Hace 1 añoUno de los mayores obstáculos para adoptar la inteligencia artificial no es la tecnología, son nuestros miedos… y nuestros egos. Algunos desconfían, no sin razón: la IA funciona a menudo como una “caja negra” difícil de auditar y, mal utilizada, puede reproducir sesgos o tomar decisiones injustas. Son preocupaciones válidas, pero la IA ya es una realidad: ignorarla no la hará desaparecer, solo nos hará menos competitivos.
Hace 1 añoLa reactivación de las exportaciones de cacao desde Bocas del Toro, tras casi dos meses de bloqueos, no solo es una buena noticia económica: es también una lección de resiliencia. En una provincia históricamente asociada al monocultivo bananero y más recientemente al turismo, el cacao demuestra que hay espacio —y necesidad— de diversificar la producción agropecuaria.
Hace 1 añoLa limpieza de hospitales públicos es un servicio esencial que debería estar blindado por la transparencia. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días es todo lo contrario: una decisión administrativa opaca, que favorece directamente a una empresa cuestionada, sin licitación ni convocatoria pública.
Hace 1 añoLa ausencia de fiscalización por parte de las instituciones y el abuso de ciudadanos inescrupulosos han llevado la crisis del río Pacora a niveles alarmantes. Plantas de tratamiento sin permiso, porquerizas mal manejadas, acumulación de sedimentos y basura en la cuenca son síntomas de un Estado que ha dejado de vigilar y de quienes se aprovechan de esa omisión.
El mal ejemplo se replica. Lo que ocurre en Pacora no es distinto a lo que pasa en Azuero, donde la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná ha dejado sin agua potable a miles de personas. ¿Cuántos otros ríos estarán siendo contaminados bajo el mismo patrón de impunidad?
El Ministerio de Ambiente ha iniciado procesos, pero eso no basta. Es imperativo que las instituciones retomen con firmeza su rol fiscalizador, con operativos constantes y sanciones ejemplares. Y tan importante como vigilar, es educar: los ciudadanos deben conocer y respetar las normas para cuidar el medio ambiente. Proteger el agua es una responsabilidad compartida. Cada día de inacción empuja a más comunidades hacia una crisis evitable.
Hace 1 añoDespués de más de 70 días de huelga docente, y sin que el Meduca pudiera —o quisiera— precisar cuántos maestros realmente abandonaron las aulas, al fin se firmó un acuerdo con al menos 15 gremios que garantiza el regreso a clases.
Intentando salvar la cara, los gremios alegan que lo hicieron por el futuro del país. Pero lo cierto es que midieron mal su fuerza, adoptaron una postura extrema y, al final, los grandes perdedores fueron los estudiantes. Perdieron horas, semanas y meses de aprendizaje que difícilmente podrán recuperar.
En los últimos años, Panamá ha perdido más de 500 días de clases. Ojalá esta amarga experiencia sirva para que, la próxima vez, se evalúe con más sensatez el costo de paralizar las escuelas. No se puede seguir usando a los jóvenes como moneda de cambio. El país necesita soluciones responsables, no confrontaciones donde la educación siempre paga el precio más alto.
Hace 1 añoPanamá y San Miguelito, los dos distritos más densamente poblados del país, enfrentan al mismo tiempo un dilema estructural: cómo garantizar un servicio de recolección de basura que no solo funcione, sino que responda a una visión urbana coherente. En uno, el Estado tuvo que asumir directamente la operación tras años de problemas acumulados. En el otro, la alcaldía lanza una consulta para diseñar su futura licitación. Ambos escenarios revelan la misma falla: la ausencia de planificación metropolitana.
No se trata solo de elegir bien al contratista. Se trata de saber exigir, fiscalizar y corregir cuando se incumple. Durante años, las comunidades han convivido con basura acumulada, veredas intransitables y riesgos sanitarios, mientras las autoridades respondían con parches.
La oportunidad actual es crítica. San Miguelito puede construir un modelo distinto. Pero para lograrlo, debe partir del principio más elemental: pensar en los habitantes primero, no en los contratos. Porque sin visión metropolitana, lo único que se seguirá reciclando es el fracaso.
