Hace 1 añoEste Día de los Difuntos, mientras miles de familias honran a sus desaparecidos seres queridos, la realidad golpea con fuerza en los distritos más poblados del país: Panamá y San Miguelito, que ya casi no tienen espacio para las sepulturas. La falta de planificación urbana y la alta morosidad acumulada durante años han llevado a los cementerios municipales al borde del colapso. No se trata solo de cifras ni de trámites; hablamos de un deber básico del Estado y de los municipios: asegurar lugares dignos para la memoria y el descanso final. Este problema, que se visibiliza en estos dos distritos por la elevada tasa de pobladores, no es exclusivo. Hay decenas de distritos en el interior del país donde este problema es tan grave como en el área metropolitana. Las autoridades han anunciado ampliaciones, digitalización de registros y proyectos de cremación, pero estas acciones llegan tarde frente al crecimiento demográfico y urbano. Los municipios deben trabajar con la comunidad, fomentar la cultura de pago y anticiparse, no reaccionar cuando el terreno ya no alcanza. Planificar dónde descansarán nuestros seres queridos es un acto de respeto, humanidad y responsabilidad pública.
Hace 1 añoUna carta de felicitación con motivo de la celebración de un aniversario más de la separación de Panamá de Colombia fue enviada por el presidente de Estados Unidos a su colega de Panamá, en la que puede leerse que el gobernante norteamericano ve a nuestro país como “un amigo firme y un valioso aliado de los Estados Unidos”. Pero, además de las felicitaciones, el presidente estadounidense deja caer una vez más el tema de la vía interoceánica, prometiendo “trabajar con usted para salvaguardar aún más la seguridad del Canal de Panamá, un pilar vital del comercio para los Estados Unidos y del mundo”.
Bajo otras circunstancias –distintas al prolongado acoso que sufrimos durante la primera mitad del año por parte del presidente norteamericano a causa de este asunto– sus palabras serían bien recibidas. Pero, no muy en el fondo, queda claro que el Canal sigue estando en su agenda, por lo que debemos estar preparados, porque si algo ha demostrado Washington es que nuestro Canal sigue siendo visto como parte de su patrimonio y que hay un ciego y absurdo empeño por recuperarlo.
Más que una felicitación, la carta debe ser tomada como una advertencia: este capítulo aún está lejos de haberse cerrado.
Hace 1 añoLa Asamblea Nacional cerró sesiones sin debatir las reformas que habrían fortalecido la lucha contra la corrupción. Los proyectos del procurador Luis Carlos Gómez, encaminados a agilizar investigaciones y asegurar castigo, fueron rechazados por la Comisión de Gobierno y desestimados desde el Ejecutivo.
Hace 1 añoLo ocurrido en Mironó, donde dos niñas perdieron la vida al intentar cruzar una quebrada durante un día de jornada escolar, es una tragedia que refleja las contradicciones profundas en la política educativa de Panamá. ¿Cómo es posible que, en un mismo país, al mismo tiempo, se ofrezcan computadoras para todos sus estudiantes, y a la vez ocurran estas tragedias? La respuesta es clara: el Estado sigue anteponiendo las apariencias y el discurso a las verdaderas necesidades de los más vulnerables. Mientras se invierte en tecnología que no llega a todos por igual, miles de niños en las comarcas indígenas siguen enfrentando un riesgo inaceptable solo por intentar acceder al derecho fundamental de la educación. El obispo José Luis Lacunza y la experta en educación Nivia Rossana Castrellón no hacen más que poner en evidencia lo que todos sabemos: la falta de infraestructura adecuada y de un verdadero compromiso gubernamental con la seguridad de los estudiantes. La tragedia de Mironó no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que ha fallado una y otra vez en las comunidades más necesitadas. Es urgente que el Estado deje de repartir promesas vacías, como las laptops, y comience a materializar soluciones reales y eficaces para proteger a nuestros niños.
Hace 1 añoEn el evento “Educación y Futuro Laboral”, organizado por esta casa editorial, se indicó, entre otras informaciones, que “el 72% de la población panameña no tendrá las competencias necesarias para los empleos del futuro” hacia el año 2030.
Esa afirmación prospectiva, que por sí sola resulta desgarradora, se basa fundamentalmente en la brecha entre educación, productividad y bienestar.
