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Un grupo de víctimas de las escuchas telefónicas ilegales que ordenó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia anuncio este viernes, 13 de junio, que la exjefa de esa entidad, María del Pilar Hurtado, continúa asilada en Panamá, donde goza de la protección del presidente Ricardo Martinelli.
“Señor Martinelli, cese toda protección a María del Pilar Hurtado”, expresó esta mañana Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y delegado permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en una conferencia de prensa.
Indicó que existe la posibilidad de un acuerdo de protección para Hurtado acordado entre Martinelli y el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), en cuya administración el DAS espió a más de 300 jueces, periodistas y políticos de oposición.
“El presidente Martinelli está burlando a las autoridades colombianas negando extraditar a Hurtado”, dijo el periodista colombiano Hollman Morris, otro perseguido del DAS. “Las víctimas merecen una explicación de lo ocurrido”, agregó.
El grupo, que llegó ayer a ciudad de Panamá, para pedir agilizar la extradición de Hurtado, se retira mañana, sábado, y aún guarda la esperanza de reunirse con el presidente electo Juan Carlos Varela.
En tanto, la FIDH –a través de un comunicado– ha expresado que “existe un riego inminente” de que Hurtado abandone Panamá, luego de conocerse que la Corte Suprema declaró que su asilo territorial es inconstitucional.
El fallo no se ha oficializado aún, porque están pendiente que lo firmen varios magistrados. Hurtado dirigió el DAS entre 2007 y 2009; la central de inteligencia fue liquidada tras descubrirse la trama de espionaje. Una veintena de funcionarios de ese organismo han sido procesados.
Colombia ha intentado –sin éxito– conseguir que Panamá extradite a Hurtado para que responda ante la justicia por varios delitos, entre estos, concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.
Esos delitos se le imputan por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas durante la era Uribe.
El proyecto de ley 724 que amplía el servicio de escoltas pagado por el Estado a las ex primeras damas e hijos de los expresidentes de la República, está solo a la espera de ser sancionado por el presidente Ricardo Martinelli para convertirse en ley de la República.
Ayer, a pesar del clamor de diputados de la oposición hacia sus colegas del gobierno para que se suspendiera la discusión de este proyecto, los oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) aprobaron el proyecto, en tercer debate, con 37 votos a favor. La propuesta obtuvo siete votos en contra por parte de los opositores.
La iniciativa establece que la cónyuge del Presidente o quien desempeñe las funciones de primera dama de la República tendrá el servicio de escolta por un término de 10 años. Este beneficio se extiende por un período de cinco años a los hijos del ciudadano que haya ocupado el cargo de Presidente de la República.
No aprenden la lección
Durante el debate, el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela recriminó a sus colegas oficialistas por su insistencia en aprobar esta iniciativa, y les dijo que no han aprendido la lección que dio el pueblo panameño en las elecciones del 4 de mayo.
“Esta ley no tiene ningún sentido político ni práctico y me extraña ver a tantos diputados de gobierno apoyándola como si fuera una buena ley”, precisó.
Dijo que perfectamente la nueva Asamblea Nacional puede eliminar esta ley por haber sido aprobada a pocos días del cambio de gobierno, de forma inconsulta.
De hecho, tras conocer que los diputados habían dado luz verde al proyecto impulsado por el Ejecutivo, el presidente electo Juan Carlos Varela advirtió de que “muchas leyes van a ser derogadas cuando se instale la nueva Asamblea”.
El diputado Varela también cuestionó al presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, quien en tono de burla, en la sesión del pasado miércoles, dijo a los periodistas que intentaban conocer su opinión sobre el tema, que se había declarado gay.
“Señor presidente, ¿cómo usted va a decir en la televisión que se volvió gay? Usted es el presidente de este órgano del Estado”. Gálvez, por su parte, se limitaba a sonreír.
Varela prosiguió: “Comprendo que usted es una persona buena gente y le gusta el relajo, pero una cosa es el relajo entre nosotros y otra que usted es el presidente de un órgano del Estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Por favor, presidente, retirémonos, sentémonos a conversar todos y cerremos esta Asamblea. Cerremos estas sesiones extraordinarias”.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Elías Castillo manifestó que con esta ley se quiere crear una estructura de seguridad para el Presidente saliente, su esposa y sus hijos, pero en ella no se precisa cuántos escoltas se utilizarán ni el salario que devengarán.
