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La detención que ordenó la Procuraduría General de la Nación al exasambleísta ecuatoriano Tito Galo Lara Yépez, de 46 años, y que fue concretada el pasado lunes en Soná, provincia de Veraguas, fue declarada legal por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Esta decisión se dio ayer al concluir una audiencia de control de legalidad de la detención y estuvo a cargo de los magistrados José Ayú Prado, Luis Mario Carrasco y Wilfredo Sáenz.
Lara Yépez fue puesto a órdenes de la Cancillería de Panamá, que desde hoy miércoles, tiene 45 días para decidir si accede a la extradición del exdiputado solicitada por el Gobierno de Ecuador el pasado 21 de mayo.
Dos días antes, Panamá revocó el asilo territorial que había dado a Lara Yépez en octubre de 2013.
sin prueba de refugio
Tras deliberar por 40 minutos, el magistrado ponente José Ayú Prado dio el veredicto, indicando que a Lara Yépez no se le habían violado sus derechos.
Entre los fundamentos de los magistrados está el hecho de que la orden de detención la emitió una autoridad competente y que la pena de muerte no es aplicable en la condena que se le impuso en Ecuador.
Javier Quintero, abogado de Lara Yépez, pidió que se declarara ilegal la detención.
Los magistrados no analizaron la solicitud de refugio que dijo haber pedido Lara Yépez, debido a que no se presentó ningún documento que probara esa petición.
Lara Yépez tuvo oportunidad de hablar ante los magistrados en la audiencia. Con voz quebrada reiteró que en Ecuador lo estaban esperando para asesinarlo, porque es un perseguido político del gobierno de Rafael Correa.
Otra audiencia
Hoy miércoles se llevará a cabo otra audiencia en la Sala Penal para decidir la petición hecha por Quintero de que le devuelvan los bienes decomisados a Lara Yépez al momento de su captura.
Greta Marchosky, fiscal de Asuntos Internacionales de la Procuraduría de la Nación, informó que al momento de ser detenido, el exdiputado tenía tarjetas de crédito, $914 en efectivo, seis celulares y una tableta.
La funcionaria negó que el caso tenga matiz político y señaló, además, que al exdiputado no le aplica el beneficio de refugio porque el delito es grave.
El canciller panameño Francisco Álvarez De Soto presentó ayer una denuncia penal en la Procuraduría de la Nación, por amenazas en su contra a raíz de la revocatoria del asilo al exasambleísta ecuatoriano Tito Galo Lara Yépez.
El canciller llegó a las 11:30 a.m. acompañado por una funcionaria de Asesoría Legal. Álvarez De Soto se reunió con la procuradora de la Nación, Ana Belfon, y el secretario general Ramsés Barrera.
Barrera explicó que el canciller dijo haber recibido amenazas a través de una cuenta de la red social Twitter y a través de una persona (no mencionó nombre) en un canal de televisión local. En la denuncia no señala nombres, pero advierte que el irrespeto vino de un extranjero. Como pruebas aportó documentos e imágenes que copió en su computadora.
Elio Núñez
