TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 7 añosLa solicitud hecha por Transparencia Internacional a fin de que el Ministerio Público reabra las investigaciones sobre el mal uso que le dieron diputados –y exdiputados– a las planillas de la Asamblea Nacional se hace necesaria ante el enorme escándalo que se destapó, primero, a través de este medio, y luego en las auditorías de la Contraloría, que no solo confirmaron los hallazgos periodísticos, sino que sumó un nuevo caudal de hechos irregulares. Son decenas de millones de dólares que habrían desaparecido en contratos de trabajo fraudulentos. Decenas de diputados y exdiputados están involucrados y deben rendir cuentas ante la justicia por el mal uso que le dieron a esos fondos, incluso, con sospechas debidamente sustentadas de que no pocos de ellos se quedaron con el dinero. De ahí la urgencia de que se reabra la investigación que, además, será altamente compleja por la cantidad de personas que será necesario investigar. Esperamos que los políticos no metan sus manos en la investigación –como ha sido su costumbre– y mucho menos en el Órgano Judicial, donde finalmente, este caso terminará. Pero, especialmente, esperamos que esta vez se haga justicia de una buena vez.
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Hace 7 añosDurante los últimos años, Panamá –al igual que varios países de la región– ha sufrido el embate de enfermedades emergentes y de otras que ya habían sido erradicadas. En algunos casos, se trata de enfermedades que han entrado al territorio procedente de otras naciones. En otros casos, lamentablemente, surgen por las malas costumbres que en materia de salubridad tenemos los panameños y que su existencia y proliferación se debe a nuestra indolente desidia y descuido. Si bien las autoridades tienen un rol para su erradicación, nuestra responsabilidad también es primaria e implica tomar conciencia de nuestro papel. No van a desaparecer sin nuestra activa participación. Y, precisamente, científicos de Panamá y del continente se encuentran en esta capital en un congreso cuyo tema central son, justamente, estas enfermedades. Ojalá, en el marco de este encuentro, tomemos conciencia de nuestra irresponsabilidad.
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Hace 7 añosLa delincuencia común provocó la muerte de 10 personas este fin de semana. Pareciera que los victimarios han enviado un mensaje a autoridades y ciudadanos: las calles son nuestras. Mientras tanto, en la Policía Nacional le cambian el nombre a las unidades policíacas encargadas de reprimir la delincuencia. Cada director que ha tenido la entidad tiene su muy personal librito para hacer las cosas, creyendo que solo con ello la seguridad ciudadana mejorará. Nada es peor que creerse dueño de una única solución, porque los problemas de la seguridad son enmarañados y no es la represión la que, por sí sola, los resolverá. Si este asunto no se aborda en toda su complejidad, seremos testigos del fracaso, una y otra vez, pues solo se aborda uno de sus múltiples componentes. ¿Qué hacen los demás actores, empezando con los padres de familia y el hogar, pasando por las escuelas, por las políticas de gobierno sobre esos temas? Ello sin contar con el triste rol que juega el órgano Judicial, cuyas sentencias son una invitación a un mercado persa en el que se pueden obtener fallos a la medida. La seguridad del país es algo que atañe a todos los ciudadanos y no solo a una institución.
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Hace 7 añosLo que viene sucediendo en Darién es insostenible. La tala indiscriminada y sin controles reales por parte de las autoridades comenzará a cobrar sus cuentas en un plazo más corto del que nos imaginamos, teniendo efectos devastadores no solo para la biodiversidad de esa región, sino para todo el país. Tal parece que los intereses económicos de aquellos patrones de la industria maderera y agrícola –que ven en las verdes selvas de esta provincia el sitio ideal para amasar fortuna– han encontrado en los gobiernos de turno y en la clase política un escudo protector. El uso de tecnología para ejercer un mejor control sobre la tala en Darién es un buen comienzo para detener a esta especie de mafia a la que poco parece importarle que el propio Ministerio de Ambiente haya ordenado suspender los permisos de extracción. Lo cierto es que, de no hacer nada, nuestro tapón del Darién, como le ha comenzado a suceder al Amazonas, perderá su biodiversidad y con ella los recursos naturales que en él se encuentran. Ni el cambio climático ni sus efectos son una teoría de conspiración. Son tan reales como las tierras áridas por falta de agua, las especies ya extintas y los millones de seres humanos que mueren de hambre en el mundo.
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Hace 7 añosEl incendio que ocurre en el Amazonas, pulmón de nuestro planeta -genera el 20% del oxigeno de la tierra-, es de proporciones apocalípticas. Esto, en un mundo tan contaminado y ambientalmente frágil, es casi equivalente a cortar la cuarta pata de una mesa. La tragedia es colosal desde cualquier ángulo que se vea. Las emisiones aportadas por la combustión masiva de material orgánico hará un depósito a largo plazo en la cuenta del calentamiento global. El presidente de Brasil, sin aportar una sola prueba, culpa a las ONG’s de causar deliberadamente los incendios, en venganza por el recorte de fondos decretado por su gobierno. La política medioambiental de Bolsonaro ya hizo que varios países europeos suspendieran la cooperación al Fondo Amazonas, y el presidente de Francia acusa a su par de mentir sobre sus compromisos ambientales.Tal vez debamos preguntarnos ahora, ¿estamos los panameños aprendiendo algo de todo esto? Nuestra selva del Darién, cada vez más intervenida, no está exenta de sufrir daños de proporciones semejantes. La forma como sea gestionada la crisis en Brasil y la respuesta de la comunidad internacional debe importarnos. Si no estamos preparados para enfrentar algo como esto, es útil saber al menos qué se necesita para hacerlo.Debemos romper con el círculo vicioso de la improvisación.
