Hace 1 añoMientras la mayoría de los diputados trabaja en oficinas relativamente modestas, un pequeño grupo mantiene espacios VIP con seguridad exclusiva.
El llamado “búnker” de la Asamblea Nacional no es solo una rareza arquitectónica: es el reflejo de una cultura de feudos personales y privilegios dentro de un poder del Estado que debería ser ejemplo de transparencia y equidad. Los millones gastados en remodelaciones en gestiones anteriores no se tradujeron en una mejor producción legislativa ni en un ejercicio eficaz de las funciones constitucionales.
En cambio, fortalecieron un sistema que premia a los aliados con múltiples despachos, mientras otros se conforman con un cubículo. La Asamblea ha convertido lo público en botín: desde planillas infladas hasta oficinas blindadas, siempre alejadas del escrutinio.
Ese búnker es símbolo de poder, dinero público invertido en secreto y de una desigualdad que alcanza no solo a sus propios colegas, sino a toda la ciudadanía. Lo más grave es el silencio de la nueva directiva, que prefiere ignorar el tema en lugar de corregirlo. Quien se refugia en un búnker no gobierna: se esconde.
Hace 1 añoLa reforma a la Carrera Administrativa es un tema recurrente en el debate político. Cada gobierno que asume el poder trae consigo su propio enfoque, generalmente con criterios clientelistas, pero la necesidad de profesionalizar el servicio público sigue siendo un desafío sin resolver. Esta vez, un grupo opositor ha abrazado una iniciativa del Ejecutivo, con cierto consenso, lo que ofrece una luz de esperanza para alcanzar un acuerdo que trascienda los intereses partidarios.
Sin embargo, la situación es más compleja. En Panamá, instituciones clave como la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República operan con leyes de carrera administrativa propias. La Asamblea, por ejemplo, ha permitido la incorporación automática de funcionarios sin concurso, mientras que la Contraloría ha reformado su régimen, pero aún mantiene diferencias con la Ley General. Esto refleja una falta de coherencia que dificulta la creación de un sistema profesional unificado.
Lo fundamental es que el funcionariado deje de ser botín político y se respete la dignidad de los profesionales que legítimamente acceden a la carrera. Solo así el servicio público podrá garantizar eficiencia, meritocracia y transparencia, y coadyuvar con el sector privado al desarrollo económico del país.
Hace 1 añoEl presupuesto del Estado para 2026, que supera los $34 mil millones, evidencia la urgencia de abordar el mal manejo de las finanzas públicas. La diputada Janine Prado advierte sobre recortes dramáticos en áreas sensibles como salud, ciencia y agro, mientras se mantienen privilegios innecesarios en seguros privados, sobresueldos y gastos de representación. Además, denunció el impacto de vigencias expiradas y prestaciones adeudadas, que agravan la situación fiscal del país. El mal manejo de los recursos se refleja en prácticas como contratar servicios, recibirlos y no pagarlos, generando un efecto acumulativo sobre las finanzas estatales. El Gobierno habla de austeridad, pero la ciudadanía exige hechos concretos. Las vistas presupuestarias que se desarrollan en la Asamblea son una oportunidad para demostrar transparencia y responsabilidad, asegurando que los recursos públicos se destinen a prioridades esenciales y no a cubrir deficiencias o privilegios injustificados.
Hace 1 añoLa imputación de cargos a 18 exrepresentantes, 18 extesoreros y algunas autoridades locales actuales por peculado, derivado del mal uso de $14 millones de fondos de la descentralización paralela, revela con crudeza cómo un mecanismo creado para acercar los recursos al ciudadano se transformó en fuente de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía Anticorrupción ha documentado decenas de irregularidades en juntas comunales de distintas provincias, con audiencias y medidas cautelares ya en marcha. La magnitud del escándalo golpea la confianza pública y confirma la urgencia de cerrar espacios a la corrupción en los gobiernos locales. Sin embargo, estos hechos no deben satanizar la descentralización. Por el contrario, hay que rescatar su esencia: distribuir recursos de manera justa y equitativa en beneficio de todos los panameños. La lección que deja este proceso judicial es doble: fortalecer la fiscalización y, en el marco de las reformas electorales que se discuten actualmente, establecer la responsabilidad legal de los partidos políticos sobre los actos de sus candidatos, de modo que la rendición de cuentas deje de ser una quimera y se convierta en regla.
Hace 1 añoA estas alturas, el caso Odebrecht vuelve a probar que la justicia panameña se pierde entre fallos, aplazamientos y tecnicismos. El empresario Aaron “Ronny” Mizrachi Malca ya no tendrá que enfrentar cargos de blanqueo de capitales: el Primer Tribunal Superior anuló su imputación al considerar que la fiscalía no precisó modo, tiempo y lugar de la conducta. Un error procesal, según los magistrados, suficiente para excluir a quien manejó sociedades que recibieron $3.7 millones de la “Caja 2” de Odebrecht.
Pero esta no es la única grieta. El juicio fue reprogramado para noviembre y, como fecha alterna, para enero de 2026. Desde que arrancó la investigación, hace más de una década, los retrasos se acumulan entre recursos, suspensiones y excusas.
