicho en vía contraria, por lo que los padres de familia y los estudiantes que piensan participar en esta celebración deben estar haciendo los gastos de último minuto para completar uniformes, accesorios, instrumentos, etc., aunque hay otros esperando un anuncio oficial de cancelación. Mientras sigan guardando silencio crecerá la incertidumbre… y los gastos innecesarios de personas que, teniendo poco, harán el esfuerzo. La irresponsabilidad de este gobierno no parece tener límites, pues estamos viviendo una crisis social en todo el país que, contrario a lo que se pensaba, está creciendo, y cada día que pasa, más y más gente se suma al movimiento, porque el hartazgo de tanta sinvergüenzura ya desbordó el vaso. Teniendo este escenario en mente, el Meduca debe salir de inmediato a confirmar si habrá desfiles y, de paso, explicar cómo la suspensión de clases afectará el calendario escolar y cuál es el plan a futuro. No pueden dejar todo para el último momento, como siempre lo hacen.
Brunch dominical
Las protestas contra el contrato minero no cesan. EFE

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Mónica PalmHace 3 añosDespués de que el contrato ley de la mina fue refrendado, aprobado, sancionado y promulgado (las tres últimas acciones en un mismo día), era difícil imaginar algo peor.
Hoy por Hoy

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Hace 3 añosUna muy buena noticia para Panamá ha pasado casi inadvertida, dada las persistentes y progresivas protestas en contra del contrato minero y de quienes se empecinaron en hacerlo realidad. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente excluyó a Panamá de su deshonrosa lista de países no cooperadores en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Es un gran logro, pues el país ha estado tres veces en esa lista. La última vez ingresó justo cuando iba a tomar posesión el actual gobierno. Después de cuatro años e importantes adecuaciones a su legislación, logró la anhelada exclusión. Cumple así Panamá con 15 puntos de un plan de acción acordado con el GAFI, conforme a los estándares internacionales. Es un logro que se esperaba desde hace un tiempo y ahora toca aplicar la legislación y demostrar su efectividad no solo en papel, sino también con hechos, que es una de las razones por la que estamos siempre con un pie adentro y otro afuera, según el prisma con que se mire. Una buena noticia, pero con efecto nulo en la actual coyuntura y empañada ante la fuerza de un movimiento que lleva a las calles a más y más gente cada día.
Sábado Picante

Sábado Picante

Rolando Rodríguez B.Hace 3 añosEl contrato minero dejó al desnudo al Gobierno por segunda vez. La primera fue con el de Hutchison. Y no olvidemos que estos pillos también regalaron cientos de millones de dólares con su ley de incentivos turísticos.
Tal Cual

Tal Cual

Redacción de La PrensaHace 3 añosTIERRA ADENTRO. Los opositores al contrato minero tienen sus GPS activados. Ayer, jueves, intentaron llegar a la finca vacuna del presidente en Chagres, Costa Abajo de Colón. La Policía los frenó y circuló un video en el que se ve un helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval, en el que supuestamente evacuaban al personal de la casa.
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Redacción de La PrensaHace 3 añosEl país está bajo una fuerte presión social que empezó con el rechazo al contrato minero, pero al que ahora se suma –como ocurrió con las protestas de julio del año pasado– el descontento general con la gestión gubernamental y la actitud descarada de los diputados. Frente a este caótico panorama, ¿cuál es el plan del Gobierno? Nunca antes fue tan evidente que el país anda sin rumbo, carente de brújula y de planes para encaminarlo. Las autoridades no solo han perdido el control total de la situación, sino que la Policía, en lugar de preservar el orden y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, ha optado por reprimir a la población, como no se veía en este país desde hace muchos años. Desde este medio condenamos enérgicamente el abuso policial que ha quedado documentado en múltiples videos y anécdotas tanto de ciudadanos como de periodistas que cubren las manifestaciones. Las acciones anárquicas de los infiltrados en las protestas no pueden ser la excusa para justificar ningún tipo de abuso. El hartazgo es profundo y con el pasar de los días cada vez será más difícil encontrar una salida a esta crisis. Lo malo es que las consecuencias de esta inacción no solo las paga el presidente, sino el país entero.
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Hace 3 añosEl exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) ha dado una entrevista que evoca el oportunismo, la conveniencia, el clientelismo, el descaro y lo peor de la política criolla. Este cuestionable exfuncionario busca ser diputado por San Miguelito en las próximas elecciones y nada de lo que dice es una buena señal para la gente de ese circuito. Es un candidato que representa más de lo mismo, que quiere ser igual a esos impresentables que dirigen su partido, los mismos que también están impulsando la reelección de representantes condenados en los tribunales. El exadministrador tuvo la oportunidad de elegir otro rumbo, pero prefirió ser parte del zoológico. ¿Le importa la gente de San Miguelito? Evidentemente no; sus votantes solo serán los escalones para encumbrarse. ¿Le importa el país? Si decidió crecer a la sombra de la peor maleantería de la clase política, el país le importa tanto como un rábano. Sus respuestas en la entrevista dejan ver hipocresía; que sabe en lo que se mete, pero que no solo no le importa, sino que le gusta ese ambiente. Si esto es todo lo que puede ofrecer el partido gobernante en 2024, la política y nuestra democracia tienen muy pocas esperanzas de un cambio real y positivo.
Brunch dominical
José Raúl Mulino (Izq.), con Ricardo Martinelli y Marta de Martinelli. LA PRENSA/Agustín Herrera

