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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 7 añosTodavía es prematuro celebrar algún avance significativo en las discusiones del proyecto de reformas a la ley de contrataciones públicas, pero hay señales importantes que merecen ser reconocidas. Un grupo de diputados ha propuesto que se excluyan de las licitaciones y compras públicas en Panamá a aquellas empresas condenadas internacionalmente por corrupción. Aunque a primera vista la iniciativa es buena, hay que tomar en consideración lo complejo del tema. ¿Cuáles son los países en cuyos sistemas judiciales se puede confiar? ¿Cómo se va a actualizar el listado de empresas condenadas? La tarea es más complicada cuando se contempla la situación de empresas que hacen joint venture, que conforman alianzas estratégicas o tienen filiales independientes. Esto no debe desalentar la propuesta; por el contrario, debe instar a sus promotores y a toda la ciudadanía interesada a buscar mecanismos que envíen el mensaje de que en Panamá no queremos empresas corruptas. Quizás necesitemos ayuda internacional para lograrlo, pero ese primer paso vale la pena y es necesario para el bien del país.

Hoy por hoy

Hace 7 añosEn la realidad bizarra que vive la institucionalidad panameña, la cantidad de funcionarios judiciales que puedan formar parte de la carrera judicial la determina el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta entidad es la que le establece el monto de gastos al Órgano Judicial. La separación de poderes y la independencia de la justicia languidecen cada vez que un burócrata de la Vía España cercena los fondos destinados a la justicia. De los $250 millones solicitados por el Órgano Judicial, el MEF recomendó $166.8 millones. Esto significa que no habrá carrera judicial por quinto año consecutivo, ni tampoco las instalaciones adecuadas para darle acceso a la justicia a los panameños. En su campaña, el presidente Laurentino Cortizo nos prometió una mejor justicia, sin embargo la acción del MEF de su gobierno dice y hace todo lo contrario. Es precisamente aquí cuando el Órgano Ejecutivo hace la diferencia para que tengamos jueces y tribunales profesionales e independientes que derroten la impunidad. Sin presupuesto, esto es una promesa más de las que se lleva el viento.

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa propuesta de reformas de la mal tratada ley de contrataciones públicas avanza incorporando nuevos principios en las compras estatales. Se busca premiar a empresas locales en contrataciones municipales menores a 50 mil dólares. Esto, que en principio parece positivo, puede degenerar en contrataciones a entes vinculados a diputados, alcaldes y gamonales de pueblo, lo que desviaría por completo su propósito. La legislación de contrataciones públicas es el mejor vehículo para que el Estado y los municipios fomenten el emprendimiento, la inclusión productiva y la innovación empresarial. Es relativamente fácil concebir un sistema de compras que recompense a aquellas empresas con mayor mano de obra local, con más insumos panameños o con una menor huella de carbono que impacte al ambiente. Nada de esto aparece en los borradores de las discusiones. La pérfida idea de permitir sobreprecios a empresas supuestamente locales, terminará deviniendo en una fuente de corrupción y clientelismo político permanente. Entre 2016 y 2018, se le desembolsaron 728.7 millones de dólares a los gobiernos locales, sin que exista un atisvo de que se haya resuelto un solo problema comunitario en este país.

Hoy por hoy

Hace 7 añosNo es difícil imaginar el calvario de una familia cuando su núcleo se rompe a causa de la violencia doméstica. Y aunque se hace lo que se puede –porque la verdad es que las autoridades carecen de presupuesto e instrumentos legales más severos–, el número de casos va en aumento. En lo que va de este año, por ejemplo, la cantidad de denuncias es superior –por cerca de mil casos– a los registrados el año pasado para igual período. Los gobiernos parecen indolentes ante el sufrimiento de familias –madres e hijos, principalmente– que sufren a causa de la violencia doméstica, que, en palabras de los fiscales que investigan estos hechos, son la antesala de hechos más graves, como los feminicidios. Causa indignación contemplar cómo el dinero de nuestros impuestos es hurtado por políticos inhumanos o es malgastado o tirado en proyectos inconclusos o inútiles. En cambio, no hay presupuesto para comprar instrumentos tecnológicos de vigilancia de potenciales agresores, que eventualmente terminan con el asesinato de sus parejas, incluso, de sus hijos. En indignante ver que no hay presupuesto para monitorear los movimientos de agresores sexuales, pero sí hay para adquirir camionetas de lujo, como si la vida de un ser humano valiera menos que la comodidad en la viajan los políticos. Nuestros gobernantes parecen ir siempre detrás de la carreta. ¿Hacen falta más víctimas para que despierten de su ya habitual estado catatónico?

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa Comisión Especial de Evaluación de todos aquellos que aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia hizo una labor maratónica al examinar las credenciales de más de 120 abogados que se presentaron al proceso. El Gobierno le concedió 10 días para entrevistarlos, evaluarlos, analizar su vida profesional y personal y hacer un informe que finalmente fue entregado ayer al Presidente de la República. Pero, por más buenas intenciones que tuviera el Ejecutivo para que la comisión hiciera esa labor, el tiempo otorgado para ello fue insuficiente. No se trata de cualquier nombramiento. En esta ocasión, reviste de especial importancia elegir a los mejores, y esos atributos deben ser analizados con sumo cuidado o, de lo contrario, el resultado es la penosa composición actual que tenemos en la Corte Suprema. Solo tenemos que recordar que estos hombres y mujeres son los únicos capaces de transmitir la tranquilidad que necesitamos los panameños en momentos en que pareciera que la delincuencia ha llegado al corazón del Órgano Judicial, corrompiéndolo, a tal punto de que por momentos empezamos a creer que el país ha sido conquistado por la delincuencia organizada, los cárteles de la droga, el sicariato y la corrupción política. No se equivoque, Presidente, en esos nombramientos se juega mucho más que un cargo. Un error y el país terminará en algo mucho peor que en las manos de los militares que gobernaban nuestro país junto con el narcotráfico.

