Sósimo RoviraHace 4 mesesEl fallo contra la concesión de CK Hutchison abrió una crisis geopolítica que obliga a Mulino a equilibrar las presiones de China y Estados Unidos para proteger el futuro logístico de Panamá.
José González RiveraHace 4 mesesEl autor reflexiona sobre el poder político del lenguaje, el uso del miedo y la polarización en la comunicación pública y sus riesgos para la democracia.
Iván Rogelio RoblesHace 4 mesesUna reflexión sobre El Gran Inquisidor, de Fiódor Dostoyevski, y los riesgos de sacrificar la libertad individual en nombre del orden, la moral o el bienestar colectivo.
Imagen conceptual elaborada en base a IA (OpenAi) sobre el TNP
Karen LowingerHace 4 mesesEl auge de la psicoeducación en redes sociales ha facilitado el acceso a información psicológica, pero también ha impulsado el uso irresponsable de etiquetas y diagnósticos simplificados.
Hace 4 mesesLa controversia alrededor del contralor continúa escalando y deja cada vez más preguntas sobre el manejo institucional de esta crisis. La conferencia ofrecida por sus abogados terminó enviando un mensaje contradictorio: niegan que existiera una irrupción irregular, pero al mismo tiempo intentan justificar actuaciones que hoy son objeto de cuestionamientos públicos y legales. Lo que no se discute es que el Ministerio Público mantiene una investigación relacionada con las actuaciones del contralor. Ese hecho obliga a respaldar la labor de los fiscales y magistrados, cuya responsabilidad constitucional es investigar cualquier posible exceso o interferencia en procesos judiciales. Cumplir con ese deber no puede convertirse en motivo de presión política ni de descalificación pública. La situación resulta insólita y perjudicial para el funcionamiento institucional del país. Mientras continúan las confrontaciones y evasivas, Panamá sigue atrapada en una crisis que erosiona la confianza ciudadana y desvía la atención de otros problemas que demandan respuestas del Estado.
Mónica PalmHace 4 mesesDESPISTE. Carlos Herrera Ruiz, uno de los dos abogados que designó el contralor Anel Flores para que lo represente en el proceso que se adelanta en su contra, sostiene que la Ley 32 de 1984 otorga al contralor la función de “velar porque se cumplan los protocolos” y por eso se presentó en la Fiscalía Anticorrupción el 9 de abril, cuando declaraban las tres auditoras. Pero la norma asigna 16 atribuciones al contralor y ni una tiene que ver con “velar” por nada. Parece que no están muy claras las líneas que separan el ejercicio de la defensa y el derecho a mentir.
José Vega GallardoHace 4 mesesLos recientes ataques informáticos exponen debilidades institucionales, ausencia de estándares obligatorios y deficiencias en la protección de datos y gestión de riesgos digitales en Panamá.
Brandon Eisenmann L.Hace 4 mesesLa discusión sobre sustancia económica para multinacionales reabre el debate sobre la lentitud administrativa, la digitalización y la deuda operativa del Estado con el contribuyente.