

Víctimas de los pinchazos ilegales que ordenó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el gobierno del colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), solicitaron al presidente Ricardo Martinelli suspender toda protección a la exjefa de esa entidad María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010.
Hurtado es procesada en Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones. En su gestión, el DAS espió a más de 300 jueces, periodistas y políticos opositores a Uribe.
En conferencia de prensa realizada ayer en la capital panameña, el periodista colombiano Hollman Morris dijo tener información de que Hurtado está en Panamá, refugiada en una propiedad de Martinelli.
“El presidente Martinelli está burlando a las autoridades colombianas protegiendo a Hurtado y evitando enviarla a nuestro país para que enfrente a la justicia”, destacó Morris.
“Es inadmisible que Uribe siga presionando para que se proteja a Hurtado en Panamá”, destacó.
Garantizó que si la asilada exfuncionaria se entrega a las autoridades de su país, las víctimas de las “chuzadas” velarán para que se le garantice el debido proceso.
En tanto, el presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y delegado permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la Organización de Estados Americanos, Luis Guillermo Pérez Casas, consideró preocupante que no se conozca el contenido del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el asilo territorial a Hurtado.
Aunque el pleno de la Corte decidió hace dos semanas que el asilo no es válido, el fallo no se ha formalizado todavía porque le falta una firma.
Según la revista Semana, de Colombia, el documento se conocerá después de las elecciones presidenciales en Colombia, a celebrarse mañana.
Las víctimas del DAS piden una cita con el presidente electo Juan Carlos Varela para agilizar la extradición de Hurtado. Varela no ha respondido.
Con Morris y Pérez estuvo el abogado Ángel Álvarez, quien presentó la demanda contra el asilo a Hurtado. Álvarez consideró que la decisión de la Corte es “histórica” y “no está basada en ribetes políticos”.
Consultado al respecto, el vocero de Martinelli dijo que no comentará “bochinches” y que, en todo caso, compete a Cancillería opinar. Después cambió de parecer y dijo que este tema le toca al próximo gobierno.
(Con información de José Alberto González).


Un grupo de víctimas de las escuchas telefónicas ilegales que ordenó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia anuncio este viernes, 13 de junio, que la exjefa de esa entidad, María del Pilar Hurtado, continúa asilada en Panamá, donde goza de la protección del presidente Ricardo Martinelli.
“Señor Martinelli, cese toda protección a María del Pilar Hurtado”, expresó esta mañana Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y delegado permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en una conferencia de prensa.
Indicó que existe la posibilidad de un acuerdo de protección para Hurtado acordado entre Martinelli y el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), en cuya administración el DAS espió a más de 300 jueces, periodistas y políticos de oposición.
“El presidente Martinelli está burlando a las autoridades colombianas negando extraditar a Hurtado”, dijo el periodista colombiano Hollman Morris, otro perseguido del DAS. “Las víctimas merecen una explicación de lo ocurrido”, agregó.
El grupo, que llegó ayer a ciudad de Panamá, para pedir agilizar la extradición de Hurtado, se retira mañana, sábado, y aún guarda la esperanza de reunirse con el presidente electo Juan Carlos Varela.
En tanto, la FIDH –a través de un comunicado– ha expresado que “existe un riego inminente” de que Hurtado abandone Panamá, luego de conocerse que la Corte Suprema declaró que su asilo territorial es inconstitucional.
El fallo no se ha oficializado aún, porque están pendiente que lo firmen varios magistrados. Hurtado dirigió el DAS entre 2007 y 2009; la central de inteligencia fue liquidada tras descubrirse la trama de espionaje. Una veintena de funcionarios de ese organismo han sido procesados.
Colombia ha intentado –sin éxito– conseguir que Panamá extradite a Hurtado para que responda ante la justicia por varios delitos, entre estos, concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.
Esos delitos se le imputan por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas durante la era Uribe.



