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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 añosPor los corrillos de la Corte Suprema de Justicia se rumora que circula un proyecto de fallo que declararía que la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, no ha cometido desacato por negarse a entregar la información sobre las partidas y contratos de la Asamblea Nacional. De ser cierto, esto puede ser un indicio del pacto de impunidad existente entre la Corte Suprema y la Asamblea. La diputada Ábrego ha utilizado todo tipo de maromas y estratagemas para evitar dar a conocer la información del uso de los dineros del Estado por parte del órgano que ella preside. La Prensa solicitó esta información con el detalle que la Ley de Transparencia exige, sin embargo, una y otra vez se nos negó el acceso a estos datos públicos e, incluso, se quiso derogar esta ley por medio de un absurdo recurso judicial. Es una desfachatez que el máximo tribunal pretenda decir que la diputada cumplió con la norma, cuando a la misma Corte le consta que ese no es el caso. De esta manera, este tribunal puede hacerse cómplice del latrocinio de millonarios fondos que le pertenecen a todos los panameños. Así se premian los desacatos de los poderosos: con la impunidad.

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Hace 8 añosAyer, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, no se sabe si con el propósito de tachar el punto de su lista de promesas incumplidas o de retar a la Asamblea, el presidente Varela revivió la reforma constitucional: anunció que consultaría sobre la posibilidad de añadir a la consulta del 5 de mayo una pregunta sobre la mejor manera de llevarla a cabo. Hizo el anuncio sin haber consultado al Tribunal Electoral acerca de su viabilidad. Prefirió hacerlo con posterioridad al acto en la Asamblea, en una visita que tuvo más de espectáculo que de sustancia. La ligereza con que el presidente ha manejado el tema es alucinante. Lo incluyó entre sus promesas de campaña, pero nunca demostró convicción ni compromiso con la reforma. De hecho, la engavetó hasta que, presionado por las circunstancias, instruyó al ministro de la Presidencia para que realizara unas consultas, consultas cuyos resultados nunca se conocieron. Si su iniciativa pasa, le estará garantizando a su sucesor, y de paso al país, una bienvenida plagada de incertidumbre e inestabilidad. Si no, podrá decir que lo intentó. Así de fácil, así de inconsecuente y politiquero.

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Hace 8 añosEl presidente de la República, Juan Carlos Varela, se dirigirá en el día de hoy al pleno de la Asamblea Nacional, para presentar el último informe de su gestión como mandatario del país. Este no es el momento para realizar un conjunto de promesas vacías, o de hacer un listado de los próximos cortes de cinta. En esta ocasión, el presidente debe esbozar una agenda de trabajo que atienda los pendientes de mayor importancia y urgencia para la economía y la institucionalidad del país. Al mismo tiempo, el país entero espera que los diputados salven la poca dignidad que les queda y actúen con un mínimo de decencia, y le den curso de forma patriótica a los debates y las votaciones necesarias para la buena marcha del Estado. Un mes de enero de 1990, el presidente Guillermo Endara tuvo que convocar a todos los sectores del país para reconstruir a una nación en ruinas. Otro mes de enero, pero de 1964, el presidente Roberto F. Chiari cambió la historia cuando unió a la nación entera para reaccionar como estadista a la crisis del 9 de enero. Ese es el grado de compromiso y convicción que merecemos los panameños en esta coyuntura tan trascendental para el futuro de nuestro país.

Hoy por hoy

Hace 8 añosEn esta fecha se inicia un nuevo año cargado de incertidumbres y de aspiraciones nacionales que deben ser atendidas. Este es el vigésimo año de la reversión del Canal a manos panameñas, y es a su vez el trigésimo año de nuestra frágil democracia. Cada quinquenio, las expectativas de cambio y la sed de justicia, junto con el anhelo de un gobierno eficiente y transparente, se convierten en el motivo fundamental que impulsa a los panameños a escoger a sus nuevos gobernantes. Este año, la crisis acumulada de la justicia, los abusos cometidos por los diputados, la falta de rendición de cuentas del Órgano Ejecutivo, y las grandes tareas de la educación, la seguridad social, el empleo y la salud nos obligan a todos y cada uno de los ciudadanos a actuar de forma responsable con nuestro voto. Panamá es un país que no tiene excusas que justifiquen sus indicadores sociales y la fragilidad institucional. Es nuestro destino alcanzar la grandeza, pero solo lo podemos hacer con instituciones fundamentadas en el Estado de derecho y el trabajo honesto. ¡Feliz Año Nuevo!

