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El estudiante Diego Antonio Castrellón Romero, de 17 años, quien cursa el duodécimo grado de bachiller en ciencias en el colegio San Vicente de Paul, fue elegido como el representante de Veraguas para el X Concurso Nacional de Oratoria Meduca-Cable & Wireless-Caja de Ahorros, en la semifinal que se llevó a cabo esta mañana en el centro de convenciones Coopeve.
Seguidamente, los estudiantes Elsa Iveth Moreno Batista (Instituto Urracá); Hortensia Marisol Almanza Guizado (Colegio Secundario La Peña); Jorge Luis Rodríguez Peña (Instituto Profesional y Técnico César Clavel Méndez); Abdiel Alexander Rodríguez Quiroz (Instituto Profesional y Técnico Agropecuario Alto de Piedra) ocuparon la segunda, tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente.
El jurado estuvo conformado por Jeidis Soto (actriz), Rodolfo de Gracia (docente de español y cuentista) y Carlos Carrasco Castillo (ejecutivo de asuntos públicos de Cable & Wireless y analista económico), quienes evaluaron el contenido del discurso, el lenguaje y la proyección de cada participante para la elección de los semifinalistas.
La final del concurso nacional de oratoria, que incluirá un representante de las nueve provincias y las dos comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, se realizará el domingo, 16 de noviembre, en el teatro Anayansi del centro de convenciones Atlapa.
Stella Mejía de Spadafora, viuda de Carmelo “Melo” Spadafora –el padre de Hugo Spadafora Franco–, recuerda el homicidio del médico guerrillero, del que ya han transcurrido 29 años. Mejía de Spadafora tiene hoy 86 años de edad y vive en Chitré, donde descansan los restos de Hugo, quien comparte tumba con su padre.
Carmelo Spadafora murió dos meses después de la decapitación de su hijo; doña Stella recuerda que ese golpe fue devastador para la familia –también lo sería para las Fuerzas de Defensa–, y hoy, casi tres décadas después, no se compadece de los asesinos.
“Ellos no han pedido perdón”, dijo la viuda de Melo Spadafora. El 13 de septiembre de 1985, Hugo Spadafora Franco fue decapitado. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, en el río La Vaquita, en Costa Rica.
Su cabeza nunca apareció. Tenía 45 años de edad y muchas ganas de probar los vínculos del dictador Manuel Antonio Noriega con el narcotráfico.
El 20 de octubre de 1993, Noriega, Francisco Eliécer González Bonilla (alias Bruce Lee) y Julio César Miranda Caballero (“Muñecón”), fueron condenados a 20 años de prisión cada uno; Noriega como instigador y los otros dos como autores materiales del homicidio.
La sentencia fue ratificada el 20 de diciembre de 1995, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En el 2010, Muñecón y Bruce Lee salieron de la cárcel bajo libertad condicional. Al año siguiente, Noriega fue extraditado de Francia, para que –entre otras cosas– cumpliera su condena por el homicidio de Spadafora Franco. El exdictador actualmente vive en un chalet en El Renacer.
"Noriega no ha podido pagar ni por el crimen de Hugo ni por otros que cometió", dijo doña Stella.
Tampoco está a favor de una medida de arresto domiciliario, como piden los abogados del ex dictador, argumentando su avanzada edad y problemas de salud.
"Él no se está muriendo; él está todavía gozando de salud. No nos parece [la excarcelación] porque tiene solo dos años aquí. Tiene que pagar hasta donde él muera", remarcó.
Giancarlo Terán, uno de los imputados en la investigación que adelanta el Ministerio Público (MP) por el supuesto uso de recursos estatales para la operación de un call center, se presentó hoy, viernes 12 de septiembre –por segunda vez en esta semana– a la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Esto, como parte de la declaración de indagatoria de la investigación por la supuesta instalación del centro de llamadas en el que se hacía campaña política a favor del partido Cambio Democrático (CD) con fondos de la Asamblea Nacional.
Terán estuvo acompañado por su representante legal Yocehil González, quien expresó que su defendido se presentará ante la fiscal para aclarar los acontecimientos que ha expuesto públicamente.
Por su parte, Terán se limitó en decir que su presencia en la fiscalía era solamente para aclarar lo antes dicho en los medios.
El pasado 8 de septiembre Terán fue ubicado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial en la residencia de su madre y llevado a la fiscalía para que rindiera declaración indagatoria por cargos contra la administración pública.
No obstante, Terán se acogió al artículo 25 de la Constitución, que establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
La investigación empezó luego de que Terán revelara que el call center, ubicado en un edificio de la Avenida Balboa, funcionaba con fondos de la Asamblea y que era manejado por la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González y del exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah.
