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Alma Cortés, exministra de Trabajo, aseguró hoy, 28 de julio, que la denuncia interpuesta en su contra esta mañana, por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), es una “persecución política”.
“Me da la impresión que este es un mandado que le hace [Luis Ernesto] Carles [ministro de Trabajo] al presidente, [Juan Carlos] Varela Rodríguez y es un pase de factura porque le hice pagar el salario mínimo”, dijo Cortés cuando salió del Ministerio Público tras notificarse de las denuncias.
Durante la gestión de Cortés -en la administración de Ricardo Martinelli-, el Mitradel se quejó que la empresa Varela Hermanos no le pagaba el salario mínimo a sus empleados.
Cortés agregó que esta denuncia “me da pena ajena. Es una denuncia ridícula, halada de los cabellos, no tiene ni son ni ton”.
El secretario general del Mitradel, Samuel Rivera, presentó, la mañana de este lunes, una querella penal contra Cortés y su hermana, diputada del Parlamento Centroamericano por Cambio Democrático, Lourdes Cortés.
Rivera alega supuesta "mala utilización de fondos públicos". Además, se presentó una tercera denuncia contra el funcionario Luis Alberto Gálvez "que cobró como botella más de 66 mil dólares".
De acuerdo con Rivera tras auditorías realizadas en la entidad que dirigía Cortés han encontrado que la exministra y otros funcionarios han causado una lesión patrimonial que ronda los 300 mil dólares.
Cortés, por su lado, aseguró que presentará una denuncia por calumnia e injuria porque esto es una “denuncia falsa”.
El secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Samuel Rivera, presentó la mañana de este lunes, 28 de julio, en la Procuraduría de la Nación, una querella penal contra la exministra Alma Cortés y su hermana, diputada del Parlamento Centroamericano por Cambio Democrático, Lourdes Cortés.
La denuncia se interpuso por la supuesta "mala utilización de fondos públicos".
Además, se presentó una tercera denuncia contra el funcionario Luis Alberto Gálvez "que cobró como botella más de 66 mil dólares", según el querellante.
De acuerdo con Rivera, tras auditorías realizadas en la entidad que dirigía Cortés, han encontrado que la exministra y otros funcionarios han causado una lesión patrimonial que ronda los 300 mil dólares.
Explicó que el gasto de combustible alcanza los 187 mil dólares, ya que había vehículos que, según los registros, utilizaban hasta 500 dólares diarios en gasolina.
La querella penal contra Cortés y su hermana se sustenta, según el secretario de Mitradel, en el giro de dos viáticos por una misma misión.
Rivera detalló que se trata de extras entre los 6 mil y 18 mil dólares, por una asignación que no fue completada en Europa y, por ende, ambas funcionarias debían regresar el excedente del dinero a la entidad.
El funcionario agregó que las autoridades correspondientes deberán proceder con la investigación para aclarar estos casos.
Se intentó contactar a la exministra Cortés, pero respondió que se le llamara más tarde. Se pudo conocer, que Cortés asistirá hoy a la Procuradoría para conocer los detalles de la mencionada querella.
Una denuncia penal contra el exadministrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Roberto Linares Tribaldos, el actual administrador, Jorge Barakat Pittí y la empresa Orion Maritime Training Center, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, fue presentada este miércoles, 16 de julio, ante el Ministerio Público por el abogado Donaldo Sousa en nombre de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina.
El motivo de la denuncia obedece a que la AMP entregó en concesión, de forma exclusiva, a la empresa Orion Maritime Training Center, la tramitación de los certificados y licencias de marinos en el extranjero, sin ninguna participación del Estado, lo que violó leyes y reglamentos de la AMP.
También señala que esta situación ha ocasionado un grave perjuicio a los cientos de estudiantes de marina panameños ya que las licencias son entregadas en el extranjero a personas que no tienen la formación para obtener dicho documento.
En tanto, el capitán Luis Fruto, miembro de esta organización, recalcó que las licencias se venden en el extranjero sin que el Estado panameño reciba beneficio alguno.
