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TEMA: Hoy por Hoy

Hace 7 añosLos dos decretos ejecutivos emitidos por la administración del presidente Laurentino Cortizo, que equiparan la experiencia laboral con la formación académica, fueron suspendidos provisionalmente por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Durante esta suspensión no se podrá hacer ningún nombramiento que corresponda a los criterios contenidos por los decretos clientelistas. La triste razón detrás de la acción del Poder Ejecutivo es muy simple: nombrar copartidarios, aún si no son idóneos o no están capacitados para los cargos. El mensaje para los cientos de miles de jóvenes en nuestro sistema educativo es perverso: más vale la lealtad política que la formación académica y el criterio independiente. El gobierno y sus adlátares buscarán alguna forma para contratar a sus simpatizantes, aquellos que caminaron buscando votos, y no a los que se quemaron las pestañas estudiando o haciendo grandes sacrificios para educarse. Esta actuación del Ejecutivo retrata de cuerpo entero a la clase política panameña y explica nuestro subesarrollo.

Hoy por hoy

Hace 7 años

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Hace 7 añosEl 18 de julio de este año, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia concluyó, en decisión unánime, que es ilegal el traspaso de un bien público que se convertiría en un desarrollo inmobiliario en la bahía de Panamá, aprobado por el Consejo de Gabinete en 2013. Correctamente, los magistrados interpretaron el artículo 258 de la Constitución Política, que establece que estos bienes son propiedad del Estado y no se pueden enajenar. Por consiguiente, anularon aquella decisión. Las islas ya existen. Como en otras ocasiones, la Corte vuelve a fallar tarde, increíblemente tarde, al igual que con la mina de Donoso, el PH Independencia y tantos otros casos en los cuales no hubo justicia, porque la Corte Suprema ha decidido que no la respeten. Todos los días, sus fallos son ignorados por diputados y otros funcionarios que actúan libremente en una tierra que parece no tener ley ni orden. No hay seguridad jurídica. En un país serio, el Estado recuperaría el dominio de las islas, indemnizaría a sus dueños y sacaría el mejor provecho público. Este no es ese país. Aquí no hay justicia.

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Hace 7 añosLentamente, gota a gota, como si se tratara de una tubería vieja, la Corte Suprema de Justicia está declinando al Ministerio Público, los casos de algunos diputados del periodo pasado que perdieron sus curules. Parece un ejercicio arbitrario, en el cual unos políticos siguen manteniendo una tutela amistosa de la Corte, mientras que otros son remitidos con inusitada rapidez, a la justicia ordinaria. Este comportamiento judicial sugiere que el caso de las planillas está agonizando en los estrados de los magistrados , que ni pueden ni quieren procesar la red de corruptos y poderosos caballeros y damas que rigen nuestra política. Sigue estando en el misterio, el por qué nuestro máximo tribunal retiene los expedientes de los casos de un expresidente y exdiputado del Parlamento Centroamericano, si hace casi un año declinaron toda su competencia sobre este ciudadano. Así, los días se transforman en semanas, estas se convierten en meses, y finalmente transcurren los años de trámites, largas esperas que finalmente solo llevan al camino de la mora judicial, y a la más disimulada impunidad. ¿En que país quiere convertirnos la Corte Suprema?

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Hace 7 añosUn diputado de la Asamblea Nacional tiene serias denuncias por presuntos delitos sumamente denigrantes e indignos. Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia yace el caso en manos de un magistrado fiscal que, al parecer, no entiende ni la urgencia, ni la relevancia de esto. A su vez, una mayoría de colegas de su bancada lo respalda afirmando que es “persecución política”. Respetando la presunción de inocencia del diputado, también hay que respetar la imagen y la dignidad de todo un país y los derechos humanos de las presuntas víctimas, que tanto importaron para el caso del defensor del Pueblo. Dos diputadas de otro partido ya le han pedido en el pleno que se aparte voluntariamente y atienda su caso. ¿Necesitan los señores del PRD que 4 millones de panameños pidamos lo mismo? El repudio nacional contra las planillas brujas, los bates fantasma y otros abusos de los diputados en el periodo anterior inspiraron el movimiento del “no a la reelección”, que derrotó a dos terceras partes de los que buscaron volver al cuerpo legislativo. Han pasado poco más de 100 días, y seguimos con las viejas prácticas. No aprendieron nada.

