Hace 1 añoUn niño de 9 años y su abuela siguen aferrados a la vida tras la explosión ocurrida el 16 de octubre en el edificio Alsacia Towers, en El Bosque. La madre del menor, Ámbar Guelfi de Obaldía, murió tres días después, víctima de quemaduras que cubrieron más del 80 % de su cuerpo. Detrás de ese dolor hay una realidad más amplia: Panamá repite tragedias que podrían evitarse. Durante los últimos quince años, las explosiones por gas han dejado muertos, heridos y familias deshechas, mientras las autoridades archivan proyectos de ley y evaden la creación de normas modernas de seguridad. El país no puede seguir confiando su suerte a la casualidad. Cada edificio, cada residencia, debería contar con detectores, mantenimiento certificado y supervisión técnica obligatoria. Cuando la prevención se posterga, la tragedia se repite. La historia de Ian Franco y de su familia no debería ser un nuevo capítulo del olvido, sino el punto de partida para asumir, con responsabilidad, una deuda pendiente con la seguridad ciudadana.
Hace 1 añoEl presidente José Raúl Mulino tiene ante sí una decisión que pondrá a prueba su compromiso con la justicia y la institucionalidad. Quien se dice honesto y defensor de la lucha contra la corrupción —y que varias veces nos ha recordado su participación en la Cruzada Civilista— no puede permitir que prospere una ley que abre la puerta a la impunidad.
Hace 1 añoMás de 200 médicos recién graduados quedaron sin plaza de internado, mientras el país enfrenta un déficit crítico de especialistas, sobre todo cardiólogos y anestesiólogos. La paradoja es evidente: formamos médicos que no pueden completar su entrenamiento y, al mismo tiempo, hospitales del interior carecen de profesionales para atender emergencias vitales.
Hace 1 añoEn Bocas del Toro, la pobreza no es solo una estadística: es la consecuencia de un Estado que, durante décadas, confundió la asistencia con la gobernanza. Cuando los servicios públicos fallan y las oportunidades desaparecen, el poder se concentra en figuras locales que reparten favores en lugar de derechos. Ese clientelismo, sostenido por planillas, empleos temporales y promesas de campaña, ha reemplazado al Estado en funciones esenciales y perpetuado la dependencia.
Hace 1 añoMientras el país escucha discursos sobre austeridad y control del gasto público, la Asamblea Nacional continúa pagando salarios a 52 diputados suplentes, en abierta contradicción con un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prohíbe esa práctica desde 2017. Resulta paradójico que el propio órgano que aprueba las leyes sea el primero en incumplirlas, manteniendo planillas de suplentes que le cuestan al país más de un millón de dólares anuales. La contradicción es aún más grave cuando hospitales, escuelas y programas sociales enfrentan recortes en nombre de la eficiencia y la responsabilidad fiscal. La austeridad no puede ser un eslogan que solo se aplique a los más vulnerables. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría tampoco pueden evadir su deber de hacer cumplir la ley. La contradicción le resta credibilidad al Ejecutivo, encargado de las finanzas públicas. Mientras haya excepciones en austeridad como la del Legislativo, los sacrificios que propone el Ejecutivo son inequitativos.
Hace 1 añoLa Asamblea Nacional se ha convertido en un verdadero monstruo devorador de dinero público. Entre 2010 y 2025, el gasto en asesores se disparó de $1.9 millones a $15.6 millones, sin que este aumento aporte resultados claros ni mejore los servicios a la ciudadanía. Mientras tanto, instituciones de salud y educación sufren recortes que limitan recursos fundamentales para la población. Durante años, la nómina de asesores se transformó en un terreno de botellas y privilegios, con puestos ocupados por personas que no cumplen funciones reales. La ausencia de control y auditorías efectivas ha propiciado duplicidad de cargos y un gasto desproporcionado. Con una deuda pública que supera los $57 mil millones, el país no puede permitirse este despilfarro. Resulta urgente depurar la planilla, establecer controles estrictos y asegurar que el gasto en asesores se traduzca en eficiencia y en un servicio tangible para los ciudadanos.