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Mónica PalmHace 3 añosNo es ningún secreto que uno de los mayores problemas de Panamá es la corrupción. Teniendo eso en cuenta, sería razonable concluir que difícilmente hay algo peor para el país que un corrupto con una cuota de poder.
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Hace 3 añosLa Ley de Contrataciones Públicas es de esas regulaciones que parece hacer aguas desde su aprobación, en el año 2006. Está llena de parches que el Órgano Legislativo suele aprobar con demasiada frecuencia, muchos de ellos importantes. Una de las modificaciones más recientes se hizo en los primeros meses de la pandemia, en 2020, con el fin de eliminar el requisito de la fianza de propuesta en todos los actos públicos cuyo precio de referencia no supere el medio millón de dólares. Este cambio tiene repercusión en el 92% ó 93% de los actos públicos del Estado, pues no sobrepasan esa cantidad. Si originalmente todos los proponentes –sin importar el monto del contrato– tenían que presentar fianza de propuesta, ¿por qué ahora no? Según el Gobierno, eliminar este requisito no perjudica al Estado, pues está cubierto con otras regulaciones. Pero es difícil creerle a los voceros gubernamentales, porque este era un instrumento de control y de obligatorio cumplimiento para todos, mientras que ahora el marco regulatorio ha sido relajado y no todos deben someterse a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el criterio para que unos sí lo cumplan y otros no? Esto causa preocupación, porque siempre parece que se gobierna y se legisla atendiendo un criterio antojadizo, sin argumentos sólidos que lo justifiquen, o para hacerlo a la medida de un grupito.
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Hace 3 añosLa Fundación Espacio Cívico hizo un estudio sobre paridad de género en la Asamblea Nacional (AN) y sus hallazgos fueron reveladores, no solo porque tal paridad es prácticamente inexistente. En el estudio salió a relucir que el 82% de los cargos en la AN son “operativos”, mientras que solo el 18% son especializados: técnicos (14%), estratégicos (3%) y legislativos (1%). Estas cifras revelan la pobreza profesional en un órgano estatal que requiere personal altamente especializado, dado que es allí donde se elaboran y discuten leyes complejas y se modifican los códigos. Es probable que lo que pasa en la Asamblea sea el espejo de lo que ocurre con el resto del Gobierno, en el que la mayoría del personal carece de las habilidades que se necesitan en esos cargos, incluidos los de alta jerarquía. Muchos logran un nombramiento solo porque fueron donantes del presidente de turno o son miembros de un partido, pero no por sus méritos académicos o profesionales. ¿Qué pasaría si se hiciera un estudio semejante en el Ejecutivo? Quedaríamos horrorizados, pero explicaría por qué en esta administración hemos dado tantos pasos hacia atrás: porque el país está en manos de políticos y no de profesionales ni de técnicos.

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