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El proyecto de radares que el gobierno de Ricardo Martinelli adjudicó de forma directa a la compañía italiana Selex –filial del conglomerado italiano Finmeccanica– fue suspendido ayer por la administración del presidente Juan Carlos Varela tras detectarse “serias deficiencias” en el desempeño de los 7 equipos que se han instalado hasta ahora de un total de 19.
El anuncio lo hizo ayer el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, tras culminar el Consejo de Gabinete en el que se le dio cortesía de sala a directivos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes confirmaron que los siete radares instalados no cumplen con el alcance pactado en el contrato suscrito con Selex.
Aguilera informó que se conformará un equipo de abogados especialistas para proceder legalmente contra Selex, incluyendo un arbitraje, debido al incumplimiento del contrato. También anunció acciones judiciales penales en Panamá a fin de determinar si hubo o no corrupción en el contrato o durante su ejecución.
CERO CAPTURAS
El titular de Seguridad Pública reveló que no se ha logrado una sola captura de embarcaciones con drogas tras ponerse en funcionamiento los siete radares, pues no tienen el alcance requerido.
El pasado viernes, el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, dijo en Telemetro que se trata de un problema de “calibración” de los radares que se corregirá cuando esté instalado este sistema que –dijo– es muy sofisticado.
El exfuncionario agregó que Selex ha cumplido con este contrato.
En tanto, el comisionado del Senan y director del proyecto, Joel Laniado, indicó que fue a partir del 1 de abril de 2014 que asumieron el mantenimiento y administración del equipo y personal que opera los radares. Reveló que al momento de la compra, su institución “no fue consultada sobre las especificaciones técnicas” del equipo.
“Después que el Senan entra en la administración de los sitios instalados, sugerimos hacer pruebas con embarcaciones con un tamaño determinado. Se hicieron pruebas durante abril, mayo y junio y dieron como resultado que los radares no coinciden con las especificaciones técnicas plasmadas en el anexo A, que es parte integral del contrato”, precisó el uniformado.
Se trata de radares tipo Lyra 50, el mismo modelo de los 24 radares que Turquía compró por entonces a Selex y por los que pagó 35 millones de dólares, mientras que Panamá pagó 125 millones de dólares por 19 radares.
Las revelaciones del comisionado provocaron que Mulino reaccionara a través de su cuenta en Twitter. Dijo sentirse “sorprendido” al oír a su exsubalterno indicar que no tuvo conocimiento de los problemas hasta abril pasado. (Ver recuadro).
Sobre la diferencia de precios con Turquía, Mulino ha dicho que en el caso de Panamá se trata de “una instalación totalmente nueva”, y porque algunos radares serían instalados en sitios de difícil acceso”.
El mismo argumento lo dio Selex en una carta del 15 de noviembre de 2012, enviada al director de la compañía para Panamá, Francesco Ballaré, al exviceministro de Seguridad Pública, Alejandro Garuz, que precisamente visitó sus instalaciones en 2011. (Ver foto).
“El sistema de Vigilancia Costera de Panamá es una instalación totalmente nueva; no hay sistemas existentes que se pueden actualizar, desplegado para toda la línea de costas del país, en algunos casos con sitios severamente difíciles...”, dice la carta.
La misiva tiene datos particulares, como que el sistema cuenta con funciones de “control y combate del narcotráfico, sistema de vigilancia costera, identificación de barcos y combate a la pesca ilegal...” . (Ver facsímil).
Nada dice sobre detectar las lanchas rápidas que usan los traficantes para transportar la droga, principal argumento de Mulino para justificar la millonaria compra directa, que, a juicio del presidente Juan Carlos Varela, no es funcional.
La única alusión que hace Selex sobre lanchas rápidas es que “el sistema está abierto a la extensión para dirigir lanchas rápidas del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) en las misiones de interceptación”.
La suspensión del proyecto –explicó el titular de Seguridad– también impide a Selex presentar cuentas por cobrar al Estado.