La misma “lentitud selectiva” se observa en la Asamblea, donde la Comisión de Gobierno permanece secuestrada por figuras como Luis Eduardo Camacho, al servicio de quienes buscan impunidad. Su actitud bloquea sin costo político reformas anticorrupción, y nadie en la Asamblea puede o quiere frenarlo. Así, la impunidad sigue marcando el paso.
Hace 1 añoLuis Eduardo Camacho ha vuelto a dejar claro que no piensa darle prioridad a las propuestas anticorrupción presentadas por el procurador. Con ironía calculada afirma que “mientras más me ponen presión, más me pongo lento”, y ahora lanza otro dardo: “No voy a saltarme procedimientos porque un funcionario crea que sus proyectos son más importantes que otros”.
El problema no es de trámites, sino de democracia. Cuando la voluntad de un presidente de una instancia tan importante como la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se convierte en muro contra reformas que buscan castigar la corrupción, el mensaje es inquietante: el reglamento se usa como coartada para frenar lo que incomoda.
Camacho actúa con plena confianza de que nada le pasará, porque sabe que en Panamá la impunidad es un escudo poderoso. Ese convencimiento refleja la debilidad institucional: aquí el costo político de bloquear la transparencia es casi inexistente.
La democracia pierde cuando la “lentitud selectiva” se convierte en norma. Y pierde, sobre todo, una ciudadanía que exige un Estado limpio y responsable.
Hace 1 añoLa advertencia de la Contraloría General sobre no refrendar contratos que ya se ejecutaron parece una obviedad: la Ley 22 de 2006 lo prohíbe expresamente. Sin embargo, lo que debería ser regla básica de transparencia se ha convertido en una práctica malsana instalada en el aparato estatal. Gobiernos de distinto signo han tolerado que ministerios, instituciones y proveedores actúen como si el control previo fuese un trámite decorativo, cuando en realidad constituye la garantía de que cada contrato cumple con la legalidad y el interés público antes de ejecutarse. Contratar primero y refrendar después no solo viola la ley, sino que abre la puerta a sobrecostos, discrecionalidad y corrupción. No es la primera vez que la Contraloría tiene que recordar lo obvio. Hace unas semanas, otra circular exigió la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas. Dos advertencias recientes que retratan un mismo mal: el Estado ha normalizado incumplir la ley. Si esas advertencias no se convierten en política sostenida, seguiremos validando lo inaceptable: normalizar la ilegalidad.
Hace 1 añoEl más reciente ranking QS World University Ranking 2026 recuerda que la educación superior es medida en el mundo por parámetros exigentes: investigación, empleabilidad, internacionalización y sostenibilidad. Mientras otros países avanzan en fortalecer estos indicadores, en Panamá seguimos atrapados en disputas domésticas: nepotismo, reelecciones a la medida y planillas desproporcionadas. El contraste es doloroso. En un extremo, el prestigio internacional se alcanza con producción científica, docentes que investigan y egresados que compiten globalmente. En el otro, se toleran prácticas que socavan la credibilidad universitaria: rectores que se aferran al cargo para conservar privilegios, facultades marcadas por vínculos familiares y universidades creadas más por cálculo político que por verdadera visión académica, con la intención de crear y controlar instituciones. El resultado es evidente: universidades que reclaman más presupuesto mientras pierden legitimidad y estudiantes que cargan con la factura de la falta de transparencia. Panamá no carece de talento, pero sí de voluntad para limpiar sus universidades. Sin ética, sin meritocracia y sin investigación, ningún ranking reconocerá lo que aquí seguimos prometiendo sin cumplir.
Hace 1 añoEl próximo 11 de octubre entrará en vigor el nuevo Código Procesal Civil, una reforma largamente esperada que promete transformar la justicia en Panamá. Inspirado en la experiencia del Sistema Penal Acusatorio, el cambio introduce la oralidad en los procesos civiles, dejando atrás los expedientes interminables y las dilaciones que han alimentado el rezago judicial.
El magistrado Olmedo Arrocha, principal impulsor de la iniciativa, asegura que los juicios de primera instancia, que hoy demoran un promedio de 900 días, podrán resolverse en un año. En segunda instancia, casos que antes tardaban hasta cuatro años deberán concluir en seis meses.
El reto no es menor: la preparación de jueces, abogados y funcionarios será clave para que la reforma cumpla sus objetivos. También lo será la adecuada asignación de recursos, pues la modernización exige tecnología, capacitación y voluntad política.
La justicia civil necesita credibilidad y eficiencia. Es, además, el mecanismo idóneo para igualar las asimetrías que generan los conflictos sobre bienes, contratos y derechos económicos, un aspecto esencial en una sociedad marcada por la desigualdad estructural. Si este código logra reducir los tiempos y fortalecer la confianza ciudadana, habrá marcado un hito en la administración de justicia panameña.
Hace 1 añoLa corrupción en Panamá no es un fenómeno aislado ni exclusivo de ciertas instituciones; es un mal estructural que atraviesa al Estado y a la sociedad. Lo confirman los recientes casos en la Caja de Seguro Social y en la Dirección General de Ingresos. Funcionarios han sido procesados y hasta condenados por manipular sistemas, borrar deudas o vender favores. Sin embargo, lo que aún falta es transparencia plena: se señala a los funcionarios, pero rara vez se divulga quiénes son los particulares o empresas que se beneficiaron de estos actos.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
Diferencias con el contralor Anel Flores habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad de Descentralización. Leer más