“Este proyecto presenta serias dudas y por ello debió merecer el rechazo de la Asamblea. La bancada oficialista no ha hecho otra cosa que ser la cumplidora de las instrucciones que emanan del Órgano Ejecutivo”, indicó Castillo.
Capricho presidencial
En tanto, el diputado Jorge Alberto Rosas cuestionó las incongruencias de CD, porque en la pasada campaña varios dirigentes de ese partido señalaron que no había nexos familiares de la primera dama, Marta Linares de Martinelli, con el presidente Martinelli, en su rol de candidata a la vicepresidencia de la República.
“Hay una serie de contradicciones; antes planteaban que no era pariente del Presidente, y ahora, con esta ley, dicen que sí es pariente del Presidente de la República”, cuestionó Rosas.
Manifestó que este proyecto no tiene razón de ser, fuera de un deseo personal y de un capricho del Presidente de la República.
“Esta Asamblea debe empinarse, debe actuar de manera independiente, diciéndole al presidente Ricardo Martinelli que esta ley no tiene ni pie ni cabeza, y no tiene justificación. Esta ley puede representar más de $1 millón de erogación en servicio de seguridad para personas que no lo necesitan”, dijo.
ratificación
El pleno legislativo ratificó también el nombramiento de Rudy Alexander Cedeño González como director ante la junta directiva de la Agencia Panamá Pacífico, en representación del Órgano Ejecutivo.
El nombramiento fue avalado con 36 votos oficialistas. Cinco diputados opositores votaron en contra.
Cedeño González es abogado y tiene 35 años de edad. En enero de 2013 había sido nombrado nuevo secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, en reemplazo de la procuradora general de la Nación, Ana Belfon.
Es considerado hombre de confianza del ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, y fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en varias ocasiones reemplazó en el puesto al vicecanciller Francisco Álvarez De Soto, mientras este se hallaba de viaje.
En los últimos años de su administración, el presidente Ricardo Martinelli ha pretendido fallidamente que parte de su familia (hijos y esposa) ocupe cargos de elección popular que incluyen algún tipo de inmunidad. Además, ahora, en un último intento busca protegerlos con más escoltas pagados por el Estado.
En mayo de 2013, en las primarias de Cambio Democrático (CD), el mandatario anunció que su hijo Luis Enrique Martinelli Linares correría como suplente del diputado de CD José Muñoz (circuito 8-10, Tocumen).
A finales de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares desistió de presentarse como candidato a diputado suplente de Muñoz, en el circuito 8-10 (Tocumen), para las elecciones generales de 2014. “Él tiene su residencia en el área, pero ya tomó la decisión de que no va a participar en política”, aseguró el diputado Muñoz.
Posteriormente, en enero de este año, CD, que preside Martinelli, decide postular a su esposa, Marta Linares de Martinelli, como candidata a la vicepresidencia de la República en la nómina que lideraba José Domingo Arias. Dicha fórmula perdió en las elecciones de mayo pasado. En cuanto al propio mandatario Martinelli, aún no ha decidido si ocupará una curul en el Parlamento Centroamericano después del 1 de julio. El convenio constitutivo del Parlacen señala que los expresidentes de cada país pueden tener un puesto en ese foro regional.
Para el diputado electo del Partido Panameñista José Antonio Domínguez, todas estas acciones denotan que el Presidente se encuentra “desesperado” por proteger a su familia, debido a que todos conocen de las irregularidades que se cometieron en el gobierno. Por su parte Juan Carlos Arosemena, diputado del Partido Revolucionario Democrático, consideró “absurdo” el millonario gasto que se ocasionará con la protección que Martinelli le quiere dar a su familia.
AMINTA BUSTAMENTE
Como un “gol” fue calificada la decisión de la bancada oficialista de Cambio Democrático (CD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) de aprobar en tercer debate hoy, 12 de junio –cuando se da inicio el Mundial de fútbol Brasil 2014–, el proyecto de ley que amplía el servicio de escoltas pagados por el Estado a los familiares de Ricardo Martinelli, mandatario del país hasta el 30 de junio próximo.
