Hace 1 añoEl derecho a protestar es una piedra angular de la democracia. Los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse, marchar y expresar su descontento. Sin embargo, cuando una protesta se transforma en el bloqueo prolongado de una ciudad, deja de ser una expresión legítima y se convierte en una violación de derechos.
Changuinola, en Bocas del Toro, es el ejemplo más reciente de esta distorsión. Lo que comenzó como una manifestación de trabajadores inconformes ha derivado en el cierre ilegal de las vías de acceso a la ciudad. Esto ha dejado a sus residentes atrapados, sin acceso adecuado a alimentos, medicinas y otros productos esenciales. El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha tenido que activar un puente aéreo humanitario para mitigar el desabastecimiento.
Protestar es un derecho, pero bloquear el acceso a una ciudad por horas, días o semanas es otra cosa. Eso no es manifestarse, es imponer por la fuerza el sufrimiento a otros. Las autoridades deben garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos y hacer cumplir la ley. En democracia, los derechos se ejercen sin atropellar los derechos de los demás.
Hace 1 añoEl reciente escándalo por el desvío de fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) hacia el Gobierno Central no es un hecho aislado, sino parte de una serie de abusos que explican la profunda insatisfacción ciudadana con el manejo político que ha tenido esta institución. Desde la administración de Ricardo Martinelli, se han utilizado fondos de otros programas de la CSS como una medida desesperada para evitar enfrentar la reforma al sistema de pensiones, cuya insostenibilidad fue evidente tras las reformas insuficientes de la administración Torrijos.
Todos los gobiernos posteriores han evadido su responsabilidad, ignorando las advertencias de expertos y de la propia Junta Directiva de la CSS, que tampoco cumplió con su deber de fiscalizar adecuadamente. El reciente desvío de 400 millones de dólares durante la gestión de Enrique Lau Cortés es solo el último ejemplo de cómo la CSS ha sido tratada como una caja chica para cubrir déficits fiscales del Gobierno.
Los responsables deben rendir cuentas, y la sociedad exige transparencia. No se trata solo de castigar a quienes actuaron mal, sino de garantizar que la CSS sea manejada con responsabilidad y respeto por los fondos que pertenecen a los trabajadores y jubilados.
Hace 1 añoLo que ocurre en la natación no es un caso aislado. El uso discrecional de instalaciones públicas por parte de federaciones deportivas, sin mecanismos claros de fiscalización, responde a un modelo viciado que lleva años normalizándose.
La reciente polémica por cobros a través de cuentas personales mediante una aplicación de transferencias electrónicas durante el Campeonato Nacional Interclubes de Natación revela una práctica inaceptable: convertir lo público en negocio privado, con el agravante de la opacidad.
Que el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, reconozca públicamente su molestia y prometa preguntar “el porqué” no basta. El país necesita respuestas firmes, auditorías independientes y consecuencias. No se puede seguir permitiendo que federaciones operen sin rendir cuentas, como si administraran feudos heredados, y no recursos del Estado.
Mientras se anuncian inversiones millonarias para modernizar piscinas, urge garantizar transparencia y control. Lo contrario perpetúa una cultura de privilegios que ha hecho del deporte una burbuja cerrada al escrutinio, pero abierta al clientelismo.
Hace 1 añoJosé Pepe Mujica, nacido el 20 de mayo de 1935, murió este 13 de mayo de 2025 a los 89 años, dejando una huella singular en la política latinoamericana.
Exguerrillero, expresidente y símbolo de la austeridad, vivió como predicó: con humildad y compromiso. Rechazó privilegios, donó la mayor parte de su salario y convirtió su chacra en Montevideo en símbolo de un liderazgo distinto, uno que se alinea con lo que dice y con lo que hace.
Durante su presidencia (2010–2015), lideró reformas profundas como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis. Pero su legado va más allá de lo legislativo: supo señalar errores, incluso dentro de su propio partido, sin sacrificar la honestidad intelectual ni la crítica constructiva.
