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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 añosLa Interpol, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Transparencia internacional elaboraron 28 recomendaciones para mejorar la lucha contra la delincuencia organizada. Algunas de estas recomendaciones son conocidas, porque la sociedad civil organizada, sobre todo en el seno de la Comisión de Estado por la Justicia, las ha venido reclamando desde hace años, como la eliminación de jueces interinos, la existencia de un sistema de monitoreo del patrimonio de los funcionarios y reformas al funcionamiento del sistema de justicia penal, que incluye que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sea separada de la estructura de la Policía Nacional, para garantizar una mayor independencia de las pesquisas. Se recomienda también que el presupuesto anual asignado al Órgano Judicial sea el equivalente a no menos del 5% -y no el 2% actual- del presupuesto general del Estado, y que tanto jueces como fiscales y demás agentes de investigación sean constantemente capacitados y reciban una protección efectiva por su vital rol en el combate del crimen organizado, y que además existan los mecanismos de supervisión de la integridad de este personal, sobre todo el de las altas esferas de cada institución. En otras palabras, si queremos justicia de verdad, las entidades de este sector no pueden seguir actuando como lo hacen ahora.

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Hace 8 añosPanamá es un país que debe su éxito como nación a la visión de los fundadores de la República de fomentar el capital humano becando a los jóvenes más talentosos. Este esfuerzo se repitió en varias ocasiones durante nuestra historia, creando generaciones de profesionales sobre cuyos hombros descansan la prosperidad y el bienestar del país. ¿Para qué deben servir las becas? Estas herramientas son claves para la formación de una meritocracia y para la movilidad social de los panameños. La forma partidista y el reinado del tráfico de influencias que han caracterizado al otorgamiento de becas, sobre todo por diputados y representantes de corregimiento, deben llevarnos a la profunda reflexión, que ante un Estado con recursos escasos, las becas deben ser administradas con orden y transparencia. Despilfarrarlas en el festín del amiguismo y del compadrazgo puede hacernos perder un futuro brillante. Por todo esto, la Contraloría General de la República y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación deben resolver con la mayor prontitud sus diferencias, y dotar al país de un régimen de becas que siempre premie el talento y abra las puertas a todos los panameños, sin distingo de clase social.

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Hace 8 añosLa fase intermedia del caso de los pinchazos está a punto de concluir. A pesar de los sobresaltos del día de ayer, el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, hizo importantes dictámenes sobre la admisión de las pruebas presentadas por la defensa del expresidente de la República. Estamos próximos a una decisión determinante en este proceso. El pleno de la Corte Suprema de Justicia debe tener conciencia del momento histórico que enfrenta el país. Aquí no hay evasivas que valgan. Incluso, si declinan el caso a un juzgado inferior, nuevamente los recursos judiciales les devolverán el control del tema. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido seriamente cuestionados por sus fallos y su comportamiento como colectivo. El caso de los pinchazos es una oportunidad para demostrar coraje y sobre todo, integridad, aspectos que le han hecho mucha falta al Órgano Judicial. Lo que suceda en Estados Unidos con los hijos del expresidente reitera el desafío del sistema de justicia panameño: ganar la confianza y la legitimidad que le den el respeto de la sociedad y la comunidad internacional.

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Hace 8 añosEn una democracia, el periodismo tiene la tarea fundamental de decirle la verdad a los poderes públicos y privados. No es de sorprender que cuando los políticos se ven cuestionados por el uso de nuestros impuestos o de los bienes públicos, recurran a culpar a los medios de comunicación por la existencia de supuestas campañas, la divulgación fuera de contexto de las declaraciones ofrecidas por el protagonista, o incluso negar que se les haya consultado. El periodismo investigativo, el reportaje crítico o la entrevista acuciosa no son mecanismos de distorsión de la realidad, sino microscopios que exhiben y exponen la verdadera naturaleza del objeto de la noticia. El catálogo de excusas y pretextos tiene tantos lugares comunes, que al final la charlatanería, el descaro o la corrupción terminan usando la misma máscara: la de culpar al mensajero y evitar rendirle cuentas a la sociedad por sus actuaciones.

