Hace 1 añoCuando padres de familia protestan, por ejemplo en Jaqué, Darién, por el abandono de su escuela —sin baños, sin agua potable y sin docentes en materias clave—, hay quienes cobran sin trabajar en la planilla de la Asamblea Nacional. Ese es el verdadero costo del clientelismo.
Mientras miles de jóvenes intentan estudiar en medio de un sistema paralizado por huelgas docentes —que ya acumulan semanas sin clases en escuelas oficiales—, los fondos públicos siguen alimentando redes de favores políticos disfrazadas de nombramientos. La denuncia penal presentada por la Contraloría General contra al menos 104 funcionarios que habrían cobrado sin laborar en despachos legislativos revela una práctica extendida y conocida: mantener “botellas” como pago por lealtades partidarias.
Unos cien casos es muy poco para una institución que tiene casi cinco mil funcionarios. Lo más probable es que podría operar eficientemente con menos de mil. En esa lista ni están todos los que son, ni son todos los que están. La auditoría debe ser constante, transparente y objetiva. No se vale usarla como herramienta de presión política. Urge restablecer las prioridades del país: menos planilla política, más aulas dignas.
Hace 1 añoLa democracia no es solo una forma de gobierno, sino un pacto de convivencia. Cada cinco años, la ciudadanía panameña elige libremente a sus gobernantes, con reglas claras y bajo instituciones que, con sus defectos, han sido legitimadas en las urnas. Cualquier intento por desconocer esos resultados, insinuar vacíos de poder o promover figuras paralelas a los órganos constituidos debe ser rechazado con firmeza.
Las crisis sociales o económicas no justifican los atajos. Menos aún cuando esos atajos socavan el Estado de derecho y alimentan narrativas populistas o desestabilizadoras. Las ideas pueden y deben discutirse. Pero los cambios deben hacerse por la vía institucional, no por imposiciones o presiones disfrazadas de causas nobles.
Panamá necesita madurez política. Defender la democracia implica aceptar sus tiempos, fortalecer sus mecanismos y rechazar con claridad toda propuesta que intente suplantarla, por más bienintencionada —o descabellada— que parezca.
Hace 1 añoEl caso Red Frog desnuda una de las mayores contradicciones dentro del Suntracs: un sindicato que se presenta como defensor del trabajador, acusado por sus propios representados de estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La historia comienza con un conflicto laboral legítimo, en un fallido proyecto turístico en Bastimentos. Tras años de lucha y huelgas, los trabajadores aceptaron un pago en especie: lotes y una villa, que fueron inscritos a nombre del sindicato. Pero cuando intentaron reclamar su parte, se toparon con que los bienes ya estaban hipotecados por un préstamo de $3.1 millones otorgado por… su propia cooperativa. El “yo con yo” descrito en la querella no es una simple irregularidad, sino un patrón de opacidad y concentración de poder. Hoy, varios líderes sindicales enfrentan órdenes de arresto, mientras su figura más visible, Saúl Méndez, busca asilo político. El caso es complejo, pero el principio es claro: ningún liderazgo, por más combativo que se declare, puede colocarse por encima de la transparencia y la rendición de cuentas. Mucho menos, traicionar la confianza de quienes dice representar.
Hace 1 añoChanguinola tiene razones de sobra para protestar. Ha sido, por décadas, una ciudad marginada por el Estado: servicios públicos deficientes, infraestructura abandonada y pocas oportunidades. Ese vacío ha sido llenado —y manipulado— por Benicio Robinson, diputado por más de 30 años, quien ha convertido su influencia en control político y económico. ¿Para el beneficio de sus electores? En absoluto. El poder ha servido, principalmente, a sus propios intereses.
Pero no es el único responsable. El dirigente sindical Francisco Smith, al frente del sindicato bananero por años, ha sido igualmente intransigente. Su liderazgo recuerda al del difunto Morris en la extinta Coosemupar: más enfocado en la confrontación que en soluciones sostenibles. Bajo su guía, las protestas han paralizado la economía local sin obtener avances reales.
¿Quién pierde? La mayoría de los changuinoleros. ¿Quién gana? Costa Rica —que absorbe parte de la producción— y Robinson, que sigue reinando entre ruinas. La lucha es legítima. Pero los métodos están destruyendo lo poco que queda. Y eso no es justicia social, es suicidio colectivo.
Hace 1 añoUn mes después de haber admitido que ya tenía en sus manos los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), el Ministerio de Educación sigue sin presentarlos al país. Esta evaluación, coordinada por la Unesco, midió las competencias en lectura y matemáticas de estudiantes de tercer y sexto grado, y sus hallazgos son clave para entender el daño educativo provocado por la pandemia, así como las debilidades estructurales previas.
La transparencia no debería ser una concesión, sino una obligación. Países como Costa Rica y Colombia ya divulgaron sus cifras. Panamá, en cambio, guarda silencio. Esta opacidad impide que docentes, familias, investigadores y ciudadanos participen de forma informada en el debate sobre políticas públicas educativas.
Ocultar datos compromete la credibilidad institucional y condena a miles de estudiantes a seguir rezagados, sin que el Estado asuma la responsabilidad de diseñar acciones correctivas basadas en evidencia. ¿A qué le teme el Meduca? La educación no puede construirse sobre la base del ocultamiento. La ciudadanía merece saber qué tan grave es la herida.
Hace 1 añoEl asilo es una figura diseñada para proteger a personas perseguidas por razones políticas o humanitarias, no una vía de escape para evitar rendir cuentas ante la justicia. En Panamá, el caso de Ricardo Martinelli mostró cómo se puede distorsionar ese recurso para evadir procesos judiciales legítimos. Hoy, con la solicitud de asilo de Saúl Méndez en la embajada de Bolivia, vuelve a abrirse ese debate.
Hace 1 añoPanamá invirtió $30 millones en la plataforma Ester para garantizar la continuidad educativa en situaciones de emergencia. Cuatro años después, sigue sin utilizarse, incluso en medio de una huelga nacional que mantiene paralizadas las clases. El Consejo Permanente Multisectorial para la Educación (Copeme) entregó en 2020 protocolos detallados para activar herramientas digitales en momentos de crisis. ¿Por qué no se aplican?
Hace 1 añoLa huelga indefinida y los bloqueos que persisten en Bocas del Toro, pese a haber sido declarados ilegales por un juzgado laboral, han colocado a la provincia en una situación límite. Sin acceso regular a alimentos, medicinas o combustible, es la propia población —trabajadores, familias, pequeños comercios— la más golpeada por una protesta que ha perdido norte. La defensa de derechos laborales y sociales es legítima, pero no puede sostenerse a costa de otros derechos igualmente fundamentales: salud, movilidad, educación, seguridad alimentaria.
Hace 1 añoEl paro docente iniciado el 23 de abril cumple un mes y se suma a una cadena de interrupciones que ha marcado la educación pública en Panamá desde 2020. En los últimos cinco años, solo en 2024 se logró completar un año escolar regular. Esta constante paralización ha golpeado con fuerza a más de 800 mil estudiantes, quienes ven afectado su derecho a una educación continua y de calidad.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
Diferencias con el contralor Anel Flores habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad de Descentralización. Leer más