En tiempos de cinismo, Mujica demostró que se puede hacer política desde la ética. Que se puede disentir sin odiar. Que se puede gobernar sin servirse. Su ejemplo recuerda que la democracia se fortalece con convicciones firmes y coherencia vital.
Hace 1 añoPasan los gobiernos, pero los problemas persisten. Changuinola parece un territorio congelado: pobreza crónica, servicios públicos deficientes, escuelas sin luz ni agua, centros de salud desbordados, caminos que se inundan, comunidades que siguen sin internet. Han gobernado el PRD, el panameñismo y Cambio Democrático, y nada cambia. Lo que sí ha sido constante son los liderazgos de Benicio Robinson y Francisco Smith, figuras que por décadas han dominado el tablero político y sindical del distrito.
Mientras otras regiones del país avanzan, Changuinola sigue atada al monocultivo bananero, con salarios bajos, oportunidades mínimas y una juventud que emigra o se resigna. La indignación, cuando llega, se expresa en bloqueos de carretera, porque la protesta sigue siendo la única forma de hacerse oír.
Las cifras oficiales lo confirman: la pobreza y la desigualdad aquí no bajan, y los proyectos sociales se diluyen entre promesas repetidas. Changuinola no necesita más discursos. Necesita que quienes han controlado el poder político y sindical durante décadas rindan cuentas. La ciudadanía merece saber por qué, a pesar de los recursos invertidos y las promesas hechas, el desarrollo sigue siendo un sueño lejano. Es hora de que los responsables asuman su parte.
Hace 1 añoAunque para muchos la salida de Ricardo Martinelli de la embajada de Nicaragua puede interpretarse como un alivio —por haber dejado de usarla como plataforma política en abierta burla al derecho internacional—, lo cierto es que su llegada a Colombia bajo la figura del asilo político representa una victoria de la impunidad sobre la justicia.
Martinelli no huía de una persecución, sino de una condena firme por lavado de dinero. Y no lo hizo en silencio: celebró su escape con bailes y mensajes burlones, como si confirmara que el poder, una vez más, le garantizó inmunidad. Que el gobierno colombiano lo haya acogido por “razones políticas” contradice su propio historial de críticas hacia el expresidente panameño y desvirtúa el principio del asilo.
Este episodio no solo debilita el Estado de derecho en Panamá, sino que marca un precedente preocupante en la región: los condenados por corrupción pueden encontrar refugio político si tienen suficientes conexiones. Es un triunfo de la sinverguenzura sobre la justicia, y de la protección sobre la rendición de cuentas.
Redacción de La PrensaHace 1 añoLas pandillas en Panamá son un cáncer social que parece inextirpable. Sus nombres —Calor Calor, Bagdad, Matar o morir, Los Yeyos, Los Bin Laden, entre otros— se repiten año tras año, gobierno tras gobierno, sin que las estrategias de seguridad logren reducir su presencia o su membresía. Detrás de la mayoría de los crímenes violentos que sacuden las calles del país, especialmente en la capital y Colón, está la disputa territorial por el control del microtráfico de drogas.
Más alarmante aún es la facilidad con que estos grupos reclutan jóvenes. Los datos son contundentes: al menos 2,500 estudiantes abandonaron las aulas en 2024, convirtiéndose en presas fáciles de un mundo donde la salida muchas veces es en un ataúd. La deserción escolar tiene raíces profundas: infraestructura escolar deficiente, planes de estudio obsoletos y la falta de profesores capacitados. A esto se suma la interrupción constante de clases por parte de gremios que priorizan sus agendas políticas.
El enfoque policial, aunque necesario, no es suficiente. Si no se reforma el sistema educativo de manera integral, involucrando a maestros, profesores, directores y padres de familia, las aulas seguirán vacías y las pandillas seguirán llenando ese vacío. Solo una educación fortalecida y coordinada puede ofrecer a los jóvenes una salida real y digna de ese oscuro laberinto.
