Hace 1 añoEl contrato portuario en Isla Margarita debía cancelarse desde 2021, pero fue salvado por una adenda exprés tras una reunión entre el expresidente Cortizo y los nuevos actores del proyecto. Hoy, la empresa aún ocupa el fondo de mar, sin fianzas ni avances. Lo grave es que lo hace amparada por recursos admitidos en la Corte Suprema, mientras las promesas incumplidas se acumulan y la opacidad persiste. El presidente Mulino anunció su cancelación, pero la realidad no ha cambiado. ¿Quién intercedió para sostener una concesión fallida durante tantos años? ¿Quién protege ahora ese contrato desde el órgano judicial? Los panameños tienen derecho a saber por qué no se aplica la ley con la misma firmeza con que se exigió desde la AMP en 2021. No se trata solo de Isla Margarita. La historia se repite en otras concesiones estratégicas. Es hora de romper el patrón. Lo que está en juego no es un contrato: es la soberanía sobre nuestros activos más valiosos.
Hace 1 añoDespués de 63 días de huelga por la reforma a la Ley 51 de la Caja del Seguro Social, el presidente de la República, José Raúl Molino, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, aprobaron un procedimiento especial para nombrar temporalmente a maestros y profesores que reemplacen a quienes han abandonado las aulas. Se estima que al menos un tercio del cuerpo docente ha suspendido clases en todo el país.
Hace 1 añoEl país arrancó el segundo trimestre escolar sin la información más básica: ¿cuántos docentes se reincorporaron? ¿En cuántos centros aún no hay clases? El Ministerio de Educación guarda silencio o responde con cifras parciales. Mientras tanto, miles de estudiantes siguen en vilo, pagando el costo de una pugna política donde los protagonistas ya no parecen tener salida clara.
Hace 1 añoMientras el país concentra su atención en la crisis de Bocas del Toro —donde la paralización de la actividad bananera ha dejado a miles sin empleo y ha golpeado el comercio y el turismo—, otra realidad igual de alarmante se extiende por todo el país: el desempleo estructural y la creciente informalidad.
Hace 1 añoLo que ocurre en Bocas del Toro no es una protesta social. Es violencia organizada, sostenida por estructuras criminales y, lo más grave, presuntamente apoyada por autoridades electas que, en lugar de velar por sus comunidades, alimentan el caos. Quemar vehículos, sabotear carreteras, destruir propiedad pública y privada y atacar bodegas de la Caja de Seguro Social no es protesta: es crimen. Las denuncias del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, deben investigarse con urgencia. Si se comprueba que alcaldes y representantes han financiado a pandilleros con dinero público o privado, deben ser procesados penalmente y sancionados por sus partidos y por la sociedad. Lo que está en juego es el Estado de derecho. Callar ante esto es ser cómplice. No hay cabida para la ambigüedad ni para el cálculo político. El país necesita líderes que condenen la violencia sin matices. Y necesita instituciones que actúen con firmeza para proteger a la mayoría pacífica frente a quienes, en nombre del pueblo, lo secuestran.
Hace 1 añoEn La rebelión de las masas, Ortega y Gasset observa que cuando el pueblo sufre por hambre, su reacción instintiva es destruir la panadería. No razona que la panadería, aunque insuficiente, le da sustento. El impulso inmediato es arrasar con lo que tiene enfrente. Bocas del Toro es hoy un retrato brutal de esa metáfora. Tras años de abandono estatal, la región sufre la salida de Chiquita, dejando a 5 mil personas sin empleo. El cacao no puede exportarse porque los cierres lo impiden. Comercios saqueados, clases suspendidas, hospitales sin acceso. Todo en nombre de una reforma a la ley de la Caja de Seguro Social que ya ni siquiera ampara a quienes perdieron su trabajo. Y mientras todo se desmorona, desde la comodidad de su casa en Boquete, el señor feudal de Bocas lanza un comunicado acusando al gobierno del caos… el mismo caos que él ha cultivado durante más de 20 años como máxima autoridad electa en la provincia. ¿Quién gana? No el pueblo. Solo los que lucran con la ruina.
Hace 1 año“No se necesita un problema más en el Meduca”, dijo el presidente José Raúl Mulino. Pero el problema parece ser la ministra. La frase, pronunciada al suspender una licitación de $57.6 millones para almuerzos escolares, revela más de lo que parece: una crítica implícita a una gestión marcada por la opacidad, el desorden y la falta de respuestas claras.
Hace 1 añoDesde el 23 de abril, gremios docentes mantienen en paro indefinido la educación pública, no como un reclamo puntual, sino como parte de una agenda política que no logró respaldo en las urnas y que insiste en imponer una visión insostenible del sistema de jubilaciones.
Redacción de La PrensaHace 1 añoDespués de casi dos meses de paro docente, el Ministerio de Educación aún no puede responder una pregunta básica: ¿Cuántas escuelas están funcionando y cuántos docentes están dando clases? No es solo una cuestión de cifras; es el síntoma de una gestión opaca y errática, en medio de una de las crisis educativas más prolongadas del país. Pero la negligencia no es solo oficial. Del lado de los gremios, también hay cuentas pendientes. Utilizar el derecho a la protesta para suspender indefinidamente el acceso a la educación pública ha sido, de facto, convertirla en moneda de cambio. Hoy, mientras se discute una posible negociación para el retorno a clases, el país merece algo más que promesas. Se requiere un compromiso serio de ambas partes. Del Ministerio, transparencia, liderazgo y cumplimiento de su deber institucional. De los gremios, el abandono de estrategias que sacrifican el futuro de miles de jóvenes en nombre de la presión política. La educación no puede seguir secuestrada por la desconfianza, la improvisación y el oportunismo. La política debe salir de las aulas. Y los estudiantes, volver al centro del debate.
Hace 1 añoEn sociedades donde evadir impuestos es casi una costumbre tolerada, promover el cumplimiento tributario requiere algo más que sanciones: necesita incentivos positivos. La lotería fiscal no resuelve por sí sola los problemas estructurales de la evasión, pero invita al ciudadano a detenerse unos segundos más, pedir su factura y entender que ese gesto tiene valor. Exigir factura no es un favor al comerciante ni una manía burocrática. Es un acto cívico. Un país no puede financiar salud, educación o justicia si su sistema fiscal depende de voluntades inciertas. Premiar ese acto cotidiano es una forma inteligente de construir una cultura tributaria desde abajo, sin imponer, pero sí persuadiendo. Cuando se reconoce al contribuyente honesto —así sea con un sorteo simbólico— se transmite un mensaje: el Estado también puede incentivar la responsabilidad. Que cada factura recogida sea un pequeño voto por la transparencia y por un país que funcione mejor para todos.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
Diferencias con el contralor Anel Flores habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad de Descentralización. Leer más
