Redacción de La PrensaHace 1 añoTras dos meses de caos, Bocas del Toro intenta levantarse sobre las cenizas del vandalismo, la represión y la desesperanza. La provincia perdió su mayor fuente de empleo, el turismo quedó devastado, el comercio destruido, y productos esenciales —como el banano y el cacao— no pudieron exportarse. Se suspendieron garantías constitucionales por diez días, las comunicaciones fueron bloqueadas, y los líderes del sindicato bananero terminaron detenidos.
Ahora, 64 personas enfrentan detención preventiva por actos vandálicos. Pero lo más doloroso es constatar que los verdaderos responsables siguen intactos. Los caciques políticos que dominan la zona como señores feudales, y los grupos criminales que financiaron y promovieron la violencia, no han sido tocados. Ni una acusación. Ni una audiencia.
Mientras la justicia solo alcance a los peones y no a quienes siembran el conflicto desde las alturas, Bocas seguirá atrapada en un ciclo perverso de pobreza, manipulación y violencia. Urge una investigación profunda que llegue hasta los verdaderos autores intelectuales. Y si la justicia no los alcanza, que lo hagan los votos. Bocas merece otra historia.
Redacción de La PrensaHace 1 añoLa huelga es un derecho humano, sí. Pero usarla como arma política, afectando a los únicos inocentes en esta historia —los estudiantes— es inaceptable. Ya basta de convertir a nuestros niños y jóvenes en rehenes de luchas que nada tienen que ver con su aprendizaje.
En los últimos años, los estudiantes han perdido casi 500 días de clase. Esa cifra habla por sí sola. ¿Quién les devolverá ese tiempo? ¿Quién les repondrá las oportunidades que perdieron por no recibir a tiempo las herramientas para desarrollarse?
Los maestros y profesores son clave en el proceso educativo, pero muchos han perdido el rumbo. Defender los derechos laborales no puede hacerse a costa del derecho superior a la educación.
La ministra de Educación ha sido firme: quien no trabaja, no cobra. Y tiene razón. Así funciona para todos los que trabajamos en el sector privado.
Es hora de repensar el rol de los gremios docentes. La huelga dejó de ser un instrumento de dignidad para convertirse en castigo colectivo.
Redacción de La PrensaHace 1 añoEn un solo día, el país conoció tres hechos que no deben verse por separado: la captura del alcalde electo de Pocrí por presunto peculado; la desarticulación de una red de blanqueo dentro del MEF y el Minsa; y la toma de posesión de Senén Mosquera como presidente del Concejo capitalino, tras gestionar más de $4 millones de la llamada descentralización paralela y estar bajo investigación.
Estos casos no son casualidad, ni simples errores administrativos. Reflejan un patrón que atraviesa municipios, ministerios y juntas comunales: el uso del Estado como botín.
Que el MEF haya denunciado el fraude bancario es una señal de que aún hay instituciones que reaccionan. Pero es también prueba de lo frágil que es ese escudo cuando la corrupción opera desde adentro.
Mientras se desvían fondos públicos, comunidades enteras siguen sin agua, salud o transporte digno.
Urge actuar: investigar, sancionar y reformar. Porque si el poder solo sirve para enriquecerse, no hay democracia que resista ni ciudadanía que confíe.
Redacción de La PrensaHace 1 añoLo que ocurrió en la Asamblea Nacional no fue solo una demora. Las cinco horas en que no se instaló la sesión para elegir su directiva revelaron algo más grave: presiones del Órgano Ejecutivo y de la Contraloría General para imponer una nómina.
No fue solo la presencia del secretario general de la entidad fiscalizadora, Ventura Vega, lo que llamó la atención. Según diversas fuentes legislativas, hubo contactos directos desde la Contraloría con diputados, con el objetivo de influir en su voto a favor de una candidata específica.
Cuando la institución que debe auditar contratos y planillas entra en la negociación de respaldos legislativos, se cruza una línea peligrosa. Se desdibuja su rol técnico, se configura un conflicto de intereses y su labor pierde legitimidad. No se puede ser árbitro y jugador al mismo tiempo.
La separación de poderes no es decorativa: es la base de una República. Y cuando las instituciones de control se prestan para el juego político, no solo se degrada el Estado. Se pone en riesgo la democracia.