Hace 1 añoLa huelga del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) ha paralizado más de 90 obras del Ministerio de Obras Públicas (MOP), impactando gravemente a miles de ciudadanos que esperaban mejoras en infraestructura vial, puentes, carreteras y otras obras esenciales. Este paro no solo afecta a las empresas constructoras, sino que también repercute directamente en la economía y calidad de vida de los panameños.
La paralización de estos proyectos incrementa los costos, pues las empresas pueden solicitar extensiones de tiempo y compensaciones económicas, gastos que finalmente recaen en los contribuyentes. Además, el retraso en la entrega de las obras impide que los ciudadanos accedan a servicios vitales, como los zarzos en la Comarca Ngäbe-Buglé, fundamentales para que los niños crucen ríos de forma segura.
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una obra clave para la conectividad y el desarrollo del país, también sufre el impacto del paro. Esta infraestructura es crucial para los cientos de miles de ciudadanos que viajan diariamente entre Panamá Oeste y la ciudad capital, quienes pierden horas atrapados en interminables tranques que deberían aminorarse con la nueva vía.
Mientras la huelga continúa, los panameños quedan atrapados en los intereses políticos de un sindicato que, lejos de defender los derechos de los obreros, ha convertido su plataforma en un instrumento de lucha ideológica, ignorando el mandato democrático expresado en las urnas.
Hace 1 añoLa violencia en las protestas frente a la Universidad de Panamá ha alcanzado un punto intolerable. El caso de la niña de cuatro años, que sufrió una fractura craneal tras ser impactada por una piedra lanzada por manifestantes encapuchados, es una tragedia que jamás debió ocurrir. La autonomía universitaria es un principio fundamental, pero también conlleva una responsabilidad: garantizar que las instalaciones no sean refugio para el vandalismo ni el caos.
La administración de la Universidad de Panamá debe asumir su responsabilidad inmediata. No es aceptable que pequeños grupos de supuestos estudiantes utilicen el campus como plataforma para la violencia, atacando a la ciudadanía y a las fuerzas del orden. La impunidad con la que estos individuos actúan demuestra una peligrosa falta de control y liderazgo por parte de las autoridades universitarias.
La autonomía no puede ser excusa para el desorden ni para poner en riesgo la vida de inocentes. Es urgente que las autoridades universitarias establezcan medidas claras para evitar que las protestas se conviertan en actos vandálicos. La sociedad exige responsabilidad, no justificaciones.
Hace 1 añoEl reciente fallo de la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito Judicial de Estados Unidos ha dejado claro que el principio de especialidad no protege al expresidente Ricardo Martinelli. En tres ocasiones, el Departamento de Estado estadounidense comunicó oficialmente a Panamá que este principio ya no aplicaba. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, mediante la nota A.J.-MIRE-2024-057600 del 24 de agosto de 2024, certificó que no consta ninguna solicitud para el levantamiento del principio de especialidad.
Esto plantea una inquietante interrogante: ¿para quién trabaja realmente el Ministerio de Relaciones Exteriores? La insistencia en desconocer las comunicaciones oficiales de Estados Unidos sugiere una preocupante disposición a desinformar y manipular la verdad jurídica. Más grave aún es que esta actitud podría influir en decisiones judiciales en Panamá, donde el magistrado Olmedo Arrocha tiene en su conocimiento tres demandas de inconstitucionalidad que buscan anular la condena a Martinelli en el caso New Business.
El principio de especialidad no es un derecho del extraditado, sino una prerrogativa del país que concede la extradición. Mal puede el Ministerio de Relaciones Exteriores ignorar las comunicaciones de Estados Unidos y obstaculizar la justicia en Panamá.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
Diferencias con el contralor Anel Flores habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad de Descentralización. Leer más