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Hace 8 añosEn Panamá, los programas de subsidios gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cubren a más de 200 mil beneficiarios y representaron aproximadamente $59 millones para 2018. Pese a estos desembolsos millonarios, Panamá se caracteriza por una enorme desigualdad económica y una pobreza extrema que alcanza al 9.9% de la población. Es vital para el adecuado funcionamiento de estos programas que se valide que los beneficiarios reales los están aprovechando correctamente, y que las transferencias económicas no se convierten en nuevas cadenas para mantener a esta población vulnerable en una situación de dependencia, o sujetos a la manipulación del clientelismo. El Mides ha depurado los listados de los beneficiarios para proteger que los fondos públicos no sean dilapidados, como sucedió en el pasado, pero a la población también le corresponde poner de su parte y hacer uso correcto de estos recursos. Si bien ningún país puede crecer de manera sostenida con inequidad, la mejor política social es aquella en la que el Estado maneja sus recursos con transparencia y eficiencia, fijando límites y plazos para los subsidios que otorga. Este es un buen inicio para que la pobreza sea cosa del pasado.

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Hace 8 añosEl año 2018 le deja al país una deuda imperdonable en materia de lucha contra la corrupción. Por un lado, los proyectos de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil y la extinción de dominio sobre bienes cuyo origen no puede ser justificado, quedaron engavetados en una comisión de la Asamblea Nacional. Por el otro, el Ejecutivo quedó en mora con varias iniciativas prometidas en campaña y tampoco dio curso a los cinco proyectos de ley que hace más de dos años elaboró la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿A qué le tiene miedo nuestra clase política? Más que gobernantes preocupados en proteger los intereses públicos y buscar el bien común, pareciera que la intención es mantener el statu quo de impunidad. Hasta que los panameños no entendamos que la corrupción en todas sus formas es el impuesto más caro que existe, porque se paga en vidas perdidas por falta de medicamentos, destinos truncados por carencia de educación o una sociedad subsidiada en todas sus formas o cargada de pobreza por los sobreprecios de las contrataciones públicas, el despilfarro y la desfachatez continuarán. En 2019 somos los ciudadanos los que debemos exigir que se retome esta agenda, y actuar consistentemente en las urnas, el próximo 5 de mayo.

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Hace 8 años

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Hace 8 añosEn teoría, los partidos políticos son organizaciones que buscan ejercer el poder público para desarrollar un programa de gobierno, de acuerdo con su ideología. Las alianzas electorales se hacen entre partidos o movimientos que tengan afinidades o propósitos comunes. En la recta final de la conformación de la oferta electoral para las elecciones del 5 de mayo de 2019, el escenario está caracterizado por variopintas uniones de conveniencia de organizaciones que históricamente fueron adversarias, o que postulan programas ideológicos disímiles. Nada de eso importa. Frente a una realidad electoral fragmentada, todos los votos suman, y por lo tanto, no hay nada escrito en piedra: las alianzas electorales en ciernes son el resultado de décadas de demagogia y de pactos de impunidad. Frente a las grandes cuestiones nacionales, escasean las propuestas y se evidencia la falta de principios como una parte esencial de los acuerdos electorales. Los grandes partidos políticos nos demuestran una vez más que ellos ya dejaron de ser parte de la solución de nuestros problemas, y se han convertido en una de sus causas. El país no tolera más juega vivo.

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Hace 8 añosDesde que tomó posesión el 1 de julio de 2014, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, debía saber que el 31 de diciembre de 2018 vencía el término del fiscal electoral. No obstante, el nombramiento del reemplazo de Eduardo Peñaloza no fue incluido dentro de la lista de temas a considerar en la agenda de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. Es evidente que los diputados, incluyendo a los de las bancadas del gobierno, no tenían la intención de deliberar sobre ninguno de los temas cruciales que necesita el país, pero el presidente tenía que hacer su tarea. Mientras se acumulan las vacancias en cargos clave para la justicia del país, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han actuado de forma responsable. En los albores de un nuevo proceso electoral, nos quedaremos, salvo que ocurra un milagro, con un fiscal electoral poco competente y cómplice del abuso de fondos públicos para campaña política. Este fiscal es un verdadero encubridor. Ha dejado en la indefensión al país y, como premio, permanecerá en el cargo mientras tengamos un presidente que no toma decisiones y un circo como Asamblea Nacional.

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Hace 8 añosLos problemas de la Caja de Seguro Social son múltiples, interdisciplinarios y requieren soluciones creativas y urgentes. Las manos de la política deben salir rápido de allí, antes de que esta institución colapse por los abusos y la mala gestión. Mientras tanto, hay asuntos que no esperan, como son los tratamientos para enfermedades crónicas que los pacientes necesitan mantener a mano. No hay palabras que puedan describir lo inhumano que es para una persona que toda la vida pagó puntualmente sus cuotas, de forma obligatoria y en muchas ocasiones más allá de lo que le correspondía, llegar a una farmacia y que le informen que sus medicamentos no están a la mano porque no se han podido comprar. Las consecuencias son devastadoras para aquellos que no tienen con qué comprar sus medicinas. De ahí que es responsabilidad de la junta directiva y del director de la entidad encontrar lo antes posible los mecanismos que garanticen a los asegurados acceso a sus medicamentos, pues el problema no es el dinero, sino la voluntad. A la larga, la salud es lo único con lo que cuenta un ser humano, y arrebatársela por negligencia es tan inhumano como cruzarse de brazos para verlo morir.

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