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Gremios profesionales y de la sociedad civil organizada se unieron hoy para expresar su preocupación por la “falta de decisión” sobre los más de 350 indultos que el expresidente Ricardo Martinelli otorgó el pasado 30 de junio, último día de su mandato.
Entre los indultados hay exministros del gabinete de Martinelli, exasesores, copartidarios, todos los candidatos a diputado impugnados en las pasadas elecciones, policías investigados por homicidio y otros procesados por delitos de corrupción.
Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, expresó que la Corte Suprema de Justicia está dando largas al trámite de las demandas presentadas contra los indultos de Martinelli, cuando ya existen dos precedentes en donde se establece la inconstitucionalidad de los perdones dados en casos por delitos comunes. Enfatizó que el propio presidente Juan Carlos Varela puede emitir un decreto derogando estos indultos, fundamentado en estos precedentes.
En una conferencia en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), los grupos -entre los que está la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- también advirtieron que darán seguimiento a las auditorías y denuncias anunciadas por el gobierno actual, “para que se investiguen los hechos de corrupción, peculado y malversación que se dieron en la pasada administración pública y que se inicien los procesos para recuperar por la vía judicial lo que fue malversado”.
También prometieron realizar un “inventario y seguimiento” de los casos vinculados a delitos contra la administración pública que se han reportado en la pasada administración “y los que surjan en la actual”.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, piden que se divulgue y audite la declaración patrimonial de los funcionarios y que se regule el financiamiento público y privado de los partidos políticos. Igualmente, reformar las normas de contratación pública para reducir la “discrecionalidad” en las compras directas.
Sobre la escogencia del contralor, el procurador y los magistrados piden que el proceso sea transparente y sometido al escrutinio público. También que se permita una “amplia participación ciudadana” en las consultas para una Constituyente.
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y la exministra de Gobierno, Roxana Méndez, incurrieron de manera dolosa en el delito de abuso de autoridad al otorgar indultos a 10 personas, entre ellos cinco policías acusados de homicidio, mediante un decreto emitido el 26 de octubre de 2010.
Así lo manifestó el exjuez Alexis Ballesteros en una denuncia interpuesta la tarde de este lunes, 21 de julio, en la Corte Suprema de Justicia, en la que acusa a Martinelli y Méndez de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
Ballesteros, que interpuso la denuncia a título personal, aportó como prueba el fallo reciente del 19 de junio pasado en que la Corte Suprema de Justicia concluyó que con los indultos, dados por Martinelli en 2010, asumió funciones que solo competen a jueces y magistrados del Órgano Judicial.
Martinelli, como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), goza de las mismas prerrogativas que los diputados de la República y, por ende, debe ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
Méndez fue incluida en la denuncia porque junto a Martinelli, firmó el decreto ejecutivo 890 del 26 de octubre de 2010, que indultó a 10 personas.
Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, dijo “me parece que es un abogado que no tiene claro cuales son los procedimientos legales o es un tema político, creo que es más lo segundo, esto es político”. En cuanto al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional los indultos de 2010, dijo que "nosotros somos respetuosos del sistema democrático y todos sabemos los fallos de la corte son definitivos".
Ahora corresponderá a la Corte decidir la legalidad de los indultos dados por Martinelli a 353 personas por medio de 18 decretos ejecutivos, expedidos poco antes de dejar el cargo.
La Prensa llamó a la exalcaldesa Méndez a su celular, pero no respondió.
Busque la información completa en la edición impresa de este martes.
Ocho fiscales del Ministerio Público (MP) hicieron oficial su desacuerdo a los indultos otorgados por el expresidente, Ricardo Martinelli, antes de dejar el cargo.
Los funcionarios presentaron 14 demandas de inconstitucionalidad contra 10 de los 18 decretos ejecutivos en los que Martinelli dio indultos presidenciales a 353 personas.
Fuentes oficiales del MP informaron que las demandas se presentaron el pasado miércoles en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las demandas de los fiscales fueron asignadas hoy, viernes, 18 de julio, en el reparto de la Secretaría General de la CSJ.
