Hace 1 añoLa Universidad de Panamá quedó en el centro de una trama que combina opacidad, sobrecostos y posibles delitos financieros. El contrato para construir el Centro Regional Universitario de San Miguelito, firmado por el rector Eduardo Flores y modificado con seis adendas, terminó beneficiando a un consorcio cuyos fondos habrían sido desviados a cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y otros implicados en la Operación Jericó.
Flores ahora se deslinda: dice que desconocía lo ocurrido y reconoce que la principal universidad del Estado no tiene capacidad técnica para evaluar los reclamos que justificaron elevar el costo del proyecto de $65.9 millones a casi $85 millones. La adenda que validó ese aumento fue elaborada por la firma de una exasesora del contralor Gerardo Solís.
Pero una universidad no puede escudarse en su fragilidad institucional para convalidar decisiones que comprometen recursos públicos. Si no se robustece su capacidad de gestión y fiscalización, seguirá siendo presa fácil de intereses externos. La educación superior no se salva con discursos. Transparencia, rigor y control: eso también se enseña, y sobre todo, se practica.
Hace 1 añoLa crisis en Bocas del Toro exige algo más que consignas y bloqueos. Tras más de un mes de huelga y cierres de vías, la provincia sigue atrapada en una espiral de desabastecimiento, desempleo y tensión social. Mientras productores, trabajadores y ciudadanos suplican por una reapertura que les permita recuperar algo de normalidad, líderes como Francisco Smith, de Sitraibana, optan por radicalizar el conflicto.
Hace 1 añoUna reciente balacera en El Chorrillo, a metros del Casco Antiguo, revela una alarmante verdad: Panamá está perdiendo a sus jóvenes en edad productiva y en formación, atrapados entre el crimen organizado y un sistema educativo colapsado. Entre 2020 y 2025, estudiantes del sistema oficial perdieron casi 550 días de clases presenciales, lo que ha profundizado la exclusión social y facilitado el reclutamiento de jóvenes por pandillas. El país figura entre los más afectados por el crimen organizado, con redes que abarcan desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero, mientras la capacidad estatal para contenerlas se debilita. En El Chorrillo, los agentes de seguridad fueron prácticamente desplazados por las bandas, que operan a pasos del principal circuito turístico de la capital. Esta situación exige una respuesta urgente: reactivar el sistema educativo, ofrecer alternativas laborales y fortalecer las instituciones. La lucha contra el crimen organizado debe darse en todos los frentes: social, económico y judicial. No podemos quedar como testigos pasivos de la destrucción de una generación.
Hace 1 año¿Se intenta imponer una estrategia de caos en ambos extremos del país con la justificación de reformas impopulares, como las de seguridad social? En Darién, Bocas del Toro y Tolé se acumulan reclamos legítimos tras décadas de abandono, pero también acciones violentas que alimentan el desconcierto.
Hace 1 añoEn entrevista con La Prensa, François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, recordó que el acceso a la información no es un privilegio, sino un derecho esencial para ejercer ciudadanía. Sin transparencia no puede haber ni justicia ni confianza en las instituciones. Pero en Panamá, como en muchos países, el combate a la corrupción tropieza con opacidad estructural: registros incompletos de beneficiarios finales, uso de sociedades pantalla, procesos administrativos sin trazabilidad y gobiernos que retienen datos clave bajo argumentos vagos de confidencialidad.
Hace 1 añoLa crisis por la paralización de las potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro no es un hecho aislado ni un fenómeno nuevo. En Herrera y Los Santos, los cortes en el suministro de agua potable se han vuelto recurrentes, y su causa principal —la contaminación del río La Villa— lleva años sin ser atendida con la seriedad que exige. La presencia de microorganismos y patógenos ha obligado al Idaan a suspender operaciones, dejando a miles sin acceso al vital líquido.
La respuesta gubernamental ha sido reactiva: cisternas, distribución de agua embotellada y presencia interinstitucional en la zona. Pero nada de eso resuelve el fondo del problema. La falta de planificación, vigilancia ambiental y políticas sostenidas para proteger las fuentes hídricas es lo que ha desembocado en esta emergencia.
