TEMA: Opinión
Desafíos
Presupuesto: el campo minado
Hace 2 añosEl proyecto de presupuesto 2025, equilibrado en $26,084 millones, terminó en poco más de $30,111 millones en una doble jornada porque se modificó dos veces. La contención de $4 mil millones, frente a la necesidad de un presupuesto “conservador”, desapareció. O mejor dicho, esta se reduce a solamente $580 millones; con el mérito, para no decir consuelo, de tratarse de un presupuesto “materialmente inferior” al de 2024, según el ministro de Economía y Finanzas (MEF).Gobierno
Con paso firme, pero en arenas movedizas
Hace 2 añosYa sea caminando sobre arenas movedizas o sobre cáscaras de huevo, el gobierno electo intenta cumplir una agenda que no necesariamente representa el mandato de la mayoría que no lo eligió. El presidente ha enfrentado grandes retos, y sus maniobras con las fuerzas oscuras requieren una destreza que, hasta ahora, no parece haber demostrado, pues está perdiendo.PUNTO DE VISTA
CSS: una decisión crucial, ¿retrocedemos o avanzamos?
Hace 2 añosRepresentantes de algunos sectores amenazan con cerrar las calles si no se acepta su idea de retroceder al fracasado sistema de reparto o beneficio definido, llamado por ellos con el alias de “El Solidario”.Hoy por hoy: viejas prácticas en la Asamblea
Hace 2 añosNadie duda que “no hay chen chen” en las arcas del Estado. La necesidad de un presupuesto prudente y responsable es innegable, especialmente cuando el peso de una deuda pública creciente y el deterioro financiero amenazan con llevarnos al borde. El país sabe que las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) son una prioridad; una deuda histórica que ha sido ignorada por sucesivas administraciones. Sin embargo, a pesar de las promesas de austeridad, el proceso de aprobación del presupuesto de 2025 ha estado plagado de irregularidades. Desde “errores” —¿o engaños?— en la presentación del Ejecutivo, hasta el controversial madrugonazo en el primer debate de la Asamblea, queda claro que las viejas prácticas políticas siguen presentes. Interrupciones en la transmisión y el intento de evitar un debate amplio son señales preocupantes de una democracia que no está funcionando plenamente. La ciudadanía merece un debate auténtico, donde los argumentos y el interés común tengan prioridad sobre las conveniencias partidistas. Resulta inaceptable que se silencien voces que representan la diversidad de opiniones y preocupaciones de la sociedad. La transparencia y la responsabilidad deben primar en la Asamblea, garantizando un proceso deliberativo abierto, donde todas las bancadas, sin excepción, puedan exponer y explicar sus posiciones en nombre de sus electores.Datos y metas: elementos clave para transformar la educación superior en Panamá
Hace 2 añosPanamá se encuentra en un punto crítico para mejorar su sistema educativo, especialmente en la educación superior.Balance
Los primeros 100 días de Mulino
Hace 2 añosUn presidente es un dirigente por su capacidad de guiar a la nación hacia el futuro. Puede señalar desde el primer día la dirección en la que avanzaremos los próximos cincuenta años. Pero debe poder también identificar cual es la barrera a ese avance.Hoy por hoy: Manipulación de la justicia
Hace 2 añosTras varios intentos fallidos, una exdiputada, acusada de estafa agravada y asociación ilícita para delinquir, fue finalmente imputada de las acusaciones en su contra. Sin embargo, el juez de la causa archivó el caso luego de que las partes alcanzaron acuerdos extrajudiciales que permitieron cerrar el proceso. Este caso merece un análisis detallado, ya que la exfuncionaria manipuló el sistema de justicia, de manera similar al expresidente y exparlamentario centroamericano refugiado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. La exdiputada, para evitar que la Corte Suprema asumiera su caso —a través del procedimiento especial para diputados en ejercicio—, renunció a su curul, logrando así que el proceso quedara en manos de la justicia ordinaria. En otras palabras, ella misma escogió, según su conveniencia, la jurisdicción que llevaría adelante el proceso. Esta táctica perpetúa la impunidad para funcionarios que cuentan con estos privilegios. Incluso, permite que el caso inicie en la Corte y, luego, durante el juicio y anticipándose al fallo, pueda transferirse a la justicia ordinaria simplemente renunciando al cargo. Estas prácticas deben ser eliminadas en futuras reformas constitucionales para fortalecer la justicia.