El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la sociedad Jal Offshore a través de la extinta casa de valores Financial Pacific.
En fallo fechado el pasado 5 de octubre y bajo la ponencia de la magistrada suplente Alina Hubiedo, el Segundo Tribunal Superior validó el auto No. 181 del 9 de octubre de 2017, a través del cual el Juzgado Decimocuarto Penal declaró causa compleja esta investigación, que se inició tras una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre operaciones supuestamente irregulares realizadas en la cuenta de Jal Offshore.
El Segundo Tribunal concluyó que al juez de primera instancia le asiste la razón al considerar como compleja esta investigación, ya que existe una multiplicidad de personas bajo investigación y refuta la tesis del abogado Rosendo Miranda –de Jal Offshore–, de que la fiscalía se excedió en tiempo de investigación sin haber remitido la vista fiscal al tribunal.
Rosendo Miranda
Abogado litigante.
En este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
Además, precisa que la fiscalía tiene pendiente efectuar múltiples diligencias especializadas, entre ellas, asistencias judiciales y bancarias que requieren tiempo para su contestación.
El fallo sostiene que por la complejidad de la causa se requieren diligencias tanto en el territorio nacional como en el plano internacional, a fin de determinar la participación de los investigados.
En este caso, la fiscalía ya solicitó asistencias judiciales a Estados Unidos
Como parte del proceso, el Juzgado Decimocuarto Penal concedió fianzas de $100 mil a Riccardo Francolini, de $200 mil a Ramsés Owens y de $10 mil a Mariel Rodríguez Espino.
También están imputados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.
Además, la fiscalía ordenó indagar a Felipe Pipo Virzi, exvicepresidente de la República; a Aaron Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal; a Cristóbal Salerno, de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) –sociedad que en el gobierno pasado tenía la exclusividad del cobro de la cartera morosa del Estado–; a su hija, María Alejandra Salerno Gómez; Salomón Jack Btesh; Valentín Martínez Vázquez; Harry Nessin; Gabriel Btesh; Ramón Carretero y Joel Antonio Watson.
Esta investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2015 por la SMV, que advirtió sobre la posible comisión del delito de blanqueo de capitales por parte de las personas identificadas dentro del proceso, en operaciones y transferencias relacionadas con la cuenta de inversión en Financial Pacific No. 100620, a nombre de Jal Offshore Ltd., sociedad constituida el 16 de marzo de 2011.