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Con cinco votos a favor y una abstención la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decidió suspender formalmente el proyecto de ley 8 que reformaba algunos artículos del Código Electoral y que fue impulsado por diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El proyecto, de acuerdo a la comisión, sería incorporado al paquete de reformas electorales que presentaron el pasado 2 de septiembre los magistrados del Tribunal Electoral (TE) y miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
La propuesta suspendida establecía modificar los artículos 342 y 347 del Código Electoral para que el TE entregue las credenciales a los candidatos que no están directamente señalados en la impugnación de su circuito.
También aspiran a que cuando el TE determine que una elección estuvo viciada, se proclame como ganador al candidato que le siguió en votos al impugnado, según los resultados de las elecciones pasadas.
Actualmente, el Código Electoral contempla en los artículos mencionados la celebración de nuevas elecciones cuando se compruebe ilegalidad en una votación, y así mismo retiene las credenciales de los candidatos ganadores en un circuito que fue impugnado.
En estos momentos la Asamblea Nacional funciona con 57 de sus 71 diputados, ya que 9 de CD fueron impugnados y otros 5 que ganaron no se les ha entregado sus credenciales por la impugnación en el circuito.
ZULAY SE ABSTIENE
Zulay Rodríguez, diputada del PRD, se abstuvo durante la votación porque, a su juicio, no es viable que se le entregue la credencial a una persona que se le compruebe que utilizó recursos públicos para favorecerse.
De acuerdo con Rodríguez, quien pudo observar ayer la audiencia contra Carlos Afú, diputado proclamado de CD, cree que los magistrados del TE fallarán contra él y convocarían a nuevas elecciones.
Sin embargo, dijo, Afú tendrá otra oportunidad de postularse nuevamente, y esa gente que ayudó volverá a votar por él. “Y espero equivocarme”, sostuvo.
Votaron a favor los diputados Luis Barría, Luis Eduardo Quirós, del Partido Panameñista; Pedro Miguel González, Leandro Ávila, del PRD, y Ana Matilde Gómez, diputada independiente.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó esta mañana el proyecto de ley 56 sobre el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2015.
El presupuesto asciende a $19,566.4 millones, $1,803 millones más que el aprobado en la ley del año anterior.
El titular de la cartera, Dulcidio de la Guardia, dijo que "el presupuesto está enfocado en cumplir con los pilares del plan de gobierno" de Juan Carlos Varela, que tiene como objetivos principales reducir el costo de la canasta básica para lo que "se ha duplicado el presupuesto de inversiones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario", incrementar los niveles de seguridad en los barrios, proveer de sanidad básica y mejorar las condiciones de vivienda, transporte y educación.
El presupuesto se elaboró sobre la base de un crecimiento económico en términos reales de 6.5% y una inflación de 4.3%.
El producto interno bruto (PIB) nominal ascenderá a $52,565 millones y el déficit fiscal será de $1,049 millones, el equivalente al 2% del PIB, exactamente el límite que marca la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para el próximo año. Los ingresos corrientes del sector público ascenderán a $12,662 millones.
Los ingresos tributarios totalizarán $8,900 millones y se espera, dijo el ministro, que se dé una correlación directa entre la evolución de los ingresos tributarios y el crecimiento económico.
Por el contrario, se prevé una disminución de los ingresos no tributarios del 7% en comparación con el presupuesto modificado de 2014. Esto es producto de una caída de 17% en los dividendos de las empresas del Estado, que pasarán de $990 millones en 2014 a $826 millones en 2015.
En el lado de los gastos, al funcionamiento del Estado se destinarán $9,410 millones, un 48% del total, a inversiones $7,819 millones (40%) y al servicio de la deuda $2,337 millones, un 12% del total.
El servicio de la deuda experimenta un aumento del 64.1% en comparación con 2014 producto de la amortización prevista del bono Panamá 2015, que vence el próximo año.
La mayor parte de los diputados que hicieron uso de la palabra mostraron su desacuerdo por cómo ha procedido el Ejecutivo con el recorte de gastos para el cierre de 2014, ajuste por $590 millones que hará que el déficit fiscal no se eleve más.
Lamentaron que la comisión encargada de aprobar el presupuesto de la Nación no fue informada ni consultada sobre el recorte anunciado.
El presidente de la comisión, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, recordó que, aunque existe un pacto por la gobernabilidad, el Partido Panameñista es minoría en la comisión.
Las vistas presupuestarias, en las que cada institución del Estado sustentará sus cuentas ante la comisión de presupuesto, comenzarán el próximo 23 de septiembre y se extenderán hasta el 23 de octubre.
El diputado panameñista y presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, informó hoy que antes que termine el periodo de sesiones ordinarias, el 31 de octubre próximo, se escogerá al nuevo contralor general.
Valderrama dijo a La Prensa que se busca una figura “independiente”, conocedora del tema y “que sea valiente porque el escenario que viene no va ser fácil”.
Enfatizó que estos planteamientos formaron parte de las campañas tanto del hoy presidente Juan Carlos Varela y de su rival en las elecciones de mayo pasado, el perredista Juan Carlos Navarro.
