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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosLa Ley de Justicia Comunitaria de Paz, aprobada en junio de 2016, pretende la transformación de la justicia que más afecta en la vida cotidiana a la ciudadanía. Los nuevos jueces de paz están llamados a cambiar la forma en que se toman las decisiones a nivel comunitario, resolviendo los conflictos de forma sencilla, con sentido común y respeto a los derechos humanos. Es sorprendente que a solo dos meses para que se implemente en el Primer Distrito Judicial, los funcionarios encargados de poner en marcha este cambio institucional reconozcan que no hay presupuesto para hacerlo. ¿Es esto una repetición del fiasco de la Ley de Carrera Judicial? Si hay dinero para desfiles de Navidad y aceras faraónicas que nadie pidió, entonces deben existir los fondos suficientes para ofrecer una mejor justicia comunitaria, que sí reclaman los ciudadanos. Estas contradicciones demuestran la falta de voluntad con la institucionalidad que se necesita para que el país pueda convivir armoniosamente y de forma pacífica. En el tercer año de gobierno, tanto el poder Ejecutivo como los alcaldes no tienen excusas para este incumplimiento.

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Hace 9 añosLa mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia reiteró el pacto de no agresión entre dicho órgano y la Asamblea Nacional. Esto lo hicieron al negarse a admitir dos de las denuncias interpuestas por las donaciones y contratos altamente irregulares, que eran desviados de sus destinatarios originales hacia otros beneficiarios. Para legitimar su decisión, los magistrados invocaron la ausencia de “prueba idónea” como obstáculo insalvable para que la justicia pusiera fin a estos actos de corrupción. Parecen olvidar los magistrados que lo idóneo de una prueba se refiere a lo pertinente o útil que dicha evidencia puede ser para fundamentar una causa penal. Pero nuestro máximo tribunal ignoró el reconocimiento internacional que tiene el periodismo investigativo para contribuir en el desarrollo de algunos de los más importantes casos criminales de todas las épocas. Para estos juzgadores nunca habría sido posible abrir investigaciones penales en el caso, por ejemplo, Watergate, o, para no ir tan lejos, el de Mossack Fonseca, la comida deshidratada u otros escándalos que nos han sacudido y que se originaron en el periodismo investigativo. Con este fallo se ha reforzado la percepción ciudadana de que nuestro poder judicial solo existe para condenar a los pobres e indefensos, mientras que para los poderosos, es una muralla de impunidad. Con su decisión, el ponente Cecilio Cedalise, acompañado de José Ayú Prado, Hernán De León, Ángela Russo y Abel Zamorano, nos recuerdan la ausencia de valores, que carcome la vida política del país.

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Hace 9 añosEl Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos finalmente aprobó la activación de los mecanismos de la Carta Democrática para aplicarlos a Venezuela. Después de años de una torpe puesta en escena, que a veces parecía comedia y otras más una tragedia, los falsos arranques de negociaciones y diálogos han dado paso a la confrontación ética más importante para los regímenes democráticos del hemisferio. Siempre hubo un pero, algún obstáculo diplomático que escondía una lealtad utilitaria hacia Caracas, y que impedía atender correctamente la crisis humanitaria y política que vive la república bolivariana. Ahora, el secretario general, Luis Almagro, y el Consejo Permanente tienen las herramientas para que, con la convicción de la razón, se libere a los presos políticos, se restablezcan las libertades públicas, se habilite un corredor humanitario para llevarle medicinas y alimentos al mancillado pueblo venezolano y se implemente un cronograma de elecciones para resolver la crisis. No será fácil, pero es el mejor camino que nos queda por recorrer, para que pacíficamente Venezuela pueda ser una sola.

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Hace 9 añosLos números son alarmantes: Transparencia Internacional cifra entre $20 mil millones y $40 mil millones el robo de recursos en los países del tercer mundo, dinero que va a parar a cuentas bancarias de políticos y empresarios en paraísos fiscales. Y Panamá no escapa a esta lamentable realidad. Los ejemplos abundan: coimas de Odebrecht (casi $60 millones) por obras que políticos le facilitaron; el proyecto fallido del sistema de riego del Valle de Tonosí ($31 millones de lesión al Estado); la comida deshidratada ($60 millones en lesión); compras a Finmeccanica ($25 millones, presumiblemente); más de $20 millones en el caso de Cobranzas del Istmo; decenas de millones en la construcción del Centro de Convenciones de Amador; decenas de millones en proyectos hospitalarios innecesarios; más de $500 millones entregados a los diputados en esta y la pasada administración. Todo este robo de recursos en nuestras propias narices sin que la sociedad en general se alarme. Así pagan los políticos a sus electores.

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Hace 9 añosLa Asamblea Nacional, cuyos diputados los elige el pueblo, se niega a escuchar la voz de sus electores. Pese a que se ha descubierto el inmoral negociado que mantienen con las donaciones y contratos de trabajo temporal, ahora a su desvergüenza se suma el inconcebible monto para sus campañas, como si el costo de estas fuera el mismo en una comarca que en la ciudad. Todos recibirían igual trato. Eso es absurdo. Y en vez de la inhabilitación cuando hagan trampas en las elecciones, propician la impugnación. O sea, quieren garantizarse el puesto, cuando todos fuimos testigos del escándalo aquel en el que dilapidaron más de 400 millones de dólares en acciones reeleccionistas. Ellos no legislan para corregir, hacen leyes a su medida, para garantizarse el negocio, en la más absoluta impunidad. Luego se quejan de la crítica, cuando los ofendidos somos nosotros: el pueblo.