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa Defensoría del Pueblo va rumbo a la acefalía. Las versiones políticas y de otra naturaleza indican que en los próximos días el defensor del Pueblo podría cambiar. Pareciera que la visión de los diputados es tener otro espacio político para nombrar copartidarios o llenar una cuota de empleos. Esa no es la génesis de la Defensoría. Por el contrario. Se supone que es un organismo creado para darle voz a los que no la tienen y destacar aquellos temas incómodos que la sociedad rehuye. La seguidilla de defensores que ha dirigido la entidad fue cediendo, gradualmente, más y más espacio al vampirismo político. La actual defensora adjunta es una política partidista identificada más con el PRD que con la defensa de los derechos humanos. La gran amenaza es que la Defensoría del Pueblo sea silenciada y tengamos un país con las puertas cerradas a la esperanza y al sano reclamo de los derechos humanos. Los panameños merecemos mucho más.

Hoy por hoy

Hace 7 añosEn 1904, el gobierno de la muy joven República de Panamá aprobó la Ley 52 por la cual se ordenó la construcción del Teatro Nacional. El arquitecto italiano Giusseppi Ruggieri se encargó de hacer los planos de la magna obra. Los padres fundadores de este país entendieron el poderoso efecto que tendría la presencia de una edificación como nuestro Teatro Nacional. En los 111 años de su existencia, la salitre y la humedad del paso del tiempo y el pesado tráfico vehicular, causaron estragos que requirieron de una amplia restauración. Nuevamente con sus puertas abiertas, el Teatro Nacional se presenta como una gema, símbolo de orgullo y herramienta de la cultura. El mantenimiento debe ser permanente, y su uso debe ser democrático y equilibrado, permitiendo que sea conservado, pero que a la vez nuevas generaciones de panameños lo conozcan. La reapertura debe servir como punta de lanza para dotar al país de más teatros y centros culturales que dignifiquen a los panameños, promoviendo nuestra superación y nuestro crecimiento cultural. Hoy volvemos a tener esta vitrina de arte. Celebremos y trabajemos por su permanencia.

Hoy por hoy

Hace 7 añosContratar con el Estado es el curso regular de muchas empresas, algunas con un buen historial de cumplimiento, y otras, con una trayectoria verdaderamente cuestionable. El novel gobierno del presidente Cortizo ha tenido que enfrentar proyectos de administraciones anteriores, que en un caso han necesitado, por ahora, de seis adendas para ver si cumplen. Estamos asistiendo a un carnaval de adendas en las que tanto el tiempo de entrega como el precio de las obras ha tenido que ser cambiado. En otras palabras, lo licitado por estas empresas en materia de precios y de entrega de los trabajos ha sido incumplido. La flexibilidad frente a las adendas representa una razón por la que se debe reformar la legislación de contratación pública. ¿Como es posible que una empresa gane una licitación, usualmente con el mejor precio, para luego negociar sobrecostos? Esto pone en desventaja a los demás postores que ofrecieron precios reales y calendarios de cumplimiento puntuales. La prevalencia del juega vivo hace que no solo se despilfarre el patrimonio del Estado, si no que vidas humanas se vean afectadas por la falta de hospitales, o por redes viales en malas condiciones. Hasta cuando con este calvario.

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial interpuso tres denuncias penales ante el Ministerio Público para que se investigue la presunta comisión de delitos contra el patrimonio del Estado, en los programas Techos de Esperanza y Sanidad Básica, desarrollados por la anterior administración. Por otra parte, en un operativo de la Alcaldía de Panamá y la Policía Nacional, se logró detener a los presuntos miembros de una red de funcionarios y exservidores municipales que se dedicaban a coimear a la ciudadanía. Estos son ejemplos de lo que deben hacer las autoridades. Los servidores del Estado deben entender que es su obligación poner en conocimiento de la autoridad la supuesta comisión de delitos, sobre todo si se trata de fondos públicos. Esta acción no es persecución política ni una pérdida de tiempo. Por el contrario, es la manifestación del compromiso real con la lucha contra la corrupción. Es una lástima que después de cada gobierno este sea el espectáculo común. Si falta la rendición de cuentas, y está ausente la certeza del castigo por parte de tribunales íntegros y eficientes, no hay futuro posible para nuestra democracia. La corrupción y la impunidad son los peores venenos del cuerpo social.

Hoy por hoy

Hace 7 añosEsta semana se cumple un año del brutal asesinato en el consulado de Arabia Saudita en Turquía del periodista Jamal Kashoggi. La evidencia apunta a que fue torturado y ejecutado por ser un fiero crítico del gobierno de su país. El aniversario de su muerte debe servir para recordar las serias amenazas que sufre la libertad de expresión en el mundo. Más cerca de nosotros, en Nicaragua, los periódicos independientes cierran porque el gobierno del tirano Daniel Ortega les niega el acceso al papel, la tinta y las divisas para funcionar. Así también se acaba con la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. En Panamá, las amenazas directas a los medios críticos y a los periodistas comprometidos incluyen demandas necias, querellas penales infundadas y campañas de acoso en redes sociales y en publicaciones que dicen ser medios de comunicación. La máxima de que en una sociedad democrática los medios de comunicación independientes existen para decirle la verdad al poder, nunca ha sido más cierta. La mejor defensa de la democracia es una prensa independiente que contribuya a crear una ciudadanía informada.

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