Hace 1 añoHoy no solo inicia una nueva legislatura. Hoy se escribe un nuevo capítulo en la historia política de Panamá. Un capítulo que, por primera vez en mucho tiempo, no está protagonizado por caudillos ni pactos bajo la mesa, sino por jóvenes que decidieron hacer política de forma diferente. Vamos y Seguimos —movimientos nacidos de la indignación, pero guiados por la esperanza— han demostrado que otra política es posible.
Hace 1 añoUna propuesta que buscaba dar alivio al sistema de seguridad social terminó siendo el punto de partida de semanas de paralización y confrontación. La Ley 462 fue discutida y aprobada, pero su contenido fue desplazado por una oleada de desinformación que generó miedo y rechazo. ¿Qué se logró? La salida de la principal empresa de una provincia históricamente marginada.
Hace 1 añoPanamá ha dado un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado con la reciente inauguración de tribunales especializados en delitos de blanqueo de capitales. Esta medida responde a una realidad contundente: entre 2020 y 2025 se registraron más de 4,700 casos de lavado de dinero, y las audiencias por crimen organizado superaron las 57 mil.
La creación de estos juzgados representa una oportunidad histórica para fortalecer la justicia penal y enfrentar con mayor eficacia una economía criminal que ha socavado instituciones, financiado campañas políticas y penetrado estructuras estatales.
Hace 1 añoLa propuesta de la Autoridad Aeronáutica Civil para adquirir 13 hectáreas por $6 millones en Almirante, Bocas del Toro, no logró despegar en la Asamblea Nacional. Y con razón. Presentar un crédito extraordinario sin estudios de demanda, sin solicitudes formales de aerolíneas, sin un plan maestro de ejecución ni certeza presupuestaria para obras futuras, revela una preocupante improvisación. Invertir en infraestructura aeroportuaria puede ser clave para el desarrollo turístico, pero hacerlo sin sustento técnico y sin transparencia en los costos —como el elevado precio por hectárea— es una receta conocida para el despilfarro. Ya lo vivimos en Río Hato, donde una pista moderna opera muy por debajo de su capacidad. Panamá no puede seguir aprobando proyectos por aspiraciones. Requiere planificación rigurosa, visión integral y rendición de cuentas. Si de verdad queremos potenciar Bocas del Toro como destino de primer nivel, empecemos por exigir que las inversiones públicas aterricen con seriedad. Sin eso, no hay vuelo que valga.
Hace 1 añoPanamá vuelve a tropezar con la misma piedra. La empresa española FCC, cuyos ejecutivos admitieron haber pagado coimas en nuestro país y hoy enfrentan un proceso en la Audiencia Nacional de España, ha presentado una nueva demanda ante el CIADI por $14.9 millones. FCC fue la misma que abandonó la Ciudad de la Salud tras años de sobrecostos, pleitos y paralización, obligando a la Caja del Seguro Social a llegar a un acuerdo millonario y cambiar de contratista para poder terminar la obra. Ahora, pese a ese historial, regresa exigiendo indemnizaciones por contratos de carreteras firmados entre 2008 y 2010. Y lo hace amparada en el tratado bilateral con España, porque nuestras autoridades de entonces no previeron consecuencias ni protegieron el interés público con cláusulas firmes. ¿Hasta cuándo seremos la patria boba? Incapaces de sancionar penalmente a los que nos roban, y obligados encima a pagarles indemnización. El costo de la impunidad no solo se mide en millones, sino en la vergüenza de repetir errores sin aprender nada.
Hace 1 añoLa renovación de la directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el 1 de julio, es mucho más que una elección interna. Es una prueba pública del tipo de liderazgo que se impone: el que construye acuerdos con transparencia o el que maniobra en la sombra para preservar cuotas de poder. Hoy, con bancadas fragmentadas y sin una mayoría clara, el ajedrez legislativo se juega más en los pasillos que en el pleno. Y eso no es menor, sobre todo cuando la Asamblea carga con el peso de su desprestigio, alimentado por años de abusos en el uso de planillas, nombramientos opacos y la negativa a reformarse a sí misma. La figura que resulte electa —sea por mérito o por aritmética— tendrá un mandato bajo vigilancia ciudadana. El país no solo espera gobernabilidad. Espera señales de cambio, transparencia y compromiso con la rendición de cuentas.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
Diferencias con el contralor Anel Flores habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad de Descentralización. Leer más