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Hace 7 añosDespués de un década de farra con las finanzas públicas, que incluyó presupuestos faraónicos, megaobras con adendas y un crecimiento exagerado de la planilla de servidores públicos, tanto en cantidad como en salarios, llegó la hora de pagar las cuentas. El ministro de Economía del nuevo gobierno ha aplicado una contención del gasto público por 1,483 millones de dólares para este año y busca que el déficit fiscal autorizado con la ley de responsabilidad social fiscal pueda ascender a 3.5% del producto interno bruto. Históricamente, los gobiernos han apostado a modificar dicha ley para satisfacer el presupuesto y así cumplir con sus compromisos políticos, en lugar de manejar los ingresos y gastos conforme a los márgenes legales. Algunos parecen no entender la gravedad de los hechos. Según la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, las entidades del Estado que han desfilado ante dicha Comisión han pedido 2 mil millones de dólares por encima de lo recomendado por el MEF. La opción del país no es seguir gastando sin criterios y a manos llenas, nombrando co-partidarios con altísimos salarios, sino gobernar con responsabilidad y diligencia. Si seguimos así, el peso de la deuda pública se convertirá en el ancla que detenga el crecimiento de Panamá y provoque problemas similares a los del vecindario latinoamericano. Está claro que la fiesta se acabó y ahora toca recoger los platos rotos.

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Hace 7 añosLos patronatos en Panamá han sido la tabla de salvación de muchas instituciones de servicio social, patrimonio ambiental, gestión cultural y deportiva. En lo relativo a la custodia del patrimonio histórico, los patronatos han sido esenciales para preservar edificaciones emblemáticas. Ahora, un anteproyecto propuesto por el diputado Héctor Brands busca regular a los patronatos del Teatro Nacional, de Panamá Viejo, del Museo Reina Torres de Araúz y del Conjunto Monumental Histórico de Portobe1o y eñ Castillo de San Lorenzo, al igual que cualquier otro similar que surja en el futuro, y que reciba fondos del Estado. La intención de regular parece positiva. Sin embargo, el anteproyecto propone superpoderes para el Ministerio de Cultura, el que deberá aprobar los estatutos y reglamentos internos de los patronatos; se exige su consentimiento para la designación de directores ejecutivos y administradores, y hasta podría disolver al patronato y sustituirlo en la administración. Esta propuesta es peligrosa. Seguramente más transparencia y mejor coordinación entre el Estado y los patronatos sería deseable. Sin embargo, tanta intervención deviene en demagogia cultural y, lo que es peor, en la búsqueda de espacios para más nombramientos. Con tanto que hacer en otros temas culturales , y estructuras abandonadas, esto no debe ser la prioridad para el Ministerio de Cultura.

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Hace 7 añosEl Puente de las Américas, inaugurado el 12 de octubre de 1962, costó inicialmente 20 millones de dólares. De 1962 hasta el año 2000, el mantenimiento de esta majestuosa obra lo hacía una cuadrilla permanente de trabajadores panameños, que revisaba cada detalle de la estructura. Los cables recibían mantenimiento, las losas eran reparadas, las vigas recibían pintura constante por el salitre del viento costero y, así, cada uno de esos heroicos obreros conocía la estructura y le daba cuidado puntual. El gobierno de Panamá dejó hace varias décadas de darle mantenimiento a la infraestructura pública con su propio personal y, en cambio, proliferaron los contratos de mantenimiento. En los últimos 15 años, el país ha invertido alrededor de 100 millones de dólares en el mantenimiento del puente, con los resultados a la vista. Hay huecos peligroso en la rodadura. Los 60 mil vehículos que usan en promedio esta obra todos los días deben sortear el tranque y los riesgos vinculados. Mientras se construya el nuevo puente, habrá que tolerar esta condición y lo que surja en el camino. El problema no es el puente, sino un Estado que es incapaz de cuidar sus bienes.

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Hace 7 añosEl espectáculo de ayer en el pleno de la Asamblea Nacional demostró las manos irresponsables que llevan el control de los asuntos más importantes del Estado. Al defensor del Pueblo se le convocó a un linchamiento. Nunca conoció su expediente, como tampoco lo conoció la gran mayoría de los diputados y diputadas que actuaron en la rocambolesca ópera bufa. La Asamblea Nacional se transformó en un triste patio limoso, que redujo al nivel de chisme tropical un asunto tan serio como el presunto acoso laboral y sexual. Una mayoría de los diputados demostró su “poco importa”. Las víctimas, reales o supuestas, fueron un mero instrumento de intimidación. Era verdaderamente chocante la vulgaridad socarrona, el doble sentido y la mofa que vino de un colectivo que, precisamente, tiene a uno de sus colegas denunciado por violación de múltiples mujeres, incluyendo menores de edad. Con este antecedente, ¿De verdad tienen moral los diputados para juzgar a otros?

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