TEMA: Hoy por Hoy


Hoy por hoy

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Hace 7 añosUn grupo de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos en general, incluida una decena de jóvenes activistas cuyo compromiso es esperanzador, ha decidido alzar la bandera de la justicia y llevarla esta tarde a los predios de ese edificio, que debería ser emblema de la pulcra administración de la justicia, aunque en la práctica se ha convertido en sinónimo de impunidad, corrupción y desmoronamiento moral. No se trata de un movimiento partidista ni responde a un evento coyuntural. Se trata de una iniciativa ciudadana que busca convocar a todos aquellos panameños que se sienten indignados y preocupados por la corrupción, la impunidad, el retroceso de la institucionalidad y otros desvalores que campean en nuestra sociedad. Hubo una vez en que una cruzada civilista rescató al país de la asfixia de una narcodictadura. El Panamá de hoy clama por una nueva cruzada, una que le recuerde a los servidores públicos que están obligados a rendir cuentas a la colectividad y que la colectividad tiene voces y recursos para exigirlo. Nuestros problemas son muchos y complejos, pero está claro que, sin un sistema judicial confiable, no hay paz social, no hay inversión, no hay democracia.
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Hace 7 añosSon muchos los problemas que afronta el país, pero algunos de ellos requieren soluciones urgentes. Cada día que pasa nos acercamos peligrosamente a un estado de justicia fallido. Está claro que sin jueces imparciales –es decir, que no respondan a criterios políticos o a la corrupción– el país se juega algo mucho más importante que dejar en libertad a un delincuente. Sus amañadas sentencias pueden hacer daño a la economía, a la imagen del país, perjudicar la atracción de inversiones extranjeras, propiciar el ingreso en listas sancionatorias, alterar la paz social y la gobernabilidad. Incluso, se puede ver afectada la seguridad nacional. No es poca ni cualquier cosa. Lo único que necesita la delincuencia organizada, la corrupción gubernamental, el narcotráfico y hasta un criminal común es que los jueces se vendan o hagan favores de cualquier tipo. Basta eso para poner al país de rodillas. Y el Gobierno debe entender que su responsabilidad es que la justicia no colapse. Y tiene responsabilidad en ello porque nombra a magistrados, porque sus políticos meten sus manos y pies en la justicia, porque en sus filas se mueve el narcotráfico a sus anchas, incluso bajo protección política y legal. Mirar hacia otro lado es solo permitir la expansión de las fronteras de la delincuencia a niveles aún insospechados. Si ahora el Gobierno no hace algo, terminaremos con un Estado fallido. Basta ver lo que ocurre en Venezuela.
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Hace 7 años“Como está, no está funcionando. Es un órgano que nos cuesta bastante dinero a los países para [solo] tener recomendaciones. Mi propuesta va más allá”, dijo Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala, refiriéndose al Parlamento Centroamericano (Parlacen). El político no descarta abandonar el organismo regional si no se hacen reformas para que sus decisiones sean de carácter vinculante en cada país, es decir, que se incorporen como leyes. Es lo más sensato que que se puede hacer con un organismo inoperante, caro –porque de él nada sale que sea de obligatorio cumplimiento– y, en el caso de Panamá, solo ha servido y sirve como guarida de políticos con cuentas que ajustar con la justicia. Entre el Parlacen y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estos sujetos han burlado la ley. Aunque tuvo sus inicios como un ente integracionista, en la práctica ha sido un rotundo fracaso. Es la excusa para que los políticos reciban dinero del Estado sin ganarlo; para hacer turismo; para buscar inmunidad, pero, en ningún caso, para que el país se beneficie de su existencia. Panamá debe adherirse a la propuesta del gobernante electo de Guatemala, y si no hay consenso en lo que se plantea, nuestro país debe buscar los mecanismos legales para renunciar a este. Ya está bueno de que los que buscan no ser procesados en Panamá se cobijen bajo el ancho manto de la inmunidad que obtienen al ser miembros del Parlacen, incluso antes de ser juramentados para ocupar el cargo.
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Hace 7 años¿Es la Caja de Seguro Social (CSS) una entidad que pertenece a los cotizantes? Eso es lo que dice el papel, pero en la práctica es un botín de políticos inescrupulosos que la tienen sometida a su vergonzoso clientelismo. Estos políticos no hacen nada por mejorar las finanzas de la entidad. Muy por el contrario, con sus interminables listas de “recomendados” para puestos y nombramientos, lo que hacen es hundirla más de lo que ya está. Carecen de todo escrúpulo con aquellos que sí pagan puntualmente cuotas, quienes al final solo reciben magras jubilaciones y pensiones que impiden llevar una vida digna, y una deficiente atención médica. Ahora, como si no fuera suficiente, el director de la entidad ha empezado a subir emolumentos sin considerar la escala salarial. Pronto acabarán lo poco que queda para los asegurados. ¿De qué se vale el director para aumentar a unos sí y a otros no? La discreción no es un criterio, ni un “recomendado” es la mejor opción para la institución. Las autoridades deberían haber entendido ya que la CSS no es un organismo cualquiera. Es altamente técnico y en sus finanzas está el futuro de buena parte de la población, que empieza a entender la gravedad de lo ocurre. Solo basta recordar que en abril del año pasado comenzaron las protestas callejeras que todavía hoy sufre Nicaragua, y se originaron por unas pretendidas reformas para meter mano al Instituto de Seguridad Social. Harían bien en mirarse en ese espejo.
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Hace 7 añosLa Caja de Seguro Social (CSS) tiene una planilla de más de 33 mil empleados, de los cuales, el 45% son administrativos. En el surrealista mundo de la política interna de la institución, el actual director general mejoró los salarios de un puñado de colaboradores a niveles que superan el doble de la remuneración de su categoría e, incluso, exceden la compensación de funcionarios de más alta calificación profesional. El programa administrativo de la CSS lo pagamos los panameños con nuestros impuestos, y es el suculento botín que los políticos de cada administración ofrecen como premio a sus acólitos, o como recompensa a los diputados claves para la aprobación del presupuesto. La gigantesca burocracia que acompaña la labor de la CSS es, sin lugar a dudas, el síntoma más evidente de una enfermedad crónica: si los cargos no se asignan por mérito y en beneficio de los asegurados, es inútil cualquier reforma. Irónicamente, el programa administrativo de la CSS no tiene problemas financieros, como el de Invalidez, Vejez y Muerte ni tiene los problemas operativos que caracterizan el programa de Enfermedad y Maternidad. Reformar esta burocracia es un reto para buenos gobiernos y políticos decentes. Los demás hacen demagogia.
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Hace 7 añosLa muy noble y leal ciudad de Panamá cumple hoy sus 500 años. Entre pompa y circunstancia, los eventos oficiales se congratularán por los logros obtenidos por el país. Disimulado entre la bruma del palabrerío, estará la realidad del abandono de nuestro patrimonio histórico y que, precisamente, el conjunto monumental de Panamá Viejo representa la excepción. Portobelo, San Lorenzo, Natá, San Francisco de la Montaña, Barriles, El Caño y el Sitio Conte, por solo mencionar algunos de nuestros más destacados tesoros, enfrentan el olvido oficial. Sin el liderazgo de la sociedad civil y de los más valiosos académicos e investigadores que el país ha tenido, nuestra memoria colectiva habría sido borrada del todo. Los 500 años de la capital inauguran una época de aniversarios históricos que deben servir de puente entre la memoria, la identidad y la imaginación. En 2021, se cumplirá el bicentenario de la independencia, el 350 aniversario del ataque de Morgan, y la fundación de Las Tablas, en 2022, Natá cumple sus propios 500 años. No se trata de organizar fiestas, sino de conectarnos con nuestro pasado, entender nuestro presente y prepararnos para nuestro futuro.
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Hace 7 añosEs difícil creer que el presidente de la República desconozca las acciones del jefe de la Policía Nacional, un subalterno suyo. Pedirle al testigo protegido del caso pinchazos que retorne a Panamá para incorporarse al servicio envía un mensaje de complicidad con los que querrían hacerle daño, solo porque cumplió con su deber de denunciar hechos por los que ya hay dos personas condenadas. Jorge Miranda, en vez de guardarle fidelidad al país, a la institución y a sus compañeros, siente mayor empatía y fidelidad por sus antiguos jefes, en especial del periodo junio 2012-julio 2014, cuando fue director de Inteligencia de la Policía, precisamente los dos años del gobierno de Ricardo Martinelli en que se confirmó que se espiaron las comunicaciones sin que mediara autorización judicial. Pareciera que a Miranda le importa bastante poco que numerosos testigos declararon haber sido amenazados, y que algunos querellantes incluso han padecido agresiones físicas. Si el presidente quiere mirar a otro lado, no espere que el resto lo haga. Actos de semejante irresponsabilidad con la vida de panameños solo confiesan la incompetencia de Miranda para proteger y servir.
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Hace 7 añosLa nueva administración del Ministerio de Educación se enfrenta a los problemas crónicos de esa institución. A pesar de que existe un Compromiso Nacional por la Educación para el mejoramiento de este sistema, el lastre de un ministerio burocratizado, las inacabables reclamaciones gremiales y el alto nivel de deserción escolar son problemas reales que deben ser resueltos. El país tiene la esperanza de que finalmente se midan cada una de las prácticas y productos educativos que se le ofrecen a la ciudadanía. No es posible esperar 30 años para tener un cambio tangible en la calidad educativa. Esta debe ser la principal prioridad de la nueva gestión. A la vez que se amplía y mejora la cobertura del sistema, se debe impulsar la calidad de la enseñanza. Panamá no tiene los rendimientos académicos correspondientes a la inversión que se realiza en esta temática. El tamaño de la abultada burocracia y el exagerado centralismo en materia de compras, mantenimiento e innovación son manifestaciones que deben ser superadas rápidamente. Así, una mejor eficiencia interna y una mayor cobertura con calidad en la enseñanza son el camino para la educación del siglo XXI. No hay mayor bien que se le pueda hacer a este país que mejorar su educación.
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Hace 7 añosLas mediciones entre 2014 y 2018 del Programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá, que comparan la calidad de las aguas de los ríos, quebradas y puntos relevantes, muestran que hay importantes mejoras, aunque todavía no son aptas para el uso humano. Los niveles alarmantes de 2014 empiezan a ser historia. Estas mejoras se deben al manejo efectivo de las aguas residuales de hogares y comunidades que anteriormente las vertían directamente a los diferentes cuerpos de agua. Por el momento, lo que pudiera dar una sensación de confianza es, por el contrario, una advertencia de lo muy costoso y complejo que es sanear un área contaminada por la desidia humana. No se puede permitir que las nuevas urbanizaciones y edificaciones que se hagan en Panamá mantengan las viejas prácticas con el manejo de las aguas residuales y la basura. El gran desafío ambiental que enfrentan los ríos y la bahía de Panamá es que los habitantes de estas cuencas hídricas han convertido a los cuerpos de agua en sus vertederos. Ahora el reto es trabajar con los ciudadanos para que aprendan a respetar el ambiente de todos.
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Hace 7 añosPanamá ya conoce que Ricardo Martinelli tiene más de un rostro. Uno de ellos es el de enfermo terminal que sale a relucir durante sus estancias en centros penitenciarios. Otro es el de perdonavidas, que exhibe cada vez que obtiene algún beneficio para sí o se sabe intocable o protegido por una fuerza que solo él conoce.Y ese ha sido el rostro pendenciero que nos ha regalado -con mayor intensidad si cabe aún- desde que el Tribunal de Juicio lo declaró no culpable de los cargos de espionaje político y peculado. Quien alguna vez suplicó a los jueces clemencia alegando achaques como enfermedades coronarias, hipertensión arterial, apnea de sueño, glaucoma, depresión y hasta un cáncer de colon inexistente, ahora se marcha del tribunal profiriendo amenazas a la procuradora general de la Nación, a los fiscales y a un expresidente de la República. A este último le advirtió que lo buscará en el restaurante que presume frecuenta, para meterle “un puñete”. Y hasta conminó a los agentes del SPI que custodian a uno y otro a que participen en la hipotética refriega. Este anuncio incluso fue festejado por seguidores y abogados, que se supone son servidores de la justicia. Como en este país reina la anarquía, solo falta que se abran las apuestas. Y todo a ritmo de mariachis.

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