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TEMA: Hoy por Hoy

Hace 22 añosLas cifras oficiales de la Contraloría General de la República confirman, una vez más, la caótica situación por la que atraviesa el país, al reportar que la actual administración fue incapaz de cumplir ni siquiera con el 50% de la ejecución del presupuesto de inversiones en el 2003. Y es que para hacer inversiones se necesita, primeramente, planificación, especificaciones, pliegos para licitaciones, concursos de precios, contratos y todo hay que desarrollarlo dentro del proceso de la ley de contratación pública. El problema es que el país cuenta con funcionarios que no entienden ni tienen los conocimientos para sustentar los proyectos que necesita el país para crecer. Además, históricamente los gobiernos han sido consistentemente ineficientes en la ejecución del Presupuesto General del Estado porque se trataba de un plan que podía o no cumplirse. Pero ahora no hay excusas, porque se trata de un presupuesto de caja, que de acuerdo con la ley debe ejecutarse porque ya existen los compromisos y los financiamientos. Pero la realidad es que el único compromiso que tiene este gobierno es hacer política y cumplir el presupuesto de planilla, viáticos y transporte en un 100%. Es obvio que tras la contratación de más de diez mil personas en la planilla estatal en el 2003, tal como lo señalan las cifras de la Contraloría, se reduzca la inversión. Eso refleja que los recursos del Estado se están utilizando para política y no para el bienestar de la población, lo que los obliga a que le echen mano a las cifras para hacer maniobras contables y maquillajes financieros para poder cuadrar las escuálidas cifras que presentan.

Hoy por Hoy 2004/03/10

Hace 22 años

Hoy por Hoy 2004/03/09

Hace 22 añosLa presidenta de la República se ha olvidado de sus palabras. Aquellas que hizo públicas en 1999 durante su campaña electoral y quedaron plasmadas en el plan de gobierno de Unión por Panamá, cuando prometía que de llegar al poder haría un gobierno transparente. “La política económica y el desempeño financiero del gobierno no pueden ni deben continuar siendo un secreto de Estado. La información financiera debe ponerse a disposición de la ciudadanía, con total y absoluta transparencia, de manera que la opinión pública cuente con suficientes elementos de juicio para juzgar, medir y evaluar el desempeño de sus gobernantes (...). Nuestro gobierno establecerá los mecanismos necesarios para que toda la información relativa a las actividades y actuaciones del Estado, incluidas las de índole financiero, sea accesible al público”. Esto se desprende del documento “Nuestro compromiso para el cambio”, página 102, numeral 18, que trata sobre Transparencia. Por lo visto, la mandataria una vez más se contradice al desafiar la ley relativa al libre acceso a la información pública y que ella misma sancionó y elogió. También se equivoca cuando dice que a Pérez Balladares nunca le pidieron información sobre las partidas discrecionales. Aunque la Ley de Transparencia no existía, La Prensa, en innumerables ocasiones, solicitó la divulgación de dicha información. Esta actitud prepotente es una burla al país, sobre todo porque hace unos días la ministra de la Presidencia se comprometió con la Defensoría del Pueblo a enviarle información al nodo de transparencia. Con esta acción, la Presidenta está dando sobradas razones para que no la incluyeran en la lista de las cien mujeres más destacadas en el primer centenario de la República.

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