Las comunidades afectadas exigen más que paliativos. Exigen acción y voluntad política para garantizar, de una vez por todas, que el agua potable no dependa de la suerte ni de la improvisación.
Hace 1 añoEl clientelismo es una forma de dominación. Se disfraza de ayuda, pero esconde una lógica perversa: mantener a las comunidades en la precariedad para ofrecerles soluciones parciales a cambio de lealtades políticas. En provincias como Bocas del Toro, la ausencia sostenida del Estado ha creado el terreno fértil para que diputados, caciques partidarios y operadores locales sustituyan instituciones por favores, y derechos por promesas. La salud, el agua, el empleo y hasta la educación dependen del partido en el poder. Así, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser objeto de intercambio electoral. Esta dinámica empobrece la democracia, erosiona la confianza pública y perpetúa la desigualdad. Los conflictos sociales que hoy estallan no son espontáneos: son el resultado de años de abandono funcional, disfrazado de “proyectos” y “donaciones”. Romper con este modelo exige instituciones fuertes, reglas claras y una ciudadanía que deje de agradecer lo que le corresponde por ley. Sin esto, no hay república posible, y mucho menos, desarrollo.
Hace 1 añoEn Bocas del Toro, el reclamo sindical legítimo ha sido secuestrado por una dirigencia incapaz de desmarcarse de la opacidad. Mientras miles de familias enfrentan desempleo, desabastecimiento y hospitales al borde del colapso, surgen denuncias de pagos en efectivo —“dinero en mano”— para sostener cierres y sobornos en los bloqueos. ¿En nombre de quién se cobra ese peaje? ¿De los despedidos de Chiquita? ¿De los que no llegan al hospital?
Los trabajadores bananeros merecen respuestas y liderazgo honesto. No basta con exigir cambios a la Ley 45 si quienes alzan la voz actúan sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin estrategia clara. Francisco Smith, dirigente de Sitraibana, pide diálogo, pero ¿cuánto control tiene realmente sobre los cierres?
El Estado debe asumir su rol y abrir canales reales de negociación, pero también es hora de que la dirigencia sindical rinda cuentas. La protesta no puede ser excusa para el abuso. La justicia social se defiende con dignidad, no con clientelismo disfrazado de resistencia.
Hace 1 añoMientras Panamá discute temas como educación, desempleo y seguridad social, otra deuda se acumula sin debate: el costo del embarazo adolescente. El nuevo estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) mide, por fin, el impacto socioeconómico de la maternidad entre los 15 y 19 años.
No es solo una tragedia íntima; es una pérdida masiva de capital humano, de ingresos futuros y de bienestar social. Cada embarazo adolescente representa oportunidades laborales y educativas canceladas. Son niñas criando niñas, sin redes de apoyo, atrapadas en ciclos de pobreza y desigualdad. Y el Estado, en lugar de prevenir, reacciona tarde y mal.
La evidencia está servida. Falta voluntad para implementar educación sexual integral, acceso real a salud reproductiva y protección efectiva contra el abuso. No es moralismo: es política pública.
El país no puede seguir pagando el costo de mirar hacia otro lado. Invertir en las adolescentes es proteger el presente y asegurar el futuro.
Hace 1 añoEn Panamá, basta una causa—cualquiera, incluso ajena a la educación—para que miles de docentes abandonen las aulas. Esta vez es la seguridad social; antes fue el salario, la minería, o la falta de pupitres. Mientras tanto, los centros escolares públicos operan a medias: unos con 95% de normalidad, otros sin un solo alumno. La asistencia fluctúa más por miedo a la inestabilidad que por ausencia de voluntad.
Es el retrato de un país donde toda huelga educativa “triunfa” si logra detener las clases. Y lo logra. Por eso el calendario escolar ya ha perdido 490 días desde 2020. Cada paro prolonga la desigualdad entre quienes acceden a educación privada y quienes esperan que vuelva la normalidad.
La deserción aumenta, el desempleo juvenil también, y el desfase entre lo que se enseña y lo que se necesita empeora. Seguimos hipotecando el futuro sin asumir que, sin educación funcional y continua, ningún país puede prosperar. Menos aún uno que convierte cada protesta en abandono.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
Diferencias con el contralor Anel Flores habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad de Descentralización. Leer más
