

Alma Cortés, exministra de Trabajo, aseguró hoy, 28 de julio, que la denuncia interpuesta en su contra esta mañana, por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), es una “persecución política”.
“Me da la impresión que este es un mandado que le hace [Luis Ernesto] Carles [ministro de Trabajo] al presidente, [Juan Carlos] Varela Rodríguez y es un pase de factura porque le hice pagar el salario mínimo”, dijo Cortés cuando salió del Ministerio Público tras notificarse de las denuncias.
Durante la gestión de Cortés -en la administración de Ricardo Martinelli-, el Mitradel se quejó que la empresa Varela Hermanos no le pagaba el salario mínimo a sus empleados.
Cortés agregó que esta denuncia “me da pena ajena. Es una denuncia ridícula, halada de los cabellos, no tiene ni son ni ton”.
El secretario general del Mitradel, Samuel Rivera, presentó, la mañana de este lunes, una querella penal contra Cortés y su hermana, diputada del Parlamento Centroamericano por Cambio Democrático, Lourdes Cortés.
Rivera alega supuesta "mala utilización de fondos públicos". Además, se presentó una tercera denuncia contra el funcionario Luis Alberto Gálvez "que cobró como botella más de 66 mil dólares".
De acuerdo con Rivera tras auditorías realizadas en la entidad que dirigía Cortés han encontrado que la exministra y otros funcionarios han causado una lesión patrimonial que ronda los 300 mil dólares.
Cortés, por su lado, aseguró que presentará una denuncia por calumnia e injuria porque esto es una “denuncia falsa”.

El secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Samuel Rivera, presentó la mañana de este lunes, 28 de julio, en la Procuraduría de la Nación, una querella penal contra la exministra Alma Cortés y su hermana, diputada del Parlamento Centroamericano por Cambio Democrático, Lourdes Cortés.
La denuncia se interpuso por la supuesta "mala utilización de fondos públicos".
Además, se presentó una tercera denuncia contra el funcionario Luis Alberto Gálvez "que cobró como botella más de 66 mil dólares", según el querellante.
De acuerdo con Rivera, tras auditorías realizadas en la entidad que dirigía Cortés, han encontrado que la exministra y otros funcionarios han causado una lesión patrimonial que ronda los 300 mil dólares.
Explicó que el gasto de combustible alcanza los 187 mil dólares, ya que había vehículos que, según los registros, utilizaban hasta 500 dólares diarios en gasolina.
La querella penal contra Cortés y su hermana se sustenta, según el secretario de Mitradel, en el giro de dos viáticos por una misma misión.
Rivera detalló que se trata de extras entre los 6 mil y 18 mil dólares, por una asignación que no fue completada en Europa y, por ende, ambas funcionarias debían regresar el excedente del dinero a la entidad.
El funcionario agregó que las autoridades correspondientes deberán proceder con la investigación para aclarar estos casos.
Se intentó contactar a la exministra Cortés, pero respondió que se le llamara más tarde. Se pudo conocer, que Cortés asistirá hoy a la Procuradoría para conocer los detalles de la mencionada querella.


El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y la exministra de Gobierno, Roxana Méndez, incurrieron de manera dolosa en el delito de abuso de autoridad al otorgar indultos a 10 personas, entre ellos cinco policías acusados de homicidio, mediante un decreto emitido el 26 de octubre de 2010.
Así lo manifestó el exjuez Alexis Ballesteros en una denuncia interpuesta la tarde de este lunes, 21 de julio, en la Corte Suprema de Justicia, en la que acusa a Martinelli y Méndez de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
Ballesteros, que interpuso la denuncia a título personal, aportó como prueba el fallo reciente del 19 de junio pasado en que la Corte Suprema de Justicia concluyó que con los indultos, dados por Martinelli en 2010, asumió funciones que solo competen a jueces y magistrados del Órgano Judicial.
Martinelli, como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), goza de las mismas prerrogativas que los diputados de la República y, por ende, debe ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
Méndez fue incluida en la denuncia porque junto a Martinelli, firmó el decreto ejecutivo 890 del 26 de octubre de 2010, que indultó a 10 personas.
Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, dijo “me parece que es un abogado que no tiene claro cuales son los procedimientos legales o es un tema político, creo que es más lo segundo, esto es político”. En cuanto al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional los indultos de 2010, dijo que "nosotros somos respetuosos del sistema democrático y todos sabemos los fallos de la corte son definitivos".
Ahora corresponderá a la Corte decidir la legalidad de los indultos dados por Martinelli a 353 personas por medio de 18 decretos ejecutivos, expedidos poco antes de dejar el cargo.
La Prensa llamó a la exalcaldesa Méndez a su celular, pero no respondió.
Busque la información completa en la edición impresa de este martes.


“Doble moral”, “Todos son iguales” y “La peor muestra de cinismo” son algunas de las frases que expresaron los ciudadanos que fueron consultados en cuanto a la juramentación del expresidente, Ricardo Martinelli, como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el pasado 1 de julio, y a menos de 24 horas de haber dejado la silla presidencial.
La juramentación de Martinelli, que ha sido duramente criticada y rechazada, se produjo fugazmente en un acto realizado en la sede del Parlacen, en Guatemala, y sin tener el quórum reglamentario de la junta directiva para la juramentación de diputados.
Por tal motivo diputados de los Partidos Popular, Revolucionario Democrático y Panameñistas que integran ese organismo pidieron la revisión del proceso, que consideran es ilegal, ya que el Parlacen se encuentra en receso en el mes de julio y, por lo tanto, Martinelli no debió juramentarse.
Fue justamente el expresidente quien se refirió al Parlacen como una “cueva de ladrones” y “guarida de botellas” cuando estaba en el poder. Incluso, durante su administración, se hicieron gestiones para sacar a Panamáde ese foro regional.
Martinelli se ha defendido de las críticas al manifestar que “yo dije que el Parlacen era una “cueva de ladrones”. Pero en ese momento no conocía la labor que hacía el Parlamento Centroamericano”. Pero algunos detractores del exmandatario consideran que éste ingresó al Parlacen en busca de inmunidad.
En el video que acompaña esta información vea las reacciones de los ciudadanos en cuanto al ingreso de Martinelli al Parlacen.


El expresidente Ricardo Martinelli no goza de inmunidad, por lo que puede ser objeto de una investigación penal, a pesar de haber tomado posesión como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) el pasado 1 de julio.
Así se desprende del artículo 155 de la Constitución Nacional, en el que se establece que “los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la posible comisión de un acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional”.
Y es que, como miembro del Parlacen, a Martinelli se le aplicaría el artículo 22 del Tratado Constitutivo de ese organismo, en el que se plantea que sus diputados “gozarán de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales”.
El citado tratado también detalla que “el Parlacen a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de los diputados”.
En tanto, la bancada de Panamá (Partido Panameñista, Partido Popular y Partido Revolucionario Democrático) en el Parlacen denunció ayer que la juramentación de Martinelli como diputado de ese foro regional se hizo violando varias de sus reglamentaciones.
El pasado martes 1 de julio, el exgobernante fue juramentado por la presidenta del Parlacen, la guatemalteca Paula Rodríguez, en una reunión extraordinaria de la junta directiva, celebrada en su despacho.
Dorindo Cortez, vicepresidente del Parlacen, denunció que la juramentación no se hizo en presencia de todos los miembros de la junta directiva. Además, dijo que ese organismo regional estaba en receso. “Hacer una juramentación en receso debía ser discutido por la directiva, pero no se hizo, ya que solo asistieron cinco diputados que no hacen quórum” .