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Hace 8 añosLa negociación de Ricardo Martinelli con las víctimas de los pinchazos, pese a ser un relajo, es reveladora. El exgobernante siempre ha alegado inocencia por los cargos formulados en su contra en el caso de los pinchazos. Si consideramos seriamente su alegada inocencia, ¿qué hace reuniéndose con las víctimas o sus abogados para llegar a acuerdos económicos? Y no ha sido una vez, sino tres, las veces que ha promovido encuentros con ellos. La primera reunión se concertó cuando él estaba aún en Estados Unidos. La promovieron sus abogados, con la excusa de que sufría cáncer terminal prostático, pero todo terminó cuando le pidieron pruebas de su enfermedad. El segundo intento fue poco después de regresar a Panamá, en julio de este año, pero no prosperó porque le exigieron que debía hacer esa petición en audiencia pública. Y ahora, un tercer encuentro, sin éxito, porque ofreció una indemnización que no satisfizo a las víctimas. Para ser un hombre inocente, resulta muy sospechoso que esté buscando acuerdos de resarcimiento económico, cuando él dice tener la verdad de su lado.

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Hace 8 añosLa trascendencia de lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia no es poca cosa. Se trata de acusaciones serias, sustentadas, que no pueden pasar inadvertidas para los candidatos presidenciales, pues tendrán que hacerle frente, a menos que quieran y puedan vivir en la inmundicia de la corrupción. Oydén Ortega, uno de los magistrados acusados en la venta de fallos, al momento de ser investido magistrado por el entonces presidente Martín Torrijos, en 2008, dijo: “No puede existir una Corte en la que se vendan fallos”. Es decir, sabía que se vendían sentencias en la Corte, pero el sistema parece haberlo vencido y absorbido. A Laurentino Cortizo –el candidato presidencial con mayor simpatía en estos momentos– el tema parece no despertarle mayor interés. Su opinión escueta y sin sentido es prueba palpable de ello. Y, aún así, la dirigencia de su partido pretende nombrar a siete de nueve magistrados si obtiene la victoria en las próximas elecciones. Señor Cortizo, estos son temas de Estado, incómodos, sí, porque es gente de su partido, pero si gana los comicios, gobernará al país, no a su colectivo político. Pero si desde ahora actúa así, es fácil vislumbrar quiénes serán prioridad en su gobierno.

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Hace 8 añosEl mayor problema institucional de Panamá no es la corrupción o el clientelismo. Tampoco el robo descarado de dinero. Es la justicia. Si aquí hubiese certeza del castigo, jueces haciendo su trabajo, con una dosis de valentía, y honradez entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entonces la corrupción sería atajada, los maleantes y coimeros estarían en la cárcel y seguramente el país tendría más progreso. Pero en vez de eso, tenemos bandas organizadas que hacen las leyes a su medida y que nombran a sus juzgadores y para así garantizar complicidades. Y encima, los políticos exoneran a los magistrados cuando estos delinquen. ¿Cómo ganarle la guerra a la corrupción? Nombrar a magistrados y jueces es solo cumplir una formalidad constitucional, pues, en el fondo, muchos de los que ocupan esos cargos no son mejores que esos a los que les toca juzgar. Pero ellos son los que visten o vistieron la toga, como Troyano, Spadafora, Pereira, Almengor, Moncada Luna, Benavides, Ayú Prado y ahora De León y Ortega. Desgraciadamente, esas son las caras de la justicia panameña. La Corte Suprema de Justicia es una fonda donde se regatean y sirven, en platos de cartón, fallos al gusto de los clientes. A cambio, los magistrados esperan el pago por el plato y quizás hasta propina.

