El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente con fondos públicos.
La defensora de Francolini, Marcela Araúz, solicitó la aclaración sobre la prórroga de un año para investigar que concedió el Segundo Tribunal Superior a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en noviembre de 2017. Dicha prórroga había sido negada en primera instancia por el Juzgado Decimoctavo Penal, a cargo de Baloisa Marquínez.
La defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.
Además, sustenta que “los hechos sobre los cuales son fundamentados los cargos guardan relación con los depósitos realizados por un supuesto grupo estructurado, correspondiente al mes de diciembre de 2010, antes de la entrada en vigencia de la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada”.
El Tribunal negó la aclaración mediante fallo del 4 de enero de 2018, en el que citan el artículo 999 del Código Judicial.
El artículo 999 indica que “toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en la que se haya incurrido en su parte resolutiva en un error puro y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo por el juez respectivo, de oficio o a solicitud de parte, pero solo en cuanto al error cometido”.
Por este caso la fiscalía formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, además de a Francolini, al exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi y a su socio Gabriel Btesh; a los integrantes de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Nicolás Corcione y Henry Mizrachi, y a los comerciantes David Ochy, Ramón Carretero, Jack Btesh, Aaron Mizrachi, Mike Btesh, Danny Cohen, Mousa Levy, Navin Moham Bhakta y Tse Yum Ling.
También a los exdirectivos de Financial Pacific (FP) West Valdés e Iván Clare, y a los empleados de la antigua casa de valores Mayté Pellegrini, Mariel Rodríguez y Óscar Rodríguez.