Hace 1 añoLa Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero atraviesa una crisis que desnuda la indiferencia estatal frente a la cultura. No se trata de un simple retraso contable: diez meses sin recibir fondos revelan el costo del desinterés.
El Ministerio de Cultura, a cargo de Maruja Herrera, demoró la gestión de la nueva adenda del convenio con la fundación que, desde 1996, administra la institución sin fines de lucro. Y la Contraloría, bajo la responsabilidad de Anel Flores, mantiene ahora ese documento sin refrendo, paralizando el flujo de recursos.
Hace 1 añoPanamá vuelve a estremecerse ante el asesinato de dos mujeres jóvenes: Selinda Córdoba, en Aguadulce, y Yamileth Santamaría, en Santiago. Dos nombres que se suman a una estadística que crece y a un Estado que reacciona tarde.
Selinda tenía una orden de alejamiento contra su agresor, pero eso no impidió su muerte. Esa frase resume el fracaso institucional: leyes que existen, mecanismos que no funcionan y vidas que se pierden en la espera.
La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni un tema coyuntural. Es una herida social que atraviesa generaciones y que el país sigue normalizando. Las cifras del Ministerio Público —doce femicidios hasta septiembre— no son simples números: son advertencias ignoradas.
Prevenir no es solo dictar leyes, sino garantizar protección efectiva, coordinación entre autoridades y educación con perspectiva de género. Cada vez que una mujer muere a manos de su agresor, Panamá fracasa en su deber más elemental: proteger la vida. Y ninguna sociedad puede llamarse justa si no defiende primero a sus mujeres.
Hace 1 añoEl pago ilegal a los diputados suplentes es solo un síntoma de un mal mayor: la política entendida como un privilegio, no como un servicio. Algo parecido ocurre en embajadas, ministerios e incluso en instituciones supuestamente autónomas, donde no se viola la ley de forma directa, pero se perpetúa la misma lógica de complacencia y beneficio personal.
El fallo de la Corte Suprema que prohíbe remunerar a suplentes sigue siendo ignorado. Pero el problema no es solo solo jurídico, sino también moral. Hemos normalizado que las leyes se acomoden a conveniencia y que la lealtad política pese más que la honestidad institucional. Así, el Estado se convierte en una maquinaria que se alimenta a sí misma, no en un instrumento al servicio del ciudadano.
Mientras la política siga siendo una vía para asegurar privilegios, y no una vocación de servicio, los fallos se violarán, la impunidad se perpetuará y el país seguirá pagando la factura de una cultura pública que olvidó su razón de ser. Y no olvidemos que los ciudadanos también financiamos a los partidos políticos para formar cuadros con principios democráticos y educación cívica, no para sostener una clase dirigente que desprecia el sentido del servicio.
Hace 1 añoEl proceso de ratificación de dos nuevos magistrados llega en un momento decisivo para el país: la justicia necesita recuperar la confianza perdida. Los últimos meses dejaron heridas visibles en la percepción ciudadana, tras aumentos salariales y propuestas que transmitieron la idea de un poder desconectado de la realidad nacional.
Panamá requiere jueces conscientes de que su legitimidad no se mide por su rango, sino por su capacidad de actuar con independencia, sobriedad y sentido ético. Las instituciones solo se fortalecen cuando sus integrantes asumen que el servicio público implica responsabilidad y ejemplo.
Cada designación judicial es una oportunidad para empezar de nuevo, para demostrar que la justicia no es un privilegio, sino un deber que exige rendición de cuentas. Recuperar la confianza no será tarea de un día: requerirá fallos coherentes, gestión transparente y un compromiso real con el ciudadano.
Si este proceso sirve para iniciar esa reconstrucción moral, el país habrá ganado más que dos magistrados: habrá dado un paso hacia una justicia verdaderamente digna de respeto.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
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El imputado exdirector de la CSS, Enrique Lau, se encuentra en la Ciudad de la Salud. Leer más
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