La propuesta, duramente criticada por el ala opositora, recibió 37 votos a favor y 7 en contra. En la discusión de la propuesta, presentada por el Ejecutivo en estas sesiones extraordinarias, solo hablaron los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista.
Ningún diputado de CD ni de Molirena participó del debate. Prefirieron no referirse a la propuesta.
EL COSTO
El primero en tomar la palabra en la discusión –que duró una hora– fue el perredista Juan Carlos Arosemena. En un tono alto, el diputado aseguró que la iniciativa “solo busca beneficiar” al mandatario Martinelli y a su familia.
Dijo, por ejemplo, que el establecimiento de más miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI) a la familia Martinelli costaría al menos 75 mil dólares anuales en salario. "Y aquí no hay medicinas en el Seguro Social", criticó.
Sostuvo que la bancada del PRD se opone a la iniciativa porque, entre otras cosas, el mandatario Martinelli dio la orden de retirarle algunos escoltas al exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) hace unos meses.
"Este tipo de temas debe ser discutido con tranquilidad. No para beneficiar a alguien. Vienen más leyes que son un beneficio para un grupo, mientras tanto esta Asamblea no discute, ningún diputado oficialista ha querido defender este proyecto", enfatizó.
Elías Castillo, diputado del PRD, le siguió a Arosemena. Según Castillo, el documento aprobado no establece cuántos miembros del SPI se le podrán asignar a los familiares de un expresidente, ni mucho menos su horario, lo que genera suspicacia.
Sobre la ratificación de los miembros de la junta directiva de la Cadena de Frío, ocurrido esta semana, Castillo dijo que se acuerda con claridad cuando en 2009, tras las elecciones de mayo, Martinelli lo llamó para informarle que ya había sido electo como presidente, por lo que solicitaba que la Asamblea no aprobara la ratificación de nuevos miembros de la Caja de Seguro Social.
"Es decir, dicen una cosa y ahora hacen otra. Se ratifican nombramientos para imponérselas al nuevo gobierno [de Varela]", indicó.
‘UNA LEY INFANTIL’
Luego de la intervención de Castillo, tomó la palabra el diputado panameñista José Luis Varela. Antes de entrar a cuestionar el proyecto, Varela dijo que estuvo fuera del país y que hoy retomaba las labores en la Asamblea.
"Esta ley no tiene sentido", dijo inmediatamente, mientras que Sergio 'Chello' Gálvez, presidente del Órgano Legislativo, prestaba atención desde el estrado.
Explicó que en primer lugar el documento no está consensuado, por lo que puede ser eliminado por la nueva Asamblea que se iniciará el próximo 1 de julio.
Además, la propuesta no establece "absolutamente" nada en cuanto al número de escoltas que pueden asignar a los hijos los mandatarios ni los turnos que harían.
Varela también lanzó duras críticas para el presidente Martinelli. "No se me olvida, el día que el Órgano Ejecutivo le retiró todas las escoltas a la familia de Juan Carlos Varela [actual vicepresidente del país]. Él tiene tres hijos. Un día me llamó a la casa y me dijo 'me acaban de retirar toda lo seguridad de mi familia". Se lo retiraron más cuando él, como canciller, había firmado extradiciones de narcotraficantes”, dijo.
Agregó que el pecado de Juan Carlos Varela solo fue ir un día a una televisora y cuestionar al mandatario saliente. Igual le ocurrió a Martín Torrijos, añadió el diputado Varela.
“Y ustedes solo se reían, con la danza de millones. Ustedes se reían de lo que decía el presidente [Martinelli] y lo que decía [Luis Eduardo] Camacho", añadió.
Recordó que a los diputados oficialistas le asignaron millones de dólares del Programa de Ayuda Nacional (PAN), y a la vez aprobaban lo que enviaba el Ejecutivo.
"Mientras un pueblo pide rendición de cuentas, transparencia, un pueblo que quiere saber qué se hizo con tanta entrega de estufas, refrigeradores, bolsas de comidas y aún así seguimos en esta Asamblea celebrando infantilmente, no entiendo”, aseveró.
De igual forma pidió que se cerraran las sesiones extraordinarias y que se esperara a la instalación de la nueva Asamblea, pues está seguro de que todas las leyes que han aprobado en este debate serán revocadas.