Hace 1 añoLa salida de Panamá de la lista de alto riesgo para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea representa un logro importante. Más allá de los efectos prácticos —como facilitar el acceso a inversión extranjera y reducir barreras regulatorias—, el mayor valor de este avance radica en su impacto sobre la reputación del país.
No se trata solo de cumplir requisitos internacionales para complacer a terceros. Lo esencial es que las reformas adoptadas fortalezcan nuestras propias instituciones, afiancen la confianza ciudadana y sirvan como base de una economía más transparente y competitiva.
Durante años, el país avanzó a trompicones, no por falta de capacidad técnica, sino porque muchas veces faltó convicción para hacer las cosas bien por principios propios. Esta experiencia demuestra que actuar con coherencia y rigor tiene resultados.
Salir de la lista es un paso. Lo que sigue es mantenernos fuera con un sistema sólido, que funcione no por presión externa, sino porque lo exige el bien común.
Hace 1 añoLa llegada de Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea representa una oportunidad para repensar el funcionamiento del órgano más cuestionado del Estado. No se trata solo de recortes, sino de un giro institucional que empiece por reconocer el daño causado por la opacidad, el clientelismo y la indiferencia hacia los recursos públicos.
Eliminar vehículos alquilados o prometer revisar el reglamento son acciones correctas, pero insuficientes si no se acompañan de decisiones valientes: depurar la planilla, limitar los contratos discrecionales, publicar los informes de asistencia y sancionar a los responsables del desvío de fondos.
El poder legislativo no puede seguir funcionando como una agencia de empleos. La confianza ciudadana está agotada, y cualquier intento de reforma que no confronte los vicios estructurales será, otra vez, cosmético.
Herrera tiene el respaldo de una mayoría nueva. Eso no es garantía de nada, pero es un punto de partida. El país espera algo más que gestos: necesita resultados, coherencia y una visión de Estado.
Hace 1 añoLa aprehensión de Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, no sorprende. Lo que sorprende es lo mucho que tardó. Durante años, manejó un sistema de auxilios económicos con opacidad, discrecionalidad y descaro. Lo usó para premiar lealtades políticas y favorecer clientelas dentro del PRD y la Asamblea Nacional. Las advertencias estaban ahí: negativa a rendir cuentas, repartos millonarios sin justificación, y una plataforma pública usada como trampolín electoral.
Ahora, el Ministerio Público le sigue la pista a más de $400,000 que, según auditorías, no pudo justificar. Beneficiarios de ayudas hicieron transferencias directas a sus cuentas, como si el dinero público fuera suyo por derecho. ¿Cuántos más se beneficiaron? ¿Cuántos sabían? Meneses puede ser el rostro del caso, pero no fue el único operador.
Este caso es más que la caída de un funcionario. Es una advertencia a quienes usan el Estado como caja registradora personal. La justicia debe ser ejemplar, rápida y sin pactos silenciosos.
Redacción de La PrensaHace 1 añoEn 1994, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el Estado no está obligado a pagar salarios por días no laborados durante una huelga docente. En su fallo, el magistrado ponente Edgardo Molino Mola señaló que los educadores no cuentan con una cobertura legal clara para declarar huelgas y, por tanto, el Estado puede adoptar medidas como la suspensión de salarios sin que ello se considere ilegal.
Han pasado más de 30 años y el fallo sigue teniendo plena vigencia. Hoy, tras 74 días sin clases, algunos sectores insisten en que los docentes deben ser remunerados, pese a no haber trabajado. Esta exigencia, además de carecer de sustento legal, busca imponer una presión política con alto costo para el país, tomando la educación de los jóvenes como rehén.
Si el Gobierno cede, perpetuará la mala práctica de administraciones anteriores que, para evitar conflictos, accedieron al chantaje gremial. Y si la Asamblea lo respalda, convertirá el chantaje en política de Estado.
El que no trabaja, no cobra. Ceder ahora es institucionalizar la impunidad.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
Diferencias con el contralor Anel Flores habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad de Descentralización. Leer más