En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, aseguró que de los 90.5 millones de euros (unos 125 millones de dólares) que costaron los radares, se le adeuda a Selex 18.6 millones de euros (24 millones de dólares).
OTRAS ACCIONES
El Gobierno también anunció que iniciará gestiones diplomáticas, a través de la Cancillería, para que el Gobierno de Italia –accionista de Finmeccanica– intervenga, a fin de que la empresa cumpla con las especificaciones técnicas pactadas.
Este contrato se originó tras la firma del Memorando de Entendimiento suscrito el 30 de junio de 2010 entre los entonces jefes de Estado, Ricardo Martinelli y Silvio Berlusconi (Italia).
En la venta de los equipos a Panamá actuó como intermediario Valter Lavítola, juzgado en Roma por presunta corrupción internacional.
El contrato con Selex tuvo sus primeros tropiezos a finales de 2011, cuando las autoridades italianas descubrieron que Finmeccanica contaba con un “fondo negro” alimentado con sobreprecios para pagar coimas a funcionarios extranjeros.
REACCIONES
El exembajador de Panamá en Naciones Unidas, Ricardo Alberto Arias, dijo que por lo que se sabe de los contratos, incluidas las declaraciones del exministro Mulino, se justifica que el Gobierno haga una investigación “seria y profunda”.
“Creo que el tema es tan abarcador que se debieran tomar en cuenta a personas fuera del Gobierno para que hagan un análisis de la parte técnica del contrato, como de la parte financiera, y hagan recomendaciones al Gobierno de qué es lo que debiera hacer”, sostuvo Arias.
Por su lado, el exdiputado Jorge Alberto Rosas señaló que se trata de una “reacción tardía”, porque el que debió suspender el proyecto fue el gobierno del expresidente Martinelli por tener “altísimos sobrecostos”.
“Frente a esta posición del Gobierno, esperamos que la Procuraduría General de la Nación inicie finalmente las investigaciones que tiene que hacer para determinar los daños que los funcionarios anteriores le causaron al Estado”, sugirió Rosas.
A su vez, el excontralor Carlos Vallarino destacó que el paso dado por el gobierno está dentro de la ley. “Si el Estado firma un contrato y en una investigación el contratista no cumple, hay que rescindirlo”, precisó .
Y no es todo. “Hay que buscar cuáles son las causas. Si le pidieron algo al contratista... o si los funcionarios no hicieron las diligencias necesarias para garantizar que esos equipos funcionaran”, expresó Vallarino.
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El comisionado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y director del proyecto de radares, Joel Laniado, reveló anoche que su institución no fue consultada sobre las especificaciones técnicas de estos equipos, que compró el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli a la compañía italiana Selex por 125 millones de dólares.
Los señalamientos del uniformado se dieron tras culminar el Consejo de Gabinete, en el que se decidió la suspensión de este proyecto debido a “serias deficiencias” en el desempeño de 7 radares que a la fecha se han instalado, de un total de 19.
El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, advirtió de que procederán legalmente contra Selex –filial de Finmeccanica– y que, además, emprenderán acciones penales a nivel local.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció esta tarde en Tocumen que el Consejo de Gabinete hará un “análisis profundo” de todo el contrato relacionado con la empresa italiana Finmeccanica.
El Consejo Gabinete discutirá el tema la próxima semana. “Un análisis profundo del tema, de la inversión. De todo”, dijo.
Agregó también que evaluarán la eficacia y si se justificó o no el contrato.
“El Gabinete hará una revisión completa. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Nacional Aeronaval anunciarán al país los resultados”, de esa evaluación, expresó.
Finmeccanica firmó contratos en Panamá por la suma de 250 millones de dólares, que incluían la compra de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital.
En el primer Consejo de Gabinete, celebrado el pasado 2 de julio, se aprobó contratar una firma de abogados en Italia para que represente los intereses del país en los casos judiciales que involucran posibles lesiones patrimoniales al Estado.