Si bien tal diagnóstico debería mover a cualquier persona racional a actuar para impedir que ese vaticinio se cumpla, cinco honorables diputados se niegan a modificar ese destino. Desde que decidieron archivar dos anteproyectos de ley remitidos a la Asamblea Nacional por el procurador general de la Nación, cuyo objetivo era mitigar la impunidad, han dejado clara su posición: prefieren mantener leyes ineficaces para sancionar de manera efectiva a quienes delinquen, especialmente contra el Estado.
Su norte es evidente: perpetuar la impunidad.
Esa conducta, al final del camino, constituye un desprecio hacia los panameños afectados por la asimetría estructural del país y favorece la continuación de la expoliación al Estado, lo que, por simple aritmética, reduce los recursos destinados a la educación.
Hace 1 añoLa creación de la Unidad de Coordinación Legal bajo el Ministerio de Gobierno ha abierto un debate sobre la concentración de poder en el Ejecutivo. Mientras algunos la consideran necesaria para dar mayor eficiencia a las acciones penales del Estado frente a los delitos cometidos dentro de las propias instituciones, otros advierten que su estructura podría duplicar funciones de otros órganos de control y aumentar la burocracia.
Aunque este debate se cruza tangencialmente con la discusión sobre la comisión ad hoc para tramitar los proyectos anticorrupción, ambos reflejan una tensión más profunda: cómo garantizar eficacia institucional sin vulnerar los límites entre poderes.
El escaso avance en los procesos por delitos contra el Estado —principalmente de peculado— durante los últimos tres periodos justifica la creación de una instancia que impulse y acompañe esas causas. Sin embargo, su legitimidad depende del modo en que se establezca: debe tener un marco legal sólido, control político y transparencia en su operación. Panamá necesita fortalecer sus instituciones y resultados, sin sacrificar el equilibrio de poderes ni la rendición de cuentas.
Hace 1 añoLos resultados del Examen de Certificación Básica en Medicina 2025 reflejan la deficiencia estructural en la formación de médicos en Panamá, especialmente en universidades particulares. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educativa, el examen muestra que muchos graduados no alcanzan las competencias necesarias para ejercer la profesión. Mientras que universidades como la de Panamá obtienen buenos resultados, las particulares siguen mostrando altos índices de no aprobación.
El problema radica en una formación insuficiente, con falta de práctica clínica y tutores capacitados, lo que pone en riesgo la calidad de los futuros médicos. Esta situación afecta la capacidad de los médicos para cumplir con las exigencias de la profesión y compromete la salud pública, pues se necesita un sistema de salud fortalecido.
Es urgente que las autoridades educativas y de salud trabajen juntas para actualizar el sistema de formación médica. El Examen de Certificación Básica es un indicador clave de la preparación de los profesionales de salud en Panamá, por lo que se deben implementar cambios estructurales.
Redacción de La PrensaHace 1 añoEn una sociedad marcada por las desigualdades, la historia de las jóvenes del Centro de Custodia y Cumplimiento Resistencia Femenina es una llamada urgente a la reflexión. El país les falló, pero ahora, la sociedad les brinda una nueva oportunidad a través de programas de rehabilitación que promueven el perdón y la reconstrucción personal.
Redacción de La PrensaHace 1 añoLa Asamblea Nacional llega el próximo 31 de octubre al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones con un rostro contradictorio: actividad y debates más nutridos, pero compromisos de transparencia aún incumplidos.
Hace 1 añoA veces hay que moderar la lengua, sobre todo cuando se habla desde el balcón de la patria. El presidente de la República, en vísperas de las fiestas patrias, respondió con desdén a sus críticos por el tema de la soberanía nacional, que efectivamente nos ha costado sangre y sufrimiento. Se nota que en su conferencia de esta semana no leyó esa frase —que no vale la pena repetir—: la improvisó, y con ella degradó la solemnidad del momento.
Defender lo nuestro exige carácter, pero también compostura. No es lo mismo hablar con firmeza que hacerlo con grosería. Panamá ha aprendido, a lo largo de su historia, que la independencia se ejerce con dignidad, no con insultos. En lugar de cerrar el debate, conviene abrirlo, porque la soberanía es asunto de todos, no propiedad de un discurso momentáneo.
La expresión usada por el presidente no admite justificación en términos absolutos. No cabe alegar que su personalidad es fuerte o su carácter impulsivo. En asuntos de gobierno no caben esas actuaciones, y menos cuando se trata de temas que nos unen a todos los panameños, como es nuestra soberanía.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
El imputado exdirector de la CSS, Enrique Lau, se encuentra en la Ciudad de la Salud. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Panamá recibirá $17.4 millones de seguro catastrófico tras terremoto. Leer más