Entre los demandantes están Javier Caraballo, fiscal primero de Drogas, Ida de Mirones, fiscal segunda de Drogas, Adecio Mojica, fiscal primero Anticorrupción; Lizzett Chevalier, fiscal segunda Anticorrupción, Lorena de Coronell, fiscal tercera Anticorrupción; Luis Martínez, fiscal quinto Superior; Nayra Fernández, fiscal superior de Propiedad Intelectual y Jairo Samaniego, fiscal Contra la Delincuencia Organizada.
Mirones, Caraballo y Fernández demandaron cada uno, por separado, el Decreto No. 266, publicado el 25 de junio en Gaceta Oficial, en que se indultaron a seis personas.
Mojica, Caraballo y Martínez presentaron recursos contra el Decreto No. 299 de 30 de junio, que dio indultos a 137 personas, incluidos nueve policías, acusados del homicidio de cinco menores en el Centro de Cumplimiento de Tocumen el 9 de enero de 2011.
Además Mojica demandó los decretos 279, 282 y 293 en que se concedió la gracia presidencial a 45 personas.
Mientras que Chevalier demandó los decretos ejecutivos 291 y 311, del 30 de junio, que dio indulto a 35 personas.
Caraballo, además, demandó el Decreto Ejecutivo No. 265, de 25 de junio, en que se dio perdón presidencial a cinco personas. En tanto, que Samaniego solo demandó el Decreto Ejecutivo No. 276 que indultó a 4 personas.
Por su parte, De Coronell interpuso demanda contra el Decreto No. 292 que indultó a 18 personas.
Con estas suman 26 demandas contra los indultos y 9 advertencias de inconstitucionalidad contra 14 de los 18 decretos. Cuatro de los decretos aún no han sido demandados.
INDULTOS INCONSTITUCIONALES
En fallo del 19 de junio pasado la CSJ declaró inconstitucional el Decreto No. 890, publicado en la Gaceta Oficial el 2 de noviembre de 2010, por medio del cual Martinelli indultó a 10 personas, entre ellos cinco policías acusados de homicidio de dos pescadores de la comunidad de Playa Leona, en La Chorrera. El ponente del fallo fue el magistrado Harley Mitchell.
En sus conclusiones, Mitchell estimó que con estos indultos Martinelli asumió atribuciones que solo le corresponden a jueces y magistrados.
Según el fallo es “una franca vulneración del derecho fundamental al debido proceso en la medida que una instancia administrativa, que carece de facultades judiciales y jurisdiccionales, pretende subsumirse en el rol que sólo compete a jueces y magistrados”.
Indicó que “bajo ningún concepto puede tolerar que un poder del Estado invada o asuma atribuciones que expresamente se encuentran asignadas a un órgano específico”.
Mitchell hace referencia a lo planteado en el fallo del 30 de junio de 2008, en que la CSJ declaró inconstitucionales 182 indultos dados por la expresidenta, Mireya Moscoso, por medio de tres decretos ejecutivos, expedidos en 2004, antes de dejar su mandato.
De acuerdo con Mitchell el decreto vulnera la Constitución porque no es posible otorgar indultos por delitos comunes ya que ello solo es aplicable para delitos políticos.
Además de Mitchell el fallo es firmado por otros dos magistrados principales: Harry Díaz y Victor Leonel Benavides. Los otros seis que avalan la decisión son los magistrados suplentes Abel Zamorano, Wilfredo Sáenz, Gisela Agurto, Secundino Mendieta, Luis Mario Carrasco y Efrén Tello.
Los abogados Juan de Dios Hernández y Miguel Antonio Bernal presentaron, cada uno, demandas de inconstitucionalidad contra los indultos en el año 2010.
Al enviar su opinión fiscal en 2010 José Ayú Prado, en ese entonces procurador de la Nación, consideró que los indultos de Martinelli no eran inconstitucionales porque “la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal, a través de los indultos, alcanza a los delitos comunes”.
Según Ayú Prado, hoy presidente de la CSJ, el decreto demandado no es una injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial porque el artículo No. 184 da facultad al presidente de la República para conceder indultos. Alegó que tampoco se vulnera el debido proceso debido a que las víctimas tienen la opción de demandar, por la vía civil, para lograr satisfacer sus intereses.
El procurador de la Administración, Oscar Ceville, solicitó a la CSJ, el 17 de noviembre de 2010, que se declararan inconstitucionales estos indultos porque fueron concedidos a personas que no estaban siendo procesadas o condenadas por delitos políticos.