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Hace 7 añosLa reforma presentada por la ministra de Salud, a fin de modificar la Ley de Medicamentos, es una iniciativa que busca un paliativo a las continuas crisis por la falta de insumos y productos para la salud. Aunque esta solucionaría parcialmente los múltiples problemas del sector, la iniciativa tiene validez porque atendería la zozobra que sufren los pacientes, particularmente aquellos de enfermedades crónicas que son los que sufren mayormente, dado que deben interrumpir tratamientos de carácter permanente. El Ejecutivo podría declarar un desabastecimiento crítico y emplear mecanismos para la compra directa de medicamentos, tanto en Panamá como en el extranjero. Ello pondría fin, al menos teóricamente, a un problema recurrente, y que retrasa la compra de medicinas por conflictos entre las empresas en las licitaciones o porque no hay en el mercado local, todo lo cual impide que los pacientes tengan acceso a sus medicinas de forma oportuna. De otro lado, se crea un observatorio que actuará como asesor del Ministerio de Salud y de la Autoridad de Farmacia y Drogas, a fin de fortalecer el sistema de suministros y seguridad de medicamentos y medir su comportamientos en el mercado nacional e internacional. Ojalá la Asamblea Nacional pueda darle curso de inmediato a este proyecto de ley, y no se someta a los poderosos intereses que se tocarían en esa industria. Y, lo más importante: porque va en beneficio de miles de pacientes que lo necesitan.
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Hace 7 añosNi son boquitas ni papel higiénico, como dice una diputada del PRD, furiosa porque los medios de comunicación han investigado el uso del dinero que algunos diputados y/o la Asamblea Nacional le dan al dinero del Estado. Se trata de serias irregularidades en el gasto de $113 millones en contratos para unas 15 mil personas y $15 millones en donaciones para 6 mil. Y ahí se encontró de todo, según una auditoría de Contraloría. Ello explicaría por qué algunos conspicuos diputados han enfilado sus arteros ataques contra la Contraloría, el Ministerio Público y los medios de comunicación. El primero, porque no hay nada que impida a la Contraloría investigar el uso de los fondos que los diputados gastan a manos llenas o que va a parar a sus bolsillos. El segundo, porque los fiscales corroborarán y podrían pedir procesos judiciales contra los involucrados cuando se trate de los eslabones más débiles: los que hacen el trabajo sucio para los diputados, susceptibles a acuerdos de delación. Y a los medios, porque estos divulgan sus fechorías, hacen posible que la gente se informe de sus inconfesables actividades y que los ciudadanos tomen la decisión de no reelegirlos. Es a eso a lo que esta gente le teme: a que los trapos sucios se laven frente a sus electores.
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Hace 7 añosPanamá adelanta planes para tratar de salir de las listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Ayer se reunieron representantes de los tres órganos del Estado y de la Procuraduría General de la Nación para elaborar una estrategia con ese fin. De acuerdo con la Presidencia de la República, el tema se tocó como parte de la agenda de Estado, fundamentada en una lucha frontal contra la corrupción, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, transparencia, fortalecimiento de instituciones y el respeto efectivo de las leyes. Pero estos temas pasan por el Órgano Judicial, que parece complacido de que el país permanezca en esas listas. Es gracias a sus acciones –o la falta de ellas– que el país se mancha por su incompetencia; por la corrupción que reina en el sistema judicial a todo nivel; por la impunidad que promueve al impedir que los corruptos paguen por sus acciones; porque el blanqueo de capitales sea un negocio próspero; porque es responsable de que los funcionarios irrespeten, violen y les importe muy poco con la Ley de Transparencia y cuanta ley exista si los involucrados son sus amigos los políticos. Y sobre institucionalidad, ni siquiera pueden hablar de ella cuando la carrera judicial es letra muerta en ese órgano estatal. Estamos en esas listas, porque aquí sencillamente no hay justicia.
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Hace 7 añosLa vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, bajo el infame manto de la impunidad que usualmente le garantiza una Corte Suprema entregada al mejor postor, se ha dado a la tarea de proferir insultos y mentiras contra este medio en redes sociales. Sus infundios contra el medio tienen como fin socavar nuestra credibilidad. Pero, en su caso, ¿qué credibilidad y respeto puede tener ella por sí misma? Por un lado, la transparencia que tanto cacarea tiene como límite la información pública sobre sus empleados o sus organizaciones deportivas. Y, por el otro, esta diputada del PRD ha tenido y mantiene una amplia entrada en los medios de comunicación del expresidente en cuyo gobierno se interceptaron sus comunicaciones telefónicas. Sus audios fueron ampliamente escuchados cuando sus victimarios los hicieron públicos en internet, luego de lo cual declaró que fue pinchada 24 horas al día durante más de cuatro años. Pero eso le importa poco a la hora de hacer defensas trasnochadas del que fue acusado de ser un pinchador. Pero si algo tenemos claro aquí es que sus ataques son solo la más burda manera de defender a quien le ha ofrecido sus micrófonos para atacar a un enemigo común: a los periodistas de este medio, que carecen de esa flexibilidad moral de la que ella hace gala.

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