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La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, insistió este viernes, 13 de junio, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe investigar las denuncias públicas que hizo –en marzo pasado– el exjuez penal Alexis Ballesteros.
Ballesteros denunció penalmente a los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, de coaccionarlo para emitir fallos contrarios en derecho, a fin de favorecer a allegados al presidente Ricardo Martinelli. También incluyó al administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah.
La denuncia fue archivada esta semana por la Comisión de Credenciales de la Asamblea.
La CSJ abrió un proceso disciplinario de Sáenz y Mendieta, luego de que la Alianza Ciudadana Pro Justicia y Corporación La Prensa enviaron notas por separado, pidiendo explicaciones por los señalamientos de Ballesteros sobre posibles actos de corrupción judicial.
Sáenz y Mendieta –además de suplentes de los magistrados Harry Díaz y Hernán De León, respectivamente– son magistrados principales en el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, por tanto, subalternos de la CSJ.
Castillo –que fue citada a rendir una declaración jurada sobre éste tema– está en contra del proceso disciplinario que adelanta la Corte, ya que las acusaciones de Ballesteros describen conductas penales que no son meras “faltas”.
“Sentíamos que esto no era necesario ni conveniente”, dijo Castillo, refiriéndose a la citación hecha por el magistrado ponente Harry Díaz.
Castillo enfatizó que Ballesteros denunció “conductas contrarias a la ética judicial”. Agregó que si bien la Asamblea Nacional ya archivó la denuncia que presentó Ballesteros, la Corte no debe hacer lo mismo. En otras palabras, que “no se archive como si nada hubiese pasado”, remarcó.
En tanto, el presidente de Corporación La Prensa y Editorial por la Democracia, Luis Navarro, acudió esta tarde a declarar a la Corte Suprema de Justicia en el proceso disciplinario contra los magistrados del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (Sáenz y Mendieta).
Navarro acudió a declarar en compañía del abogado Jair Urriola y fue citado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz.
(Con datos de Rubén Polanco y Manuel Vega Loo)
La detención que ordenó la Procuraduría General de la Nación al exasambleísta ecuatoriano Tito Galo Lara Yépez, de 46 años, y que fue concretada el pasado lunes en Soná, provincia de Veraguas, fue declarada legal por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Esta decisión se dio ayer al concluir una audiencia de control de legalidad de la detención y estuvo a cargo de los magistrados José Ayú Prado, Luis Mario Carrasco y Wilfredo Sáenz.
Lara Yépez fue puesto a órdenes de la Cancillería de Panamá, que desde hoy miércoles, tiene 45 días para decidir si accede a la extradición del exdiputado solicitada por el Gobierno de Ecuador el pasado 21 de mayo.
Dos días antes, Panamá revocó el asilo territorial que había dado a Lara Yépez en octubre de 2013.
sin prueba de refugio
Tras deliberar por 40 minutos, el magistrado ponente José Ayú Prado dio el veredicto, indicando que a Lara Yépez no se le habían violado sus derechos.
Entre los fundamentos de los magistrados está el hecho de que la orden de detención la emitió una autoridad competente y que la pena de muerte no es aplicable en la condena que se le impuso en Ecuador.
Javier Quintero, abogado de Lara Yépez, pidió que se declarara ilegal la detención.
Los magistrados no analizaron la solicitud de refugio que dijo haber pedido Lara Yépez, debido a que no se presentó ningún documento que probara esa petición.
Lara Yépez tuvo oportunidad de hablar ante los magistrados en la audiencia. Con voz quebrada reiteró que en Ecuador lo estaban esperando para asesinarlo, porque es un perseguido político del gobierno de Rafael Correa.
Otra audiencia
Hoy miércoles se llevará a cabo otra audiencia en la Sala Penal para decidir la petición hecha por Quintero de que le devuelvan los bienes decomisados a Lara Yépez al momento de su captura.
Greta Marchosky, fiscal de Asuntos Internacionales de la Procuraduría de la Nación, informó que al momento de ser detenido, el exdiputado tenía tarjetas de crédito, $914 en efectivo, seis celulares y una tableta.
La funcionaria negó que el caso tenga matiz político y señaló, además, que al exdiputado no le aplica el beneficio de refugio porque el delito es grave.
El canciller panameño Francisco Álvarez De Soto presentó ayer una denuncia penal en la Procuraduría de la Nación, por amenazas en su contra a raíz de la revocatoria del asilo al exasambleísta ecuatoriano Tito Galo Lara Yépez.
El canciller llegó a las 11:30 a.m. acompañado por una funcionaria de Asesoría Legal. Álvarez De Soto se reunió con la procuradora de la Nación, Ana Belfon, y el secretario general Ramsés Barrera.
Barrera explicó que el canciller dijo haber recibido amenazas a través de una cuenta de la red social Twitter y a través de una persona (no mencionó nombre) en un canal de televisión local. En la denuncia no señala nombres, pero advierte que el irrespeto vino de un extranjero. Como pruebas aportó documentos e imágenes que copió en su computadora.
Elio Núñez
“Van a tener que responder ante la justicia internacional, porque lo que están cometiendo es aberrante, se trata de una persecución atroz, un caso claramente político”, dijo el abogado Pedro Granja, esta mañana, en Telemetro Reporta.
Granja aseguró que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador dictó una sentencia confirmando el estado de inocencia de Lara, por lo que las autoridades panameñas no debieron revocarle el asilo al exlegislador ecuatoriano.
De la única manera –explicó Granja– que el gobierno panameño podía revocarle el asilo político otorgado al exasambleísta en octubre de 2013 era en el caso de que éste llamase a la rebelión en Ecuador o a un movimiento subversivo para derrocar al presidente Rafael Correa.
Por su parte, el abogado José Nelson Brandao dijo que la acción ejecutada por el gobierno panameño contra Lara repercute en un crimen de lesa humanidad.
“Los últimos 23 días de gobierno, por lo menos, defiendan la dignidad internacional de Panamá”, pidió Brandao a los funcionarios locales.
En tanto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá realizará hoy miércoles la audiencia de extradición al exdiputado opositor de Ecuador. Fuentes del Órgano Judicial dijeron que la audiencia se llevará a cabo a las 4:00 p.m.
Con información de Elio Núñez, de La Prensa.