Si el contralor no es escogido antes del 31 de octubre, el proceso se tendrá que realizar en sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, antes del 31 de diciembre. Actualmente, los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático (PRD) tienen un pacto de gobernabilidad en la Asamblea, donde –juntos- son mayoría.
La escogencia del contralor es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Según Valderrama, lo que se busca es fortalecer la democracia y la institucionalidad, para que “que no quede en discurso ni en teoría sino que se ponga en práctica”.
Remarcó que es preciso anteponer los intereses del país. Aunque no mencionó nombres, el diputado Leandro Ávila y el ex legislador, Bernabé Pérez –ambos del PRD- han exteriorizado sus aspiraciones por dirigir la Contraloría, a partir de enero de 2015, en reemplazo de Gioconda Torres de Bianchini. Pérez incluso está visitando a los diputados, para pedirles apoyo.
Valderrama se refirió también a la designación del procurador general de la Nación, toda vez que a Ana Belfon se le vence su periodo el 31 de diciembre próximo.
En este caso, el Ejecutivo designa y el Legislativo, ratifica. “Viendo la gestión de los últimos cinco años, la Procuraduría General de la Nación es una entidad que debe ganar credibilidad que sea por diez años y que refortalezcan la herramientas para que haga la labor necesaria”, opinó.
Belfon ha pedido cortesía de sala a los diputados. Todavía no se ha fijado una fecha para ello.
PACTO DE GOBERNABILIDAD
Valderrama también se refirió al pacto con el PRD, cuyo objetivo es –según él– defender los intereses del país, y no de los partidos políticos. Si el pacto se aparta de este principio –alega–, no continuará.
“Soy optimista con el pacto de gobernabilidad, porque tiene que haber diferencias. No tenemos que estar de acuerdo en todo… tiene que haber debate”, dijo.
Los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia exigieron a la Asamblea Nacional que “actúe con transparencia” para que las bancadas identifiquen los nombres de los candidatos propuestos para ser el próximo contralor o contralora de la República.
Vea la entrevista completa en el video que acompaña esta información.
Los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia exigieron a la Asamblea Nacional que “actúe con transparencia” para que las bancadas identifiquen los nombres de los candidatos propuestos para ser el próximo contralor o contralora de la República.
La organización, que se pronunció anoche tras una reunión en el Colegio Nacional de Abogados mediante un comunicado, además pidió al Órgano Legislativo la apertura de un período para recibir hojas de vida de ciudadanos que quieran autonominarse o ser postulados por grupos de la sociedad civil para contralor.
También consideró importante que el tiempo para el escrutinio sea de por los menos 15 días antes de ser sometido a votación, para que exista la oportunidad de analizar las propuestas de todos los aspirantes.
PRECEDENTE NEGATIVO
El comunicado destaca que es necesario evitar “que se repita nuevamente la historia de un contralor sumiso que no es capaz de detener el despilfarro y mal uso de los fondos públicos” , lo que trae como consecuencia que la institución responda a los intereses del Presidente o del partido en el gobierno y no a los de los ciudadanos.
En el encuentro de anoche se hicieron alusiones a las omisiones en cuanto a fiscalización del gasto público y suministro de información por parte de la actual contralora Gioconda Torres de Bianchini, designada por el entonces presidente Ricardo Martinelli.
Uno de los participantes, Horacio Icaza, del Movimiento Independiente, manifestó que era necesario reconstruir la entidad, ya que Torres de Bianchini había destruido la carrera institucional destituyendo a personas con experiencia y gran trayectoria. Dirigentes como Alberto Quirós Guardia, Guillermo Márquez A., Miguel Antonio Bernal y José Alberto Álvarez también hicieron uso de la palabra.
ALTO PERFIL
“El país necesita al frente de la Contraloría General de la República a un ciudadano o ciudadana panameña que tenga una conducta intachable, que vele por los intereses de todos los habitantes de la República y que investigue todo lo ocurrido durante la administración de la contralora Gioconda de Bianchini” estipula el comunicado, recomendando que, además de los requisitos constitucionales, la persona designada por la Asamblea debe acercarse al siguiente perfil: tener solvencia moral e idoneidad ética, no tener conflicto de intereses con ningún miembro del Consejo de Gabinete, ni de esta o la pasada administración gubernamental y no ser o haber sido miembro de la Asamblea Nacional, ya que el Órgano Legislativo es la autoridad nominadora.
Actualmente, el diputado perredista Leandro Ávila aspira a convertirse en candidato para contralor.
INCIDENCIA CIUDADANA
Para la Alianza, la ciudadanía no solo debe ser llamada a consultas cuando ya se haya acordado un nombre entre los miembros de las bancadas y los partidos políticos, como una mera espectadora, ya que “esto es contrario a la democracia participativa y al principio de transparencia y buen gobierno”.
La Alianza Ciudadana es una red de organizaciones de la sociedad civil, fundada en el año 2000, dedicada a promover la reforma de la justicia y a motivar la participación ciudadana.