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Hace 9 añosPalabras más, palabras menos, la posición de Panamá acerca del golpe de Estado en Venezuela se reduce a pedir más diálogo. ¿Cómo pedir otra ronda de consultas y conversaciones cuando el papa Francisco, Unasur, 29 exmandatarios iberoamericanos y otros esfuerzos han fracasado? No podemos seguir siendo cómplices del abuso y tiranía de Caracas. Desde un principio, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha asumido una actitud dócil frente a Nicolás Maduro, casi como si se tratara de alguna de las crisis domésticas que generan el cierre de alguna carretera en Panamá. Por el contrario, el silencio y la genuflexión de nuestras relaciones exteriores han contribuido a fortalecer la arrogancia de Maduro. Los esfuerzos diplomáticos ingenuos deben darle paso a una acción concertada y dirigida a salvar Venezuela, no a preservar al gobierno que ya les falló. Los panameños conocemos en carne propia lo que es sufrir por la represión dictatorial y la pérdida de nuestras libertades. No nos estamos haciendo un favor dándole la espalda a Venezuela. Esos vientos pueden traer peores tempestades.

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Hace 9 añosAmérica Latina está consternada. El régimen de Nicolás Maduro se desprendió de la última careta institucional, y de un plumazo su Tribunal Supremo desmanteló la simulación democrática. No hay duda alguna: Venezuela es una dictadura de color verde olivo. La comunidad internacional fue sumamente complaciente con Caracas, quizás alentada por los petrodólares o para evitar una expansión del bloque del ALBA en la región. La realidad del deterioro del Estado venezolano en materia de derechos humanos, libertades públicas, capacidad de proveerle a sus ciudadanos seguridad, salud y alimentos, son muestras del rostro feroz de la tiranía. Antes de que la tierra de Bolívar se convierta en un manto sangrante de protestas, y de resistencia indefensa ante las hordas de la represión, todos los países debemos pronunciarnos sin ambigüedades ni laxitudes: la dictadura no es tolerable y no será aceptada. Los cancerberos que orquestaron el autogolpe deben saber que el mundo civilizado los repudia. El Gobierno de Panamá debe dar una muestra de valor y encabezar la denuncia contra esta tiranía. El silencio no es una opción.

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Hace 9 añosEl pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) evaluará hoy si admite una denuncia por peculado contra el diputado presidente de la Asamblea Nacional. La acción se fundamenta en los reportajes investigativos que documentaron los abusos de las donaciones y la manipulación de las contrataciones en la Asamblea Nacional. Por su parte, la Comisión de Credenciales del Poder Legislativo también deliberará sobre otra denuncia, esta contra los tres magistrados de la CSJ que presiden este órgano, y que han sido acusados de incumplir sus deberes legales de implementar la Ley de Carrera Judicial. El cinismo que predomina en la opinión pública nos puede llevar a una conclusión fácil: estos dos poderes del Estado mantendrán su pacto de no agresión. Aunque no sorprendería este resultado, sería otro recordatorio de la cultura de la impunidad que nutre la percepción pesimista de que en Panamá nada va a suceder y que todo seguirá igual. Hoy, un puñado de hombres y mujeres, en cada uno de estos órganos, puede ser recordado por cambiar nuestra historia, o por reiterar la traición a la patria.

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Hace 9 añosLa presentación de la iniciativa de ley para establecer la licencia de paternidad ha encendido un intenso debate que trasciende los parámetros de la legislación a ser considerada. ¿Cuál es la práctica vigente de paternidad en Panamá? En este país, aproximadamente el 70% de los nacimientos ocurren fuera del matrimonio. Es notable la ausencia de una parte significativa de los varones en la crianza y educación de sus hijos. Incluso, es más común de lo que se piensa la negativa de algunos padres a reconocer con su apellido a su prole. La iniciativa del poder ejecutivo de crear esta licencia tiene costos importantes para la empresa privada y para el Estado, cuya fórmula de mecanismo de pago podrá ser revisada. Es hora de que en Panamá se empiece a transformar el mero hecho de procrear en una relación denominada paternidad responsable. Como sociedad nos corresponde dar un paso en esa dirección, lo cual solo será posible en la medida en que logremos entender que el trabajo de criar es compartido, y que las responsabilidades del hogar corresponden a padres y madres por igual.

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Hace 9 añosEl apuro de contratar proyectos estatales siempre trae cansancio. Ese es el caso de los mercados de Abastos y Público de La Chorrera. Estos proyectos, tan necesarios para el desarrollo de una región pujante, se han visto entorpecidos porque la empresa contratista HPC Contratas P&V, la misma del fallido Centro de Convenciones de Amador, no pudo concluir las obras a tiempo, y la compañía afianzadora que la respalda está intervenida por los reguladores. Fueron demasiadas iniciativas las que se le asignaron por vía de la contratación pública a una sola empresa, con los riesgos imaginables de retrasos e incumplimientos, por la complejidad de todos los proyectos que debía realizar. Actualmente, el Gobierno persiste en repetir contratistas para obras emblemáticas y de alto perfil sin tomar en cuenta que se ponen demasiados huevos en una sola canasta. El país vive agobiado por los incumplimientos, retrasos, adendas, reclamos e investigaciones, por la manía de realizar construcciones con fondos públicos sin el adecuado acompañamiento institucional ni la planificación debida. Esa lección no debe ser olvidada jamás.

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