El proyecto de ley 724 que amplía el servicio de escoltas pagado por el Estado a las ex primeras damas e hijos de los expresidentes de la República, está solo a la espera de ser sancionado por el presidente Ricardo Martinelli para convertirse en ley de la República.
Ayer, a pesar del clamor de diputados de la oposición hacia sus colegas del gobierno para que se suspendiera la discusión de este proyecto, los oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) aprobaron el proyecto, en tercer debate, con 37 votos a favor. La propuesta obtuvo siete votos en contra por parte de los opositores.
La iniciativa establece que la cónyuge del Presidente o quien desempeñe las funciones de primera dama de la República tendrá el servicio de escolta por un término de 10 años. Este beneficio se extiende por un período de cinco años a los hijos del ciudadano que haya ocupado el cargo de Presidente de la República.
No aprenden la lección
Durante el debate, el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela recriminó a sus colegas oficialistas por su insistencia en aprobar esta iniciativa, y les dijo que no han aprendido la lección que dio el pueblo panameño en las elecciones del 4 de mayo.
“Esta ley no tiene ningún sentido político ni práctico y me extraña ver a tantos diputados de gobierno apoyándola como si fuera una buena ley”, precisó.
Dijo que perfectamente la nueva Asamblea Nacional puede eliminar esta ley por haber sido aprobada a pocos días del cambio de gobierno, de forma inconsulta.
De hecho, tras conocer que los diputados habían dado luz verde al proyecto impulsado por el Ejecutivo, el presidente electo Juan Carlos Varela advirtió de que “muchas leyes van a ser derogadas cuando se instale la nueva Asamblea”.
El diputado Varela también cuestionó al presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, quien en tono de burla, en la sesión del pasado miércoles, dijo a los periodistas que intentaban conocer su opinión sobre el tema, que se había declarado gay.
“Señor presidente, ¿cómo usted va a decir en la televisión que se volvió gay? Usted es el presidente de este órgano del Estado”. Gálvez, por su parte, se limitaba a sonreír.
Varela prosiguió: “Comprendo que usted es una persona buena gente y le gusta el relajo, pero una cosa es el relajo entre nosotros y otra que usted es el presidente de un órgano del Estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Por favor, presidente, retirémonos, sentémonos a conversar todos y cerremos esta Asamblea. Cerremos estas sesiones extraordinarias”.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Elías Castillo manifestó que con esta ley se quiere crear una estructura de seguridad para el Presidente saliente, su esposa y sus hijos, pero en ella no se precisa cuántos escoltas se utilizarán ni el salario que devengarán.
“Este proyecto presenta serias dudas y por ello debió merecer el rechazo de la Asamblea. La bancada oficialista no ha hecho otra cosa que ser la cumplidora de las instrucciones que emanan del Órgano Ejecutivo”, indicó Castillo.
Capricho presidencial
En tanto, el diputado Jorge Alberto Rosas cuestionó las incongruencias de CD, porque en la pasada campaña varios dirigentes de ese partido señalaron que no había nexos familiares de la primera dama, Marta Linares de Martinelli, con el presidente Martinelli, en su rol de candidata a la vicepresidencia de la República.
“Hay una serie de contradicciones; antes planteaban que no era pariente del Presidente, y ahora, con esta ley, dicen que sí es pariente del Presidente de la República”, cuestionó Rosas.
Manifestó que este proyecto no tiene razón de ser, fuera de un deseo personal y de un capricho del Presidente de la República.
“Esta Asamblea debe empinarse, debe actuar de manera independiente, diciéndole al presidente Ricardo Martinelli que esta ley no tiene ni pie ni cabeza, y no tiene justificación. Esta ley puede representar más de $1 millón de erogación en servicio de seguridad para personas que no lo necesitan”, dijo.
ratificación
El pleno legislativo ratificó también el nombramiento de Rudy Alexander Cedeño González como director ante la junta directiva de la Agencia Panamá Pacífico, en representación del Órgano Ejecutivo.
El nombramiento fue avalado con 36 votos oficialistas. Cinco diputados opositores votaron en contra.
Cedeño González es abogado y tiene 35 años de edad. En enero de 2013 había sido nombrado nuevo secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, en reemplazo de la procuradora general de la Nación, Ana Belfon.
Es considerado hombre de confianza del ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, y fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en varias ocasiones reemplazó en el puesto al vicecanciller Francisco Álvarez De Soto, mientras este se hallaba de viaje.
En los últimos años de su administración, el presidente Ricardo Martinelli ha pretendido fallidamente que parte de su familia (hijos y esposa) ocupe cargos de elección popular que incluyen algún tipo de inmunidad. Además, ahora, en un último intento busca protegerlos con más escoltas pagados por el Estado.
En mayo de 2013, en las primarias de Cambio Democrático (CD), el mandatario anunció que su hijo Luis Enrique Martinelli Linares correría como suplente del diputado de CD José Muñoz (circuito 8-10, Tocumen).
A finales de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares desistió de presentarse como candidato a diputado suplente de Muñoz, en el circuito 8-10 (Tocumen), para las elecciones generales de 2014. “Él tiene su residencia en el área, pero ya tomó la decisión de que no va a participar en política”, aseguró el diputado Muñoz.
Posteriormente, en enero de este año, CD, que preside Martinelli, decide postular a su esposa, Marta Linares de Martinelli, como candidata a la vicepresidencia de la República en la nómina que lideraba José Domingo Arias. Dicha fórmula perdió en las elecciones de mayo pasado. En cuanto al propio mandatario Martinelli, aún no ha decidido si ocupará una curul en el Parlamento Centroamericano después del 1 de julio. El convenio constitutivo del Parlacen señala que los expresidentes de cada país pueden tener un puesto en ese foro regional.
Para el diputado electo del Partido Panameñista José Antonio Domínguez, todas estas acciones denotan que el Presidente se encuentra “desesperado” por proteger a su familia, debido a que todos conocen de las irregularidades que se cometieron en el gobierno. Por su parte Juan Carlos Arosemena, diputado del Partido Revolucionario Democrático, consideró “absurdo” el millonario gasto que se ocasionará con la protección que Martinelli le quiere dar a su familia.
AMINTA BUSTAMENTE