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Hace 8 añosSi bien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se divide en cuatro salas –Penal, Civil, Contencioso Administrativo y de Negocios Generales– sus integrantes actúan de manera colegiada, como cuando deben decidir negocios de carácter constitucional. Por ello es inexplicable que no haya habido un solo cuestionamiento a dos de esos magistrados, acusados de poner en venta sus decisiones judiciales, uno de ellos, nada menos que el presidente interino de la CSJ, y el otro, a través de su hijo, plenamente identificado en la actividad corruptiva. En el caso del magistrado Hernán De León, no es la primera vez. Antes admitió a la procuradora de la Nación que lo habían grabado –quién sabe en qué inconfesable asunto– y que era objeto de chantaje para declinar la competencia del proceso seguido a Ricardo Martinelli. Junto con él, ahora el ponente en un fallo sobre este mismo caso –del que depende todo el proceso– es acusado de vender sus decisiones al mejor postor. Pese a ello, los otros siete magistrados nada han dicho. Ni siquiera parece molestarles el hecho de que quien vende su conciencia una vez, lo hará el resto de su vida. ¿Qué credibilidad pueden tener sus fallos, aunque sean en estricto derecho? La reputación de ambos –y la de varios de sus colegas en la CSJ– está irreparablemente manchada. Uno de los magistrados acusados dijo que su honestidad no está “en duda”. Esa etapa ya pasó. Las pruebas en su contra han despejado toda duda, dando paso a la certeza de la inexistencia de su alegada honestidad.

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Hace 8 añosEn los corrillos se hablaba de que el Órgano Judicial estaba a la venta. Y, de tanto en tanto, emergían detalles, como cuando la procuradora general de la Nación contó que un magistrado le había confesado: ¡Me grabaron! ¡Me grabaron! O cuando se conoció de un empresario que quiso denunciar el chantaje de que fue objeto, pero se arrepintió al percatarse de que terminaría inculpado. Ahora se trata de un ciudadano que participó del rejuego y llevó la peor parte, con lo que decidió llevar su testimonio hasta donde fuera necesario. Su versión involucra al hijo de Oydén Ortega, el magistrado en cuyas manos podría estar la suerte de Ricardo Martinelli, razón por la cual se especula que persigue presionar a Ortega para que actúe de determinada manera en el caso del expresidente. Lo cierto es que, más allá de segundas intenciones, la denuncia es harto seria. Se trata de la negociación de un fallo narrada por una de las partes. El relato confirma que el sistema está podrido y la culpa no es exclusiva de los jueces, sino de todos los que en algún momento han puesto dinero sobre la mesa para lograr sus objetivos, desde los pablo pueblo hasta los empresarios, desde los tinterillos hasta las grandes firmas.

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Hace 8 añosSi quedaban dudas en cuanto a que el Ejecutivo está sometido a un chantaje permanente por parte de los diputados, ayer los honorables dieron una prueba adicional. Un día después del veto parcial del Gabinete a la ley de presupuesto, la Comisión le rechazó tres traslados relacionados con Etesa, Mi Bus y el Metro. El veto de Varela sorprendió a quienes reclamaban firmeza de carácter ante una Asamblea cuyo control de la agenda política resulta atemorizador. Hasta este momento, la estrategia presidencial había consistido en mimar a los diputados con dinero público, al tiempo que se hacía de la vista gorda ante sus malos manejos. En reiteradas ocasiones, pretendió justificarse con el argumento de que, si los confrontaba, el país se pararía y el pueblo sufriría. Las dádivas no le alcanzaron para evitar los desplantes ni mucho menos para animar una economía afectada por diversos y complejos factores. Tal vez en atención a ello, Varela cambió la estrategia y dio un paso que la sociedad civil celebró, pero que la Asamblea no tardó en penalizar. Toca a los electores mantenerse atentos, porque si nos distraemos, ni el uno se mantendrá firme ni la segunda medirá su venganza.

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