Hace 1 añoUna vez superado parcialmente el tema de las pensiones, la Caja de Seguro Social enfrenta un reto igual de complejo: mejorar sus servicios de salud sin descuidar la frágil situación financiera. Durante un foro organizado por este medio, el director de la institución, Dino Mon, advirtió que las reservas del programa de salud y riesgos profesionales podrían agotarse en dos años si no se toman medidas urgentes.
Hace 1 añoEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha insistido, con justa razón, en la necesidad de contener el gasto público ante la difícil situación fiscal que atraviesa el país. Se han anunciado recortes y se han fijado topes de ahorro que buscan devolver equilibrio a las cuentas estatales. Sin embargo, contrasta el silencio —o la permisividad— del propio MEF y del Ejecutivo en general, en lo que se refiere al gasto público destinado a financiar seguros privados para funcionarios.
Hace 1 añoEl reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas vuelve a colocar a Panamá bajo un reflector incómodo: somos un eslabón crítico en la ruta del narcotráfico que mueve toneladas de cocaína hacia Europa y Rusia. La geografía y el rol logístico del país nos convierten en objetivo natural, pero la vulnerabilidad principal no está en la infraestructura, sino en los “conspiradores internos”: empleados y funcionarios dispuestos a corromperse para facilitar el tránsito de la droga. Las incautaciones en 2024, superiores a las 21 toneladas, muestran tanto la magnitud del problema como la sofisticación de las mafias, que emplean métodos como el “gancho ciego”, boyas, bultos impermeables o falsos compartimentos. Ante esta amenaza, el discurso presidencial y las reuniones de coordinación en Colón son pasos necesarios, pero insuficientes. El país requiere una política de Estado sostenida, con controles independientes, sanciones ejemplares y cooperación internacional. De lo contrario, la reputación de Panamá como hub seguro quedará comprometida, con un costo incalculable para nuestra economía y nuestra soberanía.
Hace 1 añoEl Estado panameño destina casi 169 millones de dólares en seguros privados de salud y vida para funcionarios de siete instituciones. Una cifra monumental que contradice el principio de equidad en el uso de los recursos públicos. Los contratos se reparten entre entidades clave: $122.5 millones para el Ministerio de Seguridad y sus 45 mil efectivos; $15 millones para el Órgano Judicial; $18 millones para la Autoridad del Canal de Panamá; y montos adicionales para el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, el Metro y Transporte Masivo. La magnitud del gasto evidencia que no se trata de casos aislados, sino de una práctica instalada. Lo más indignante es la justificación. El Ministerio Público, por ejemplo, admite que la atención médica oficial “no satisface los requerimientos de toda la población” y que, para evitar consecuencias graves, se contrata un seguro privado. Es decir, el Estado reconoce la precariedad del sistema público, pero en vez de repararlo, paga prerrogativas para unos pocos. Eliminar estos privilegios es indispensable para empezar a cerrar esa brecha de desigualdad.
Hace 1 añoLa planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, es el corazón del sistema de abastecimiento de agua potable para poco más de un millón de personas que residen en la capital y San Miguelito. Su reciente reducción de producción al 90% por la falla de una bomba pone en evidencia lo delicado de depender casi exclusivamente de una instalación que tiene varias décadas en funcionamiento continuo. El suministro de agua es un derecho básico y, a la vez, un servicio estratégico para el desarrollo urbano, la salud pública y la estabilidad social.
Hace 1 añoMás allá del morbo que produjo la detención, imputación y aplicación de medidas cautelares a tres personas por el caso AIG, lo verdaderamente importante es la denuncia que dio inicio a la investigación. Esa denuncia provino de un funcionario. Sin conocer sus motivaciones, lo cierto es que su acción permitió a las autoridades destapar los hechos y que todo el país se enterara de un “gran negocio” hecho con dinero público. La pregunta es inevitable: ¿cuántos otros casos similares han ocurrido sin ser denunciados, sin ser investigados y, por tanto, permanecen en la impunidad? Que un solo funcionario haya puesto en marcha el sistema revela no su fortaleza, sino su fragilidad: dependemos de la valentía individual, y no de la eficacia institucional. Enhorabuena el denunciante hizo lo correcto. Pero no basta: se requiere instituciones sólidas y controles efectivos que impidan que el dinero público se convierta en botín.
Hace 1 añoMadrugar por una cita, esperar meses o resignarse a pagar hasta 125 dólares para ser atendido es la realidad que desnuda la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS). Esta crisis se agudizó por el uso indebido de al menos $400 millones, las alteraciones en los registros de cuotas y otras sofisticadas formas de aprovecharse ilegalmente del patrimonio de la CSS que, recientemente, hemos conocido.
La precaria realidad de la CSS no se formó de un momento a otro, por el contrario, es el resultado de años de desidia gubernamental hacia todo lo que significa la CSS. Por eso, cambiar el servicio que hoy presta la CSS no será de un día para otro. El cambio real exige un compromiso expreso e inequívoco de los gobernantes, que implique el abandono de la visión de que la CSS es un botín político.
En este contexto, los cambios legislativos recién adoptados son un inicio, pero se necesita mucho más. Nuestros asegurados no merecen ni soportan esta realidad.
Hace 1 añoEl país ya conoce el diagnóstico y el Idaan lo ha reiterado: la crisis del agua estalla como una vieja tubería corroída, reventando por donde menos se espera. Los datos expuestos en el Foro del Agua 2025 y por el propio director del Idaan, Rutilio Villarreal, confirman que el problema no es coyuntural, sino estructural: redes corroídas, plantas potabilizadoras sobreexigidas, deforestación en zonas de recarga y una gobernanza débil que posterga soluciones.
Las inversiones en agua no tienen la vistosidad política de un puente o un metro, pero son esenciales. Demorarlas equivale a sostener una bomba de tiempo. La experiencia del río La Villa, los camiones cisterna en barrios enteros o los paros de la planta de Chilibre son ejemplos de lo vulnerable que es un servicio que damos por sentado.
La hoja de ruta existe: el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, proyectos en ejecución y una institucionalidad llamada a coordinar. Lo que falta es voluntad política para ejecutar, porque el agua no puede esperar.
Hace 1 año“Salario emocional” le llamó el magistrado Alfredo Juncá al pago de seguros privados por parte del Tribunal Electoral. Ese eufemismo, además de constituir un furcio del togado, resulta engañoso: no se trata de un salario intangible, sino de un componente material del mismo.
Hace 1 añoEn la Asamblea Nacional hay quienes insisten en confundir presupuesto con botín. El diputado Benicio Robinson Jr., del PRD, ha propuesto asignar por ley un 0.001% del PIB nominal —con una supuesta tasa de crecimiento del 6% anual— para financiar un patronato de bandas independientes. Lo escandaloso no es solo la ligereza de atar recursos a un indicador macroeconómico variable, sino que el propio proponente es parte de la cúpula de la Federación de Bandas Independientes.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
Diferencias con el contralor Anel Flores habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad de Descentralización